Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptó su responsabilidad en 22 hechos delictivos que dejaron 145 víctimas entre 1999 y 2005 en Valledupar y otros municipios del Cesar. El procesado se acogió a sentencia anticipada ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
La aceptación de cargos comprende los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. La actuación hace parte de la estrategia para terminar anticipadamente procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal.
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Entre los hechos reconocidos se encuentran cinco homicidios colectivos. Uno ocurrió el 11 de diciembre de 1999 en el corregimiento La Meza, en Valledupar, donde fueron asesinadas cinco personas. Otro se registró el 30 de mayo de 2001 en el sector Los Tupes, en San Diego, y dejó seis víctimas.
También están incluidos los ataques armados perpetrados el 13 de enero de 2001 en los barrios Bello Horizonte y Divino Niño, en Valledupar, que causaron nueve muertes. A estos hechos se suman las incursiones armadas ocurridas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005 en Lamas Verdes, jurisdicción de Curumaní, donde fueron asesinadas 20 personas.
La investigación también documentó los homicidios de 20 integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco, entre ellos líderes comunitarios y menores de edad. La Fiscalía señaló que, mediante un enfoque diferencial, se evidenciaron las graves afectaciones causadas a estas comunidades, sus territorios, sus formas de vida y sus prácticas culturales y espirituales.
De acuerdo con la investigación, las conductas atribuidas a Tovar Pupo habrían respondido a un plan sistemático de amenazas, desplazamientos, torturas y homicidios contra personas que se oponían a la presencia paramilitar en la región.
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La aceptación de responsabilidad será remitida a un juzgado especializado, que tendrá a su cargo determinar la pena correspondiente. Por ahora, el trámite de sentencia anticipada permite avanzar hacia la definición judicial de los hechos y las conductas reconocidas por el exjefe paramilitar.