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Alerta por represamiento en casos de conflicto armado en medio de paro judicial

Gutiérrez aseguró que esta situación tiene consecuencias directas en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y puso como ejemplo los 1.200 cuerpos que permanecen en laboratorios del CTI de Medellín sin poder ser entregados a sus familias.

Referencia martillo judicial.
Referencia martillo judicial.
Foto: ImageFx

En medio del llamado de distintos sectores de la Rama Judicial por el represamiento de procesos y la preocupación frente al presupuesto proyectado para 2027, organizaciones de trabajadores de la justicia alertan como ejemplo de las actuales condiciones las dificultades que enfrenta la investigación de hechos relacionados con el conflicto armado y la atención de las víctimas en Colombia. De acuerdo con las cifras expuestas, la Rama Judicial requiere 17,5 billones de pesos para su funcionamiento, pero el presupuesto quedó establecido en 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34 %, situación que limita la posibilidad de implementar medidas de descongestión y crear nuevos juzgados.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Justicia, UNITRAJ, su presidente en Antioquia e investigador de graves violaciones de derechos humanos de la Fiscalía, Carlos Gutiérrez, puso como ejemplo la situación de los procesos relacionados con el conflicto armado y las dificultades que, asegura, existen para acceder a información necesaria para avanzar en las investigaciones.

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Uno de los principales problemas señalados está relacionado con la información que reserva la Unidad para las Víctimas. Según lo expuesto por el investigador, aunque esta entidad cuenta con registros de más de 10 millones de personas afectadas por hechos victimizantes, en algunos casos se niega a entregar directamente a fiscales e investigadores información que consideran necesaria para sus labores, bajo el argumento de reserva legal. Esto obliga a solicitar permisos judiciales y puede generar retrasos de varios meses. De acuerdo con el planteamiento de UNITRAJ, una audiencia de control de garantías puede tardar hasta tres meses en ser agendada.

Gutiérrez aseguró que esta situación tiene consecuencias directas en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y puso como ejemplo los cuerpos que permanecen en laboratorios del CTI de Medellín sin poder ser entregados a sus familias. De acuerdo con las cifras expuestas, serían más de 1.200 cuerpos que presentan dificultades para su entrega debido a inconsistencias entre las bases de datos de la Fiscalía, Medicina Legal y la Unidad para las Víctimas.

Morgue Medicina Legal en Bogotá.
Medicina Legal.

“Lo que está generando, básicamente, es impunidad, porque es que nosotros, al solicitar información a la Unidad de Víctimas, para poder nosotros investigar todo el proceso que se lleva en el conflicto armado en Colombia, y más en Antioquia, pues es difícil, porque siempre nos dicen: ‘No, es que la información es reservada, no se puede’. Entonces uno dice, pues, ¿cómo va a investigar? Si nosotros somos la autoridad competente, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si van a tener información, por ejemplo, de personas que han sido desaparecidas, guardadas allá en la Unidad de Víctimas, pues no podemos hacer nada, porque, pues, nosotros lo que hacemos es buscar personas desaparecidas y poder entregárselas a las familias que están buscando su ser querido. Entonces, para nosotros nos queda imposible hacer eso para poder lograr una verdad plena a las víctimas, que es lo que nosotros nos llevamos, somos y debemos ser para la gente”, sostuvo el investigador.

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El investigador explicó que una de las dificultades está en que las víctimas pueden haber declarado ante la Unidad para las Víctimas sin que esa información haya sido trasladada de manera paralela a la Fiscalía. Esto, según señaló, genera diferencias importantes entre los registros de las distintas entidades encargadas de documentar casos de desaparición forzada.

En Antioquia, por ejemplo, una de las regiones con más casos de conflicto armado, frente a 1.669.879 registros de desplazamiento forzado, la Fiscalía tendría cerca de 3.290 expedientes. En cuanto a desaparición forzada, frente a 49.633 registros, la Fiscalía manejaría 5.053 expedientes, lo que representa una diferencia de 44.580 casos.

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“Mira, el mayor inconveniente es que, pues, todas las víctimas han acudido para hacer su declaración por el hecho victimizante ante la Unidad de Víctimas y no en paralelo en la Fiscalía. En este momento, nosotros hemos detectado, más o menos, 49.000 víctimas por desaparición forzada, pero nosotros no tenemos toda esa cifra, porque todos los hechos que tiene la Unidad de Víctimas, no todos los hechos han pasado a la Fiscalía”, explicó.

Gutiérrez agregó que tampoco existe, a su juicio, una correspondencia completa entre los registros de la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía, Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz y Medicina Legal. Esta falta de articulación dificulta el cruce de información necesario para establecer la identidad de los cuerpos encontrados durante las labores de investigación y exhumación.

“Nosotros podemos hacer el trabajo juiciosamente para poder ubicar y encontrar cuerpos que han sido inhumados en diferentes sitios del país, pero nosotros no podemos avanzar sin información, o el cruce con las víctimas por medio de ADN o con los mismos cuerpos que hemos encontrado, para poder encontrar esos familiares”, señaló.

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El investigador explicó que cuando se encuentran cuerpos se realizan procesos de lavado, extracción de ADN y cruces científicos con los registros disponibles. Sin embargo, cuando no existe información suficiente para cotejar los restos con posibles familiares, los cuerpos permanecen en los laboratorios mientras se intenta ubicar a las víctimas y obtener muestras de ADN que permitan establecer una identificación.

“Hacen un proceso de lavado, de extracción de ADN, y se hacen cruces científicos con los cuerpos que tenemos nosotros registrados, pero cuando no tenemos una forma de cotejar, por ejemplo, con las propias víctimas, pues los cuerpos quedan ahí sin doliente, prácticamente, porque no hay forma de entregarle ese cuerpo a nadie, porque, pues, quedan en laboratorio y hasta esperar a que nosotros podamos ubicar a víctimas, que eso es lo que también hacemos, ubicamos víctimas para que se tomen la muestra de ADN en Medicina Legal, y que esa identificación que nos dan a nosotros por medio de ADN, pues podamos nosotros cotejar con los cuerpos que tenemos en el laboratorio y entregarlos”, explicó.

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“Entonces, posiblemente pueda uno coincidir con la entrega de un cuerpo o dos, pero eso es como una en 1.000.000, de acuerdo con las cifras que tenemos ahorita en este momento, y que podría agilizarse con una conexión entre entidades”, afirmó.

Para UNITRAJ, estas dificultades hacen parte de un problema más amplio de capacidad institucional que se suma al represamiento judicial y a las limitaciones presupuestales. La preocupación planteada es que, sin recursos suficientes y sin una articulación efectiva entre las entidades que manejan información sobre las víctimas, se mantienen retrasos que terminan afectando investigaciones, procesos de identificación y, especialmente, la posibilidad de que las familias conozcan qué ocurrió con sus seres queridos y puedan recibir sus cuerpos.

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