A 41 años de la tragedia de Armero, las consecuencias de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz siguen presentes en la vida de las personas sobrevivientes y sus familias.
Es por esto por lo que la Defensoría del Pueblo alertó sobre las vulneraciones de derechos humanos que todavía enfrentan las comunidades afectadas.
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El desastre, ocurrido el 13 de noviembre de 1985, dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes. La destrucción del casco urbano obligó a trasladar la cabecera municipal a Armero-Guayabal y provocó el desplazamiento de numerosas familias hacia municipios como Lérida, Ibagué y ciudades como Bogotá y Medellín.
De acuerdo con la entidad, quienes tuvieron que abandonar sus hogares perdieron sus bienes y medios de subsistencia. Además, los procesos de desplazamiento y reubicación estuvieron marcados por la fragmentación familiar y comunitaria, el desarraigo y las dificultades para reconstruir sus proyectos de vida.
La Defensoría señaló que estas condiciones no han sido superadas y que todavía existen obstáculos para acceder a vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre la propiedad y oportunidades económicas.
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En 2025, la entidad presentó en Honda, Tolima, la investigación Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia, en la que formuló 23 recomendaciones para garantizar los derechos de las personas sobrevivientes y sus descendientes.
Sin embargo, un año después, el seguimiento hecho por la entidad evidencia avances limitados. De las recomendaciones formuladas, solo una se cumplió totalmente, 15 presentan avances parciales y siete continúan incumplidas.
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Entre los compromisos pendientes se encuentran el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral y la creación de un mecanismo nacional para buscar a personas desaparecidas durante desastres.
La única recomendación cumplida en su totalidad corresponde a la producción de un documental institucional sobre la memoria de Armero.
Por su parte, los avances parciales están relacionados con la caracterización de los sobrevivientes, la declaratoria de bienes de interés cultural, la creación del Centro de Memoria Histórica, la reglamentación y financiación de las leyes relacionadas con Armero y los procesos de saneamiento predial.
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Ante este panorama, la entidad recomendó al Estado reconocer oficialmente los daños prolongados de la tragedia e implementar medidas de reparación integral con enfoque diferencial y generacional.
Entre las principales medidas solicitadas están realizar un censo nacional que permita identificar a los sobrevivientes y sus descendientes, incluso a quienes viven fuera del país; priorizar a esta población en programas de vivienda y acceso a tierras, y garantizar atención en salud mental y acompañamiento psicosocial.
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También pidió avanzar en la búsqueda e identificación de los niños y niñas desaparecidos durante la tragedia, culminar el saneamiento de los predios del antiguo municipio de Armero y fortalecer los espacios de memoria histórica.
La entidad planteó, además, impulsar proyectos de recuperación económica y cultural, como el turismo de memoria y los emprendimientos comunitarios sostenibles.