Esta demanda fue presentada ante el alto tribunal por Skandia, Porvenir, Colfondos y Protección, a través de su apoderado judicial, quien pidió al Consejo de Estado decretar una medida cautelar de urgencia —suspensión provisional— sin traslado a la contraparte, al considerar que la norma podría generar efectos inmediatos e irreversibles mientras se decide de fondo su legalidad.
De acuerdo con la demanda, el decreto reglamenta el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, o reforma pensional que creó una “oportunidad de traslado” para afiliados que están próximos a pensionarse.
Sin embargo, las AFP aseguran que el Gobierno excedió esa facultad, pues la ley establece que los recursos de los afiliados deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta que se consolide la pensión, mientras que el decreto ordena su traslado en plazos de entre 15 y 30 días.
Las administradoras también advierten sobre el impacto económico de la medida, porque el traslado acelerado de recursos estimados en cerca de 24,5 billones de pesos obligaría a liquidar activos en condiciones desfavorables, lo que podría generar pérdidas significativas en los portafolios de inversión y afectar el ahorro pensional de millones de afiliados.
Por esta razón, las AFP solicitaron al Consejo de Estado intervenir de manera inmediata para evitar un perjuicio que califican como “cierto, grave e irreversible”, tanto para los afiliados como para el sistema pensional en su conjunto.
Este polémico decreto enfrenta una lluvia de demandas; incluso, en las últimas horas, el alto tribunal admitió para su estudio una de ellas.
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