La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sentencia e impuso sanciones propias a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública, declarados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia.
Los crímenes ocurrieron entre 2002 y 2006 y la decisión comprende 18 hechos que dejaron 35 víctimas directas. Los comparecientes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad durante el proceso judicial.
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Las sanciones impuestas contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de la obligación de desarrollar trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador, conocidos como TOAR.
Los sancionados por la Jurisdicción fueron el comandante (r) Edie Pinzón Turcios, capitán (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, comandante (r) Efraín Enrique Prada Correa, el sargento segundo (r) Jaime Coral Trujillo y el cabo (r) William Andrés Capera Vargas. Los cinco deberán cumplir sanciones de entre cinco años y seis años y medio.
Los hechos por los que fueron declarados responsables corresponden a desaparición forzada y asesinato, considerados crímenes de lesa humanidad, y homicidio en persona protegida, constitutivo de crimen de guerra.
Como parte de las sanciones, los cinco comparecientes deberán desarrollar nueve proyectos en distintos municipios de Antioquia. Las iniciativas fueron priorizadas junto con las víctimas y buscan reparar los daños ocasionados y contribuir a la transformación de los territorios.
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Entre las actividades previstas están el mejoramiento de caminos en municipios como Dabeiba, Turbo, Ituango y Apartadó; el desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo; y la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio, en Dabeiba.
También se realizarán intervenciones de memoria en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín, así como acciones para recuperar el buen nombre de las víctimas y del territorio.
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La sentencia contempla, además, iniciativas productivas para las comunidades y proyectos de búsqueda de personas desaparecidas en las regiones de Urabá y Occidente de Antioquia y en el área metropolitana de Medellín.
La ejecución de los nueve proyectos se extenderá desde diciembre de 2026 hasta octubre de 2034, de acuerdo con los cronogramas establecidos. Los comparecientes deberán cumplir sus actividades de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, y tendrán que solicitar autorización judicial para desplazarse por fuera de sus lugares de residencia o de las zonas donde se ejecuten los proyectos.