La representación jurídica de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que entregaría un listado con los nombres de mujeres que, presuntamente, habrían sido instrumentalizadas a cambio de contratos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Aunque todavía no hay una fecha definida para la radicación, esta podría realizarse este jueves o en los próximos días.
La denuncia se sumaría a la investigación penal que la Fiscalía abrió formalmente el pasado 23 de octubre de 2026 para esclarecer presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos en el DAPRE y otras entidades estatales durante esa administración. La indagación fue asignada a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien adelantará las labores probatorias con el apoyo de un equipo investigativo especializado.
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El expediente busca establecer si se presentaron anomalías en la contratación pública y si hubo instrumentalización de mujeres mediante posibles vínculos contractuales irregulares. Dentro del programa metodológico, el ente acusador ordenó las primeras citaciones para escuchar a personas que podrían aportar información sobre los hechos.
Entre las personas convocadas están las exdirectoras del DAPRE Angie Rodríguez y Laura Sarabia, además de otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. También está prevista la citación de Deicy Jiménez, quien hizo afirmaciones públicas relacionadas con la adjudicación de contratos estatales y presuntos favorecimientos que estarían vinculados con relaciones íntimas con el entonces mandatario.
El vicefiscal general, Gabriel Javier Guerrero, confirmó las primeras actuaciones dentro de la investigación. Las diligencias buscan recoger elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se habrían producido las contrataciones cuestionadas y determinar si existieron conductas que puedan tener relevancia penal.
Los señalamientos también incluyen reuniones particulares y eventos en la Casa de Nariño. Sobre este asunto, el actual director del DAPRE, Carlos Ríos, indicó ante el Congreso de la República que la cifra podría ascender a 48 mujeres involucradas, de las cuales cuatro estarían rindiendo versión ante esa dependencia gubernamental.
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Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para verificar posibles faltas relacionadas con acoso, violencia de género, extralimitación de funciones e irregularidades en la contratación estatal. Estas actuaciones disciplinarias avanzan por una vía distinta a la investigación penal de la Fiscalía.
Además, ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia penal contra Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos. La existencia de esta denuncia no implica que se hayan demostrado las conductas señaladas.
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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó a los organismos de control y de justicia a actuar con independencia, priorizar las investigaciones y garantizar la protección de las posibles víctimas.