Arturo Char sí irá a juicio: Corte ratifica la existencia de un presunto acuerdo para comprar votos

La Corte Suprema de Justicia ratificó la acusación y el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por su presunta participación en el entramado de compra de votos en Barranquilla. Al resolver el recurso de reposición presentado por su defensa, los magistrados concluyeron que no había razones para modificar la decisión adoptada a finales del año pasado y por eso Char deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado.

La defensa de Char sostuvo que la resolución de acusación estaba basada en una valoración errónea de las pruebas, especialmente de los testimonios de Aida Merlano, al cual, decían, le había otorgado un peso excesivo pese a las contradicciones en sus versiones y que, por otra parte, se habían omitido pruebas favorables al exsenador.

Sin embargo, la Corte revisó cada uno de esos cuestionamientos y concluyó que la defensa no logró demostrar errores en la valoración de las pruebas pues consideró que las declaraciones de Aida Merlano no eran el único sustento de la investigación, sino que estaban respaldadas por otros elementos de prueba y por diferentes testimonios analizados durante el proceso.

En su decisión emitida este martes, la Corte defendió la tesis ya formulada, en el que señalan a Char de integrar un entramado criminal diseñado para manipular el resultado de las elecciones al Congreso de 2018 mediante la compra masiva de votos.

“Como consecuencia de lo expuesto, y por no encontrarse respaldadas las censuras en la realidad procesal y probatorias que deriva de la actuación e incluso por carecer algunas de ellas de la mínima seriedad y fundamentación requeridas, estas no prosperan, razón por la cual se decidirá no reponer la decisión atacada”, expresó la decisión sobre los argumentos de la defensa para frenar el llamado a juicio.

La Corte reconstruyó los hechos, narrando que el acuerdo se habría concretado en octubre de 2017, cuando comenzaba la campaña para las elecciones legislativas. La Corte sostiene que Arturo Char habría pactado esa estrategia junto con Aida Merlano, el empresario Julio Gerlein, el entonces alcalde de Barranquilla Alejandro Char (hoy nuevamente en el cargo local) y la dirigente política Lilibeth Llinás.

“Arturo Char Chaljub, Aida Merlano Rebolledo, Julio Gerlein Echeverría, Alejandro Char Chaljub y Lilibeth Llinás Delgado acordaron configurar presuntamente una estructura delictiva encaminada, entre otros, a la comisión de delitos electorales, y concretamente a la compra de votos, con el fin de asegurar la elección de Aida Merlano Rebolledo como Senadora, la elección de Lilibeth Llinás Delgado como Representante a la Cámara y la reelección de Arturo Char Chaljub como Senador de la República”, describió la Corte.

Para los magistrados, no se trató simplemente de una alianza política o electoral sino de una organización que, presuntamente, utilizó mecanismos ilegales para garantizar esos resultados.

Allí, se identifican como fuentes de financiación los recursos aportados por el contratista Faisal Jacobo Cure Orfale, por el empresario Julio Gerlein y otros dineros atribuidos a Alejandro Char.

El corazón de esa estructura era la sede política conocida como Casa Blanca, en Barranquilla, donde además de funcionar las campañas políticas de Aida Merlano y Lilibeth Llinás, se coordinaban los equipos encargados de reclutar votantes, administrar los recursos y controlar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por quienes aceptaban vender su voto.

La Corte señala que el valor de cada voto oscilaba entre $50.000 y $90.000, los cuales eran pagados una vez se demostrara que el voto se había ejecutado según lo pactado.

cada caso. Esa forma de operar, demostraría que no se trataba de hechos aislados, sino de un sistema organizado, financiado y coordinado para influir de manera ilegal en los resultados electorales.

Como parte de los antecedentes, la Sala recuerda que el 11 de marzo de 2018 las autoridades allanaron la sede de Casa Blanca y encontraron abundante material relacionado con la compra de votos. Ese operativo dio origen a las investigaciones que posteriormente terminaron con la condena de Aida Merlano y con la apertura de procesos contra otros presuntos integrantes de la organización, entre ellos Arturo Char, ratificado este martes por la Corte.