La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el expediente del general retirado Mario Montoya Uribe. Este movimiento se da ante la negativa del excomandante del Ejército de reconocer su responsabilidad en más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.Según la magistrada Catalina Díaz, las pruebas contra Montoya son contundentes y evidencian su contribución dolosa al patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición de al menos 118 personas, presentadas como bajas en combate mientras el militar lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, el silencio del general retirado ha obligado a la JEP a trasladar el caso a la UIA, que ahora debe decidir si lo acusa formalmente o solicita la preclusión del proceso.Giovanni Álvarez, director de la UIA, explicó las diferencias entre el estándar probatorio que exige la JEP y el requerido por la fiscalía de esta unidad. “Aquí el fiscal no solo tiene que probar la ocurrencia de los hechos y la presencia del implicado, sino también demostrar su grado de participación y responsabilidad”, indicó. Aunque el término máximo para investigar es de dos años y medio, Álvarez destacó la necesidad de actuar con agilidad para optimizar las pruebas ya recopiladas.En este caso, la UIA prevé practicar nuevas pruebas para fortalecer el expediente, especialmente en un escenario adversarial, dado que Montoya no acepta los cargos. “Siempre es necesario practicar nuevas pruebas por el estándar probatorio que tenemos que cumplir”, afirmó Álvarez, resaltando que las investigaciones serán exhaustivas y buscarán llenar cualquier vacío probatorio.La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Según Álvarez, esto podría realizarse mediante comparecencias presenciales o certificaciones juradas, debido a su calidad de exmandatarios.
En la mañana de este miércoles, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación el caso del general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos en el marco de los casos de ‘falsos positivos’ ocurridos mientras se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003.Entre los argumentos presentados por los integrantes de la Sala para remitir este caso se destaca que el general (r) Montoya no reconoció su responsabilidad en el surgimiento y la consolidación de un patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para presentarlas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño.“En su investigación, la Sala determinó que el general (r) Montoya Uribe: 1) mintió sobre la producción de bajas (muertos) pertenecientes a las Farc-EP, incluso para encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza; 2) presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa; 3) cuando se dirigía a sus subordinados, empleó constantemente un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal; y 4) rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolos resultados operacionales indeseados”, señala la JEP.La UIA, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser hallado culpable, Montoya Uribe se enfrentaría a una condena de hasta 20 años de cárcel.Cabe señalar que Montoya aún enfrenta una investigación de la Sala de Reconocimiento en el marco de hechos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional entre 2005 y 2008.
En las últimas horas, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó por segunda vez una solicitud al general en retiro Mario Montoya con la cual buscaba anular la imputación en su contra por falsos positivos en Antioquia. Casi al mismo tiempo el Gobierno de Estados Unidos anunció que prohibía la entrada a ese país a Montoya, quien fue comandante del Ejército.Jacqueline Castillo, quien es vocera de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se refirió al tema y asegura que apoya las dos decisiones tomadas este jueves en el caso de Montoya."Celebramos esta decisión que ha tomado Estados Unidos en negar la entrada al señor Mario Montoya, nos parece excelente y ojalá otros países también tomaran esta decisión porque sabemos que hay otros militares que se han ido a vivir a otros lugares. También acompañamos la decisión de la JEP de no darle nulidad al proceso que se le lleva a Mario Montoya, son importantes estas decisiones", señaló Castillo.Por su parte el abogado Germán Romero, quien representa a algunas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pidió que el proceso de Montoya avance en la JEP."Pese a esta decisión sigue generando preocupación que al día de hoy la jurisdicción no haya hecho avances sustanciales frente a la situación de Mario Montoya Uribe, hace 5 años estuvo lista una imputación por parte de la Fiscalía por crímenes cometidos en todo el país cuando el fue comandante del Ejército, el recurso que se decidió hoy solo abarca su periodo como comandante de la cuarta brigada", dijo Romero.En el mismo sentido se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos: "Es una decisión autónoma de ese país, pero es importante que Estados Unidos empiece a reconocer la responsabilidad por haber formado a este tipo de oficiales a través de la escuela de las Américas y la asistencia técnica que le dieron al Ejército", agregó el abogado.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“Ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad, pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, él a que consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA solo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y, por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación, la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera, el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados "falsos positivos", por "graves violaciones" a los derechos humanos."Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos "no tienen derecho a entrar a Estados Unidos"."Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando "una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes".Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para "poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto".El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó al excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya y al general (r) Leonardo Gallego para que entregue información sobre algunas operaciones realizadas en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2003.“La investigación indica que, durante esos periodos, se habrían cometido crímenes por parte de miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la MEVAL, en el marco de varias operaciones realizadas por la fuerza pública en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, entre esas la ‘Operación Orión’”, señaló la JEP.Es importante recordar que el general en retiro Mario Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre los años 2001 y 2006, mientras que Gallego fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entre 2000 y 2003.“La JEP sustenta el llamado a versión de estos oficiales en varios informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han entregado versión dentro del Caso 08, específicamente, entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Las fechas de las diligencias en Medellín y Bogotá serán anunciadas a los comparecientes mediante oficio”, explicó la JEP.
La JEP imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe por más de 100 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia entre 2002 y 2003, cuando comandó la cuarta brigada, con sede en Medellín."En la brigada cuarta, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados del Ejército", señaló la JEP.En horas recientes, el excomandante del Ejército le solicitó a la JEP la nulidad de esta imputación.“Con fundamento en lo expuesto solicito a los honorables magistrados de la Srvr de la Jurisdicción Especial para la Paz de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 306 de la Ley 600 de 2000 decretar la Nulidad del auto SUB D – subcaso Antioquia– 062 del 30 de agosto de 2023, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la imputación efectuada al señor General Mario Montoya Uribe”, señaló su defensa.El general Montoya asegura que se le vulneró el derecho a la defensa.“El 30 de agosto de 2023 se profirió por parte de la SRVR el Auto que hoy es objeto de solicitud de nulidad, sin que previamente se le corriera traslado ni al Compareciente General (RA) Mario Montoya Uribe ni a su representante judicial las observaciones que por escrito hubiesen presentado la representación de víctimas o el Ministerio Público como ha ocurrido en otros autos de determinación de hechos y conductas dentro de los Sub-casos costa Caribe, Casanare y Santander”, señala Montoya.En el mismo sentido, explica que hubo una indebida formulación de la imputación:“Considera esta defensa que la formulación de una imputación no debe obedecer a un simple capricho, sino con la suficientes bases legales y constitucionales como garantía al debido proceso; de manera que hasta este punto, ha quedado en evidencia que estas incongruencias e inconsistencias en que ha incurrido la sala, ya por sí mismas generan un defecto sustancial en la providencia judicial de cara a los presupuestos necesarios en aras al control de legalidad sobre la decisión cuya ambigüedad, además de viciar el consentimiento de cara a una posible aceptación o no de responsabilidad, a todas luces constituye una violación de las garantías judiciales del general Mario Montoya Uribe”, explica su defensa.En el mismo sentido, la defensa ha determinado que en algunos casos la JEP ha sacado conclusiones de algunas pruebas que realmente no estarían determinado lo que buscan probar los magistrados, con el objetivo de probar que Montoya presionaba por resultados operacionales en términos de bajas y privilegio las muertes sobre cualquier otro resultado operacional.“Si sumamos las desmovilizaciones más las capturas, se obtiene un total de 1.655 frente a los 675 de los resultados operacionales muertes en combate, a los que la sala denomina “bajas”, es decir, que del total de resultados operacionales el 71.0 3 % equivalieron a resultados operacionales diferentes a muertes en combate que representaron el 28.90 %.De tal manera que, si la política del comandante de la cuarta brigada era “privilegiar las bajas en combate” sobre cualquier otro resultado operacional, el resultado obvio esperado es que estas últimas sobrepasaran por mucho los otros resultados operacionales”, explica la defensa.Le podría interesar:
Durante la audiencia de reconocimiento por falsos positivos en Casanare, el general en retiro Henry William Torres Escalante aceptó su responsabilidad en 196 casos de ejecuciones extrajudiciales, que se presentaron mientras él comandó la Brigada 16.Lo que ha aceptado el general Torres es que presionó a las unidades bajo su mando y esto llevó a que se registraran estos casos entre 2005 y 2007.Al aceptar su responsabilidad, Torres Escalante aseguró que las presiones que él ejercía sobre los militares venían del comandante del Ejército en el momento, general en retiro Mario Montoya.“Se fundamenta en las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba. Las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército general Mario Montoya, de la Cuarta División general Guillermo Quiñonez y del mío como comandante de la Brigada 16”, señaló Torres.Por otro lado, aseguró que las muertes se convirtieron en números y porcentajes en la Brigada 16 y que muchas de las personas que cometieron estos homicidios recibieron premios, medallas y viajes, e incluso los felicitó públicamente; además, no adelantó las investigaciones exhaustivas, pues señala que esto a él le servía, ya que de esta manera se posicionaba la Brigada ante los altos mandos.“Tuvimos varias veces en la Brigada la visita del presidente Álvaro Uribe, estaba la población, estábamos las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento y pues las personas empezaban a quejarse todo el tiempo de seguridad y él daba instrucciones en forma dura también hacia los comandantes de Policía, Ejército y DAS, y decía que si no podíamos con el cargo pues que avisáramos para que él pudiera gestionar un relevo”, explicó Torres.El general en retiro también reconoció que hubo algunas alertas que él no tuvo en cuenta.“En varias ocasiones se produjeron que había resultados operacionales o muertes en combate y al momento de los levantamientos le manifestaban que no aparecían las armas. Posteriormente, al hacer el levantamiento, ya tenían armas y yo nunca dije nada, me volví un alcahueta”, finalizó Torres.Vea también
El general en retiro Mario Montoya comandó la cuarta brigada del Ejército, con sede en Medellín, desde el 2002 al 2003. Según la JEP, Montoya es responsable por 130 casos de falsos positivos.“Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”, señaló la magistrada Catalina Díaz.Tras esta decisión de la JEP, Jacqueline Castillo, vocera de víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguró que las investigaciones deben seguir avanzando, pues considera que el excomandante del Ejército podría ser responsable por otros casos en otras zonas del país.“Sabemos que no es tal vez ni el 10 % de todos los hechos victimizantes que vivimos de los mal llamados falsos positivos, pero consideramos que vamos por buen camino y tendremos nuevamente esperanzas de encontrar justicia”, señaló Castillo.El general Montoya tiene un plazo de 30 días para responder si asume o no responsabilidad por estos casos, si decide no hacerlo, enfrentará un juicio y de ser vencido podría pagar hasta 20 años de prisión.Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch también se refirió a la imputación de Montoya en las últimas horas.“Celebramos la histórica imputación por crímenes de lesa humanidad contra el excomandante del Ejército, Mario Montoya. La decisión avanza en determinar la responsabilidad de la cadena de mando y esclarecer los incentivos perversos detrás de los falsos positivos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch.Le puede interesar:
Luego de que la Justicia Especial para La Paz imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y a ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño, Catalina Díaz, magistrada de la JEP, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, qué sigue en el proceso de juzgamiento contra Montoya.La magistrada Díaz, quien hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de hechos y conductas de la JEP, explicó que tras la imputación de cargos contra el general (r) Montoya, ahora quedan dos posibles caminos: reconocer la responsabilidad o insistir en su inocencia."Si reconoce será remitido al Tribunal de Paz que tiene la competencia para imponer la sanción restaurativa, que no es cárcel; si insiste en su inocencia irá a la JEP para seguir un proceso adversarial que puede culminar con sentencia de hasta 20 años de cárcel", detalló la magistrada de la JEP.Según expuso Díaz, "Él (Montoya) no dio una orden directa de asesinar civiles, pero mostró en rueda de prensa ante los medios, civiles que habían caído en una emboscada militar sabiendo que se trataba de civiles dijo que los iba a presentar como del frente noveno de las Farc". Esta actuación, agregó, fue calificada "como una disposición a mentir frente a resultados"."Nosotros encontramos una serie de evidencias que fundamentan la autoría. La primera es que él le mintió a los medios de comunicación del país, sabiendo que habían civiles que cayeron en una emboscada militar. Él en versión voluntaria reconoció esos hechos", insistió.¿Por qué se dieron los 'falsos positivos' en Antioquia?Por otra parte, la magistrada Díaz señaló que el Oriente de Antioquia "concentra más hechos que cualquiera de los otros departamentos, el segundo es el Meta, y el Oriente concentra más hechos que el Meta". Esto, dijo, debido a que esa subregión del departamento "fue uno de los territorio críticos".Finalmente, señaló que con todo el proceso investigativo de la JEP, se ha logrado demostrar que los 'falsos positivos' fueron "un patrón recurrente en todo el país", por lo que continuarán investigando, pues han concluido que "esto no puede ser coincidencia".
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.