La Jurisdicción Especial para la Paz identificó a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de los llamados ‘falsos positivos’ entre 2005 y 2008. Entre los militares se encuentra el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
En el caso del general (r) Montoya, la investigación encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.
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Según encontró la JEP en esta etapa procesal, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, el entonces general Mario Montoya Uribe ejerció sucesivamente como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe No. 1 (CCON1) y del Ejército Nacional. Durante ese período, contribuyó a la consolidación de una política de facto orientada a privilegiar las bajas en combate como principal indicador de éxito militar.
La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó que Montoya Uribe promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales.
Aunque el general Montoya sostuvo ante la JEP que nunca promovió conductas ilícitas, que fue engañado por sus subordinados y que impulsó múltiples directrices para la protección de los derechos humanos y el DIH, la Sala encontró que existen suficientes elementos para considerar que Mario Montoya Uribe conoció tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y que, pese a ello, mantuvo las presiones y los incentivos asociados al aumento de bajas.
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La Sala también examinó su contribución a los mecanismos de encubrimiento y a la adopción de medidas que aparentaban responder a las irregularidades conocidas, pero que no habrían impedido la continuidad del patrón criminal. En conjunto, estos aportes habrían favorecido su expansión y sostenimiento en distintas regiones del país.
La JEP individualizó como máximos responsables de la escala nacional de este fenómeno criminal a diez generales del Ejército Nacional: un excomandante del Ejército, un inspector general, quien comandó el Comando Conjunto Caribe y siete generales retirados comandantes de división.
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Junto al general (r) Montoya, fueron llamados a reconocer responsabilidad el general en retiro Luis Felipe Paredes Cadena, los mayores generales en retiro Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñones Quirós, y el brigadier general en retiro José Joaquín Cortés Franco.
La JEP pudo esclarecer judicialmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, 2.702 personas fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate.
Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas y 34 sobrevivientes corresponden al periodo comprendido entre 2005 y 2008.
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La Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a un general, cinco mayores generales y un brigadier general. Asimismo, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) los procesos de otros tres oficiales retirados —dos generales y un mayor general—, tras valorar sus actuaciones procesales previas, en las que manifestaron que no reconocerían responsabilidad.