La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el expediente del general retirado Mario Montoya Uribe. Este movimiento se da ante la negativa del excomandante del Ejército de reconocer su responsabilidad en más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003.Según la magistrada Catalina Díaz, las pruebas contra Montoya son contundentes y evidencian su contribución dolosa al patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición de al menos 118 personas, presentadas como bajas en combate mientras el militar lideraba la IV Brigada del Ejército Nacional. Sin embargo, el silencio del general retirado ha obligado a la JEP a trasladar el caso a la UIA, que ahora debe decidir si lo acusa formalmente o solicita la preclusión del proceso.Giovanni Álvarez, director de la UIA, explicó las diferencias entre el estándar probatorio que exige la JEP y el requerido por la fiscalía de esta unidad. “Aquí el fiscal no solo tiene que probar la ocurrencia de los hechos y la presencia del implicado, sino también demostrar su grado de participación y responsabilidad”, indicó. Aunque el término máximo para investigar es de dos años y medio, Álvarez destacó la necesidad de actuar con agilidad para optimizar las pruebas ya recopiladas.En este caso, la UIA prevé practicar nuevas pruebas para fortalecer el expediente, especialmente en un escenario adversarial, dado que Montoya no acepta los cargos. “Siempre es necesario practicar nuevas pruebas por el estándar probatorio que tenemos que cumplir”, afirmó Álvarez, resaltando que las investigaciones serán exhaustivas y buscarán llenar cualquier vacío probatorio.La posibilidad de involucrar a expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos también está sobre la mesa si los fiscales consideran sus testimonios esenciales. Según Álvarez, esto podría realizarse mediante comparecencias presenciales o certificaciones juradas, debido a su calidad de exmandatarios.
En la mañana de este miércoles, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a la Unidad de Investigación y Acusación el caso del general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos en el marco de los casos de ‘falsos positivos’ ocurridos mientras se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003.Entre los argumentos presentados por los integrantes de la Sala para remitir este caso se destaca que el general (r) Montoya no reconoció su responsabilidad en el surgimiento y la consolidación de un patrón macrocriminal, en el que al menos 118 personas fueron asesinadas y desaparecidas para presentarlas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño.“En su investigación, la Sala determinó que el general (r) Montoya Uribe: 1) mintió sobre la producción de bajas (muertos) pertenecientes a las Farc-EP, incluso para encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza; 2) presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos para que produjeran bajas a toda costa; 3) cuando se dirigía a sus subordinados, empleó constantemente un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal; y 4) rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolos resultados operacionales indeseados”, señala la JEP.La UIA, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser hallado culpable, Montoya Uribe se enfrentaría a una condena de hasta 20 años de cárcel.Cabe señalar que Montoya aún enfrenta una investigación de la Sala de Reconocimiento en el marco de hechos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional entre 2005 y 2008.
En las últimas horas, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó por segunda vez una solicitud al general en retiro Mario Montoya con la cual buscaba anular la imputación en su contra por falsos positivos en Antioquia. Casi al mismo tiempo el Gobierno de Estados Unidos anunció que prohibía la entrada a ese país a Montoya, quien fue comandante del Ejército.Jacqueline Castillo, quien es vocera de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, se refirió al tema y asegura que apoya las dos decisiones tomadas este jueves en el caso de Montoya."Celebramos esta decisión que ha tomado Estados Unidos en negar la entrada al señor Mario Montoya, nos parece excelente y ojalá otros países también tomaran esta decisión porque sabemos que hay otros militares que se han ido a vivir a otros lugares. También acompañamos la decisión de la JEP de no darle nulidad al proceso que se le lleva a Mario Montoya, son importantes estas decisiones", señaló Castillo.Por su parte el abogado Germán Romero, quien representa a algunas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pidió que el proceso de Montoya avance en la JEP."Pese a esta decisión sigue generando preocupación que al día de hoy la jurisdicción no haya hecho avances sustanciales frente a la situación de Mario Montoya Uribe, hace 5 años estuvo lista una imputación por parte de la Fiscalía por crímenes cometidos en todo el país cuando el fue comandante del Ejército, el recurso que se decidió hoy solo abarca su periodo como comandante de la cuarta brigada", dijo Romero.En el mismo sentido se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos: "Es una decisión autónoma de ese país, pero es importante que Estados Unidos empiece a reconocer la responsabilidad por haber formado a este tipo de oficiales a través de la escuela de las Américas y la asistencia técnica que le dieron al Ejército", agregó el abogado.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“Ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad, pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, él a que consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA solo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y, por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación, la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera, el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados "falsos positivos", por "graves violaciones" a los derechos humanos."Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos "no tienen derecho a entrar a Estados Unidos"."Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando "una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes".Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para "poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto".El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó al excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya y al general (r) Leonardo Gallego para que entregue información sobre algunas operaciones realizadas en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2003.“La investigación indica que, durante esos periodos, se habrían cometido crímenes por parte de miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la MEVAL, en el marco de varias operaciones realizadas por la fuerza pública en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, entre esas la ‘Operación Orión’”, señaló la JEP.Es importante recordar que el general en retiro Mario Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre los años 2001 y 2006, mientras que Gallego fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entre 2000 y 2003.“La JEP sustenta el llamado a versión de estos oficiales en varios informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han entregado versión dentro del Caso 08, específicamente, entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Las fechas de las diligencias en Medellín y Bogotá serán anunciadas a los comparecientes mediante oficio”, explicó la JEP.
La JEP imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe por más de 100 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia entre 2002 y 2003, cuando comandó la cuarta brigada, con sede en Medellín."En la brigada cuarta, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados del Ejército", señaló la JEP.En horas recientes, el excomandante del Ejército le solicitó a la JEP la nulidad de esta imputación.“Con fundamento en lo expuesto solicito a los honorables magistrados de la Srvr de la Jurisdicción Especial para la Paz de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 306 de la Ley 600 de 2000 decretar la Nulidad del auto SUB D – subcaso Antioquia– 062 del 30 de agosto de 2023, y como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la imputación efectuada al señor General Mario Montoya Uribe”, señaló su defensa.El general Montoya asegura que se le vulneró el derecho a la defensa.“El 30 de agosto de 2023 se profirió por parte de la SRVR el Auto que hoy es objeto de solicitud de nulidad, sin que previamente se le corriera traslado ni al Compareciente General (RA) Mario Montoya Uribe ni a su representante judicial las observaciones que por escrito hubiesen presentado la representación de víctimas o el Ministerio Público como ha ocurrido en otros autos de determinación de hechos y conductas dentro de los Sub-casos costa Caribe, Casanare y Santander”, señala Montoya.En el mismo sentido, explica que hubo una indebida formulación de la imputación:“Considera esta defensa que la formulación de una imputación no debe obedecer a un simple capricho, sino con la suficientes bases legales y constitucionales como garantía al debido proceso; de manera que hasta este punto, ha quedado en evidencia que estas incongruencias e inconsistencias en que ha incurrido la sala, ya por sí mismas generan un defecto sustancial en la providencia judicial de cara a los presupuestos necesarios en aras al control de legalidad sobre la decisión cuya ambigüedad, además de viciar el consentimiento de cara a una posible aceptación o no de responsabilidad, a todas luces constituye una violación de las garantías judiciales del general Mario Montoya Uribe”, explica su defensa.En el mismo sentido, la defensa ha determinado que en algunos casos la JEP ha sacado conclusiones de algunas pruebas que realmente no estarían determinado lo que buscan probar los magistrados, con el objetivo de probar que Montoya presionaba por resultados operacionales en términos de bajas y privilegio las muertes sobre cualquier otro resultado operacional.“Si sumamos las desmovilizaciones más las capturas, se obtiene un total de 1.655 frente a los 675 de los resultados operacionales muertes en combate, a los que la sala denomina “bajas”, es decir, que del total de resultados operacionales el 71.0 3 % equivalieron a resultados operacionales diferentes a muertes en combate que representaron el 28.90 %.De tal manera que, si la política del comandante de la cuarta brigada era “privilegiar las bajas en combate” sobre cualquier otro resultado operacional, el resultado obvio esperado es que estas últimas sobrepasaran por mucho los otros resultados operacionales”, explica la defensa.Le podría interesar:
Durante la audiencia de reconocimiento por falsos positivos en Casanare, el general en retiro Henry William Torres Escalante aceptó su responsabilidad en 196 casos de ejecuciones extrajudiciales, que se presentaron mientras él comandó la Brigada 16.Lo que ha aceptado el general Torres es que presionó a las unidades bajo su mando y esto llevó a que se registraran estos casos entre 2005 y 2007.Al aceptar su responsabilidad, Torres Escalante aseguró que las presiones que él ejercía sobre los militares venían del comandante del Ejército en el momento, general en retiro Mario Montoya.“Se fundamenta en las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba. Las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército general Mario Montoya, de la Cuarta División general Guillermo Quiñonez y del mío como comandante de la Brigada 16”, señaló Torres.Por otro lado, aseguró que las muertes se convirtieron en números y porcentajes en la Brigada 16 y que muchas de las personas que cometieron estos homicidios recibieron premios, medallas y viajes, e incluso los felicitó públicamente; además, no adelantó las investigaciones exhaustivas, pues señala que esto a él le servía, ya que de esta manera se posicionaba la Brigada ante los altos mandos.“Tuvimos varias veces en la Brigada la visita del presidente Álvaro Uribe, estaba la población, estábamos las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento y pues las personas empezaban a quejarse todo el tiempo de seguridad y él daba instrucciones en forma dura también hacia los comandantes de Policía, Ejército y DAS, y decía que si no podíamos con el cargo pues que avisáramos para que él pudiera gestionar un relevo”, explicó Torres.El general en retiro también reconoció que hubo algunas alertas que él no tuvo en cuenta.“En varias ocasiones se produjeron que había resultados operacionales o muertes en combate y al momento de los levantamientos le manifestaban que no aparecían las armas. Posteriormente, al hacer el levantamiento, ya tenían armas y yo nunca dije nada, me volví un alcahueta”, finalizó Torres.Vea también
El general en retiro Mario Montoya comandó la cuarta brigada del Ejército, con sede en Medellín, desde el 2002 al 2003. Según la JEP, Montoya es responsable por 130 casos de falsos positivos.“Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”, señaló la magistrada Catalina Díaz.Tras esta decisión de la JEP, Jacqueline Castillo, vocera de víctimas de ejecuciones extrajudiciales aseguró que las investigaciones deben seguir avanzando, pues considera que el excomandante del Ejército podría ser responsable por otros casos en otras zonas del país.“Sabemos que no es tal vez ni el 10 % de todos los hechos victimizantes que vivimos de los mal llamados falsos positivos, pero consideramos que vamos por buen camino y tendremos nuevamente esperanzas de encontrar justicia”, señaló Castillo.El general Montoya tiene un plazo de 30 días para responder si asume o no responsabilidad por estos casos, si decide no hacerlo, enfrentará un juicio y de ser vencido podría pagar hasta 20 años de prisión.Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch también se refirió a la imputación de Montoya en las últimas horas.“Celebramos la histórica imputación por crímenes de lesa humanidad contra el excomandante del Ejército, Mario Montoya. La decisión avanza en determinar la responsabilidad de la cadena de mando y esclarecer los incentivos perversos detrás de los falsos positivos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch.Le puede interesar:
Luego de que la Justicia Especial para La Paz imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y a ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño, Catalina Díaz, magistrada de la JEP, explicó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, qué sigue en el proceso de juzgamiento contra Montoya.La magistrada Díaz, quien hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de hechos y conductas de la JEP, explicó que tras la imputación de cargos contra el general (r) Montoya, ahora quedan dos posibles caminos: reconocer la responsabilidad o insistir en su inocencia."Si reconoce será remitido al Tribunal de Paz que tiene la competencia para imponer la sanción restaurativa, que no es cárcel; si insiste en su inocencia irá a la JEP para seguir un proceso adversarial que puede culminar con sentencia de hasta 20 años de cárcel", detalló la magistrada de la JEP.Según expuso Díaz, "Él (Montoya) no dio una orden directa de asesinar civiles, pero mostró en rueda de prensa ante los medios, civiles que habían caído en una emboscada militar sabiendo que se trataba de civiles dijo que los iba a presentar como del frente noveno de las Farc". Esta actuación, agregó, fue calificada "como una disposición a mentir frente a resultados"."Nosotros encontramos una serie de evidencias que fundamentan la autoría. La primera es que él le mintió a los medios de comunicación del país, sabiendo que habían civiles que cayeron en una emboscada militar. Él en versión voluntaria reconoció esos hechos", insistió.¿Por qué se dieron los 'falsos positivos' en Antioquia?Por otra parte, la magistrada Díaz señaló que el Oriente de Antioquia "concentra más hechos que cualquiera de los otros departamentos, el segundo es el Meta, y el Oriente concentra más hechos que el Meta". Esto, dijo, debido a que esa subregión del departamento "fue uno de los territorio críticos".Finalmente, señaló que con todo el proceso investigativo de la JEP, se ha logrado demostrar que los 'falsos positivos' fueron "un patrón recurrente en todo el país", por lo que continuarán investigando, pues han concluido que "esto no puede ser coincidencia".
Las prioridades de los trabajadores al momento de elegir y permanecer en un empleo han cambiado. Aunque el salario y la estabilidad continúan siendo factores importantes, cada vez cobran más relevancia las condiciones que permiten mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional.Según datos de Wellhub, el 86 % de los colaboradores considera que el bienestar laboral es tan importante como la remuneración económica. Esta cifra refleja una transformación en las expectativas de los empleados, quienes también buscan sentirse escuchados, reconocidos y respaldados por las organizaciones.Esta nueva dinámica se relaciona con el denominado contrato emocional, un vínculo que se construye a partir de las expectativas de los trabajadores y las experiencias que tienen dentro de una empresa.Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, señala que esta relación depende de la coherencia entre lo que promete una compañía y lo que realmente ofrece, especialmente en aspectos como el liderazgo, la comunicación y la conciliación entre la vida laboral y personal.El agotamiento laboral preocupa a las empresasUno de los principales desafíos para las organizaciones es prevenir el burnout o agotamiento laboral. Una encuesta de miCVideal, realizada a más de 1.200 personas, encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco piensa diariamente en dejar su empleo.Entre las señales de alerta están la dificultad para recuperarse después del descanso, los problemas de concentración, el aislamiento, el aumento de errores y las alteraciones del sueño. Estas manifestaciones deben evaluarse integralmente y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico.De acuerdo con Reyes, las empresas deben prestar atención no solo a las ausencias, sino también a la desconexión emocional y al presentismo, situaciones que pueden afectar el desempeño y el ambiente laboral.¿Qué pueden hacer las organizaciones?Las encuestas, entrevistas y grupos focales permiten identificar las necesidades de los equipos y evaluar si las estrategias de bienestar están funcionando. Estos procesos deben garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información.En Colombia, Compensar ofrece el programa de Desarrollo Empresarial Integral, que incluye charlas, talleres y estrategias para acompañar a las empresas en la prevención y gestión del burnout.El bienestar dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en un aspecto relevante para fortalecer el compromiso, prevenir el agotamiento y favorecer la permanencia del talento humano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, identificó el desarrollo territorial integral como una de las principales deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado, al referirse a los resultados y desafíos del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, la funcionaria reconoció avances en la implementación, pero advirtió que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia.Marín explicó que el punto 1 del Acuerdo de Paz contemplaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Se trata de 16 regiones que agrupan 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.Aunque destacó la disminución de la pobreza multidimensional en estas zonas y algunos avances en el Catastro Multipropósito, advirtió que persisten importantes retrasos. “Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, afirmó.La ausencia de una presencia integral del EstadoLa defensora coincidió en que la llegada del Estado a los territorios ha sido insuficiente y señaló que esta situación ha favorecido la persistencia de la violencia y el ingreso de nuevos grupos armados.Al referirse al Cauca, departamento que visitó recientemente, recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. Por eso, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz, aunque sí relacionó el incumplimiento de sus compromisos territoriales con factores que han contribuido al agravamiento de la violencia.Las FARC y su deuda con las víctimasSobre la responsabilidad de los antiguos integrantes de las FARC, Marín reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, insistió en que deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia.“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó.Las sanciones de la JEP, otro desafío del acuerdoFinalmente, cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo. Según explicó, estas deben incluir limitaciones efectivas de derechos y supervisión.“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, concluyó, al insistir en que el cumplimiento de las sanciones será determinante para responder a las víctimas del conflicto armado.Escuche la entrevista completa acá:
La Navidad es una de las temporadas del año que más viajeros moviliza en diferentes partes del mundo. Durante diciembre, ciudades y destinos turísticos adaptan sus espacios para recibir a visitantes con mercados tradicionales, espectáculos de luces, actividades culturales y celebraciones que reflejan sus costumbres.En ese contexto, la revista internacional Time Out publicó una selección de los 22 mejores lugares del mundo para pasar Navidad en 2026, una clasificación que reúne destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los lugares recomendados hay ciudades reconocidas por sus celebraciones tradicionales y otras que ofrecen alternativas para quienes prefieren pasar las fiestas en climas cálidos.La publicación destaca que la experiencia navideña cambia dependiendo del destino. Mientras algunas ciudades ofrecen paisajes cubiertos de nieve y mercados tradicionales, otras permiten disfrutar de las celebraciones al aire libre, en playas o en lugares con temperaturas más elevadas.El primer puesto de la clasificación es para Nueva York, Estados Unidos, que durante diciembre se convierte en uno de los principales referentes de la Navidad. La ciudad se caracteriza por las decoraciones de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercados que reciben a miles de visitantes.En el segundo lugar aparece Londres, Reino Unido, donde las iluminaciones, los mercados navideños y las actividades especiales hacen parte de la programación de diciembre. Le sigue Laponia, Finlandia, uno de los destinos más asociados con estas festividades por albergar la aldea de Papá Noel, en Rovaniemi.El cuarto puesto es para Copenhague, Dinamarca, que se distingue por sus celebraciones tradicionales, las bebidas calientes y los espacios decorados con iluminación navideña. En la quinta posición está Edimburgo, Escocia, cuyos mercados y actividades culturales atraen a turistas durante la temporada.Zagreb, Croacia, ocupa el sexto lugar, con una programación que incluye mercados, música en vivo y decoraciones en sus principales espacios públicos. En el séptimo puesto está Reikiavik, Islandia, donde una de las tradiciones más particulares es la de los 13 Yule Lads, personajes del folclore local que dejan regalos en los zapatos de los niños.La octava posición corresponde a Brujas, Bélgica, reconocida por sus construcciones medievales, canales y mercados navideños. Sídney, Australia, aparece en el noveno lugar como una alternativa para quienes prefieren celebrar las fiestas durante el verano, con actividades al aire libre y encuentros en las playas.El décimo destino recomendado es Nuuk, Groenlandia, donde los paisajes árticos, la nieve y las posibilidades de observar auroras boreales hacen parte de la experiencia. La clasificación continúa con Viena, Austria; Praga, República Checa; y Núremberg, Alemania, tres ciudades europeas reconocidas por sus tradiciones y mercados navideños.En los siguientes puestos aparecen Funchal, Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia. Estos destinos ofrecen distintas experiencias, desde celebraciones culturales y recorridos urbanos hasta alternativas de descanso en lugares de clima cálido.El puesto 22 corresponde a Ciudad de Guatemala, Guatemala, que se convierte en el único destino de Latinoamérica incluido en la selección de Time Out. Su presencia destaca entre una clasificación en la que predominan las ciudades europeas y los destinos reconocidos por sus celebraciones durante el invierno."Cada año, el 7 de diciembre, el país celebra la Quema del Diablo, iniciando la temporada navideña exactamente a las 6 p.m. quemando figuras de diablos y piñatas de papel maché rojas. La idea es limpiar las casas de los malos espíritus del año antes de que llegue la Navidad", deataca Time Out de la ciudad guatemalteca.Destinos para pasar Navidad sin temperaturas bajasLa selección también incluye lugares para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional Navidad de invierno. Sídney, por ejemplo, coincide con la temporada de verano en diciembre, por lo que los visitantes pueden disfrutar de las playas y de actividades al aire libre durante las celebraciones.Una alternativa es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que ocupa el puesto 19 de la clasificación. Sus playas, viñedos y condiciones climáticas durante diciembre permiten disfrutar de una temporada navideña con temperaturas más cálidas.Con esta selección, Time Out reúne alternativas para distintos tipos de viajeros y presupuestos. Desde los mercados navideños de Europa hasta los destinos tropicales de Asia, Oceanía y África, la lista ofrece opciones para quienes planean viajar durante las celebraciones de diciembre de 2026.
La escalada de violencia y las afectaciones del terremoto mantienen al Cauca frente a importantes desafíos, mientras sus sectores productivos buscan abrirse camino en los mercados internacionales. Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta de la Cámara de Comercio del departamento, expuso las necesidades de la región y destacó su capacidad exportadora, en entrevista en Sala de Prensa Blu.Violencia en el Cauca: piden mayor presencia del EstadoMuñoz Otoya manifestó su preocupación por los recientes ataques contra la población civil y advirtió que la situación de orden público está afectando la imagen del departamento. Sin embargo, insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse al despliegue de la fuerza pública.“Yo creo que cuando hablamos hace como tres o cuatro meses les decía que el departamento del Cauca necesita presencia estatal, no solamente presencia de fuerza pública. Si pasa algo en Totoró, que llegue la fuerza pública, pero que al mismo tiempo llegue el ICBF y todas las entidades que evitan que haya reclutamiento de niños”, explicó.La dirigente gremial también solicitó al Gobierno nacional realizar un consejo de seguridad en el departamento y atender las necesidades de sus municipios.Terremoto del 10 de agosto: 336 establecimientos educativos afectadosOtro de los problemas que señaló es el impacto del terremoto en la infraestructura regional. Según las cifras que presentó, 336 establecimientos educativos necesitan ser reconstruidos y 26 centros de salud resultaron afectados. Además, estimó que la recuperación del departamento requiere cerca de 800.000 millones de pesos.“Nosotros en el departamento del Cauca tuvimos afectaciones. Afortunadamente no tuvimos muertos, pero tenemos 336 establecimientos educativos afectados para derrumbar, para reconstruir. Tenemos 26 establecimientos de salud afectados, aparte de viviendas y todo esto”, precisó.Muñoz Otoya cuestionó que estas consecuencias hayan recibido poca visibilidad y señaló que la atención pública suele concentrarse en los hechos de violencia.Exportaciones del Cauca: café, panela y chocolate llegan al exteriorPese a las dificultades, la presidenta de la Cámara de Comercio destacó la diversidad productiva de la región. Según explicó, el Cauca ocupa el séptimo lugar entre los departamentos con mayor diversidad de canasta exportadora y comercializa 167 productos en distintos mercados internacionales.Entre los ejemplos mencionó la panela orgánica producida por resguardos indígenas de Caloto, las exportaciones de café y la producción de chocolate en Argelia. Sobre este último caso, contó que una muestra local obtuvo el reconocimiento de una experta internacional y permitió concretar una venta. “Un comprador inglés que trajimos gracias al apoyo de ProColombia les compró 100 kilos de chocolate a mis empresarios de Argelia, Cauca. Yo sé que 100 kilos no son muchos, pero 100 kilos para Argelia es el universo”, destacó.También resaltó que pequeños productores cafeteros se asocian para exportar y que el café de reincorporados de las FARC, provenientes de El Tambo, llega a la sala VIP de El Corte Inglés, en Madrid.Muñoz Otoya resumió en tres pilares las medidas que considera necesarias: presencia integral del Estado, inversión estratégica y beneficios tributarios para atraer empresas y fortalecer a los negocios locales.“Si logramos que el Cauca tenga Estado y seguridad, inversión estratégica, vías, energía eléctrica y, además, les doy beneficios tributarios, yo traigo inversión al departamento y hago que nuestros empresarios, que se la han jugado toda la vida, puedan salir adelante”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
La primera gira del papa León XIV por América Latina tiene un significado que va más allá de su agenda religiosa. El recorrido de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú representa un acercamiento del pontífice a una región con la que mantiene vínculos personales, especialmente por su trayectoria misionera en territorio peruano, pero también una oportunidad para transmitir mensajes sobre reconciliación, igualdad y atención a las poblaciones más vulnerables.Néstor Pongutá, periodista especializado en el Vaticano, explicó en entrevista en Sala de Prensa que esta visita tiene un componente especial para el pontífice, quien llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Aunque nació en Estados Unidos, ese país latinoamericano ocupa un lugar importante en su historia personal y religiosa.La influencia del papa León XIV y su capacidad de convocatoriaUno de los aspectos que ha llamado la atención durante el recorrido es la respuesta de los fieles, incluso en países donde el catolicismo no tiene una presencia mayoritaria. En Uruguay, por ejemplo, según explicó el periodista, se agotaron en menos de 48 horas las 60.000 entradas disponibles para el encuentro del pontífice con los jóvenes.Para Pongutá, la capacidad de convocatoria de León XIV no depende necesariamente de un carisma similar al de su antecesor, el papa Francisco, sino de su experiencia de vida y cercanía con las comunidades.La gira también ha estado marcada por su dimensión política y diplomática. En Argentina, su llegada estuvo precedida por diferencias relacionadas con el protocolo que pretendía implementar el presidente Javier Milei para recibirlo. Desde el Vaticano se mantuvo el procedimiento establecido, evitando que el encuentro se convirtiera en un escenario de protagonismo político.Los mensajes que León XIV busca llevar a América LatinaMás allá de las concentraciones multitudinarias, el periodista destacó que el propósito del viaje está relacionado con los principios del Evangelio: promover la reconciliación, la igualdad y mejores condiciones de vida para las personas más necesitadas.En Argentina, el pontífice también tiene previstas visitas a una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y a una cárcel, en línea con el interés que manifestó Francisco por acompañar a quienes viven situaciones de vulnerabilidad.“Un papa no mueve ejércitos, no mueve sanciones económicas, no mueve inversiones, pero mueve conciencias. Y esa es la gran influencia que tiene un pontífice”, afirmó Pongutá.Finalmente, el recorrido por Perú tendrá un significado particular, especialmente durante su paso por Chiclayo, donde vivió varios años y ejerció como obispo. Allí se espera una de las mayores concentraciones de la gira, con una asistencia estimada de 1,5 millones de personas.Así, León XIV busca consolidar su propio estilo de liderazgo, sin desligarse del camino trazado por Francisco. Como concluyó el periodista, se trata de un pontificado que continúa algunos de los objetivos de su antecesor, pero con otra manera de acercarse a los fieles.