El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó en Mañanas Blu las razones detrás del déficit fiscal que afronta el sistema público de pensiones para cubrir los pagos de fin de año.Según el dirigente gremial, el faltante responde a la diferencia entre las proyecciones presupuestales y el incremento definitivo del salario mínimo decretado para la vigencia 2026.El presupuesto inicial se construyó bajo la premisa de un ajuste cercano al 7.5 %, correspondiente a la inflación esperada más un punto porcentual. Sin embargo, el Gobierno nacional fijó un aumento del 23.7 %.Debido a que cerca del 60 % de las pensiones que paga Colpensiones corresponden al salario mínimo, el costo de estas mesadas se elevó en una proporción muy superior a la calculada.El gasto total en pensiones de salario mínimo en Colpensiones ronda entre 8 y 9 billones de pesos. Aunque la entidad recibe mayores ingresos por las cotizaciones de los trabajadores que ganan un mínimo más alto, la suma neta deja un déficit de 5 billones de pesos."Esa es nuestra estimación, pero se compensa con mayores cotizaciones por el salario mínimo que liquida el 16 % sobre un mínimo más alto. Entonces hay más cotizaciones, como usted bien dice, pero en neto quedan faltando 5 billones de pesos", explicó.Para financiar este hueco en los últimos tres meses del año, el Ministerio de Hacienda deberá reasignar partidas dentro del Presupuesto General de la Nación. Velasco aclaró que el pago de las pensiones es una obligación prioritaria en la ley colombiana, ubicada solo por detrás de la deuda pública."Yo no creo que lleguemos hasta un punto de afectación de los pensionados. Yo creo que la alerta que hace la ministra es una alerta que obviamente van a poder solucionar", señaló el dirigente de Asofondos.El impacto de este reajuste también alcanzó al Presupuesto General de la Nación presentado para 2027. La propuesta corregida del Ministerio de Hacienda incluyó 6.5 billones de pesos adicionales para atender las obligaciones del sistema pensional.Actualmente, Colpensiones desembolsa 80 billones de pesos anuales en mesadas dentro del régimen general. La mitad de esa suma se financia con transferencias directas del presupuesto provenientes de impuestos como el IVA y la renta, mientras que los otros 40 billones provienen del uso de cotizaciones y traslados de afiliados desde el régimen privado.Velasco dio un mensaje de tranquilidad a los adultos mayores al manifestar que "la nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión", aunque reiteró la necesidad de solucionar el problema fiscal del país.
El nuevo sistema pensional en Colombia se encamina de forma irreversible a entrar en vigencia el próximo 1 de abril, tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que respaldó la gran mayoría del articulado de la reforma.Andrés Velasco, presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones (Asofondos), en diálogo con Mañanas Blu, señaló que, aunque la Corte devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para subsanar vicios de forma en su trámite, "tenemos una reforma pensional que según el mandato de la corte tendrá que entrar en vigor el próximo año el primero de abril". El trámite legislativo y el Fondo del Banco de la RepúblicaA pesar de que el nuevo modelo basado en pilares ya es prácticamente un hecho, el Congreso de la República deberá discutir a contrarreloj las disposiciones devueltas por la Corte.Velasco aclaró que se trata de "temas de precisión administrativa operativa" que calificó como "relativamente marginales si se ponen en contexto con el cuerpo de la reforma".El Legislativo dispondrá de un mes para discutir estos artículos una vez se publique formalmente el fallo de la Corte.Por otro lado, el traslado de los ahorros pensionales desde los fondos privados hacia el sector público no se dará de manera inmediata. Velasco explicó que estos recursos "se trasladarán cuando el fondo ahorro del primer contributivo del Banco de la República se cree y empieza a funcionar". Mientras esto ocurre, las administradoras privadas continuarán con la gestión de esos capitales. Este fondo, concebido para evitar el manejo directo del gobierno, captaría en el corto plazo recursos cercanos al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y se proyecta que para los años 2060 o 2070 alcance aproximadamente el 15% del PIB.Alertas sobre sostenibilidad y pasivo pensionalEl presidente de Asofondo expresó serias dudas sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo del nuevo esquema, enfatizando que el modelo está excesivamente volcado hacia el reparto y no hacia el ahorro real.Velasco fue categórico al afirmar: "Colombia merece un sistema pensional mejor que el que teníamos y pero también un sistema mucho mejor que el que queda con la reforma 2381".De acuerdo con el gremio y con estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, los beneficios introducidos, las reducciones de semanas para mujeres y la ventana de oportunidad de traslado provocarán un fuerte incremento en los costos del sistema."La reforma nueva (...) aumenta el pasivo pensional. Es más costosa en términos del pasivo pensional", sostuvo Velasco, detallando que el pasivo total "realmente se esté cerca de que duplicando frente al escenario de que teníamos en la ley 100".Finalmente, el presidente de Asofondo ejemplificó el impacto del nuevo esquema basándose en lo que les dice a sus propios hijos de 17 y 15 años sobre su futuro.Escuche aquí la entrevista:
La discusión sobre el futuro del sistema pensional colombiano vuelve a estar en el centro del debate mientras la Corte Constitucional define el rumbo de la reforma pensional. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, planteó la necesidad de fortalecer el ahorro y revisar aspectos relacionados con la cobertura, la equidad y la sostenibilidad fiscal.Durante una charla con Mañanas Blu, Velasco sostuvo que el envejecimiento de la población representa uno de los principales desafíos para los sistemas basados en que los trabajadores actuales financien las pensiones de quienes ya están retirados. En ese sentido, defendió un modelo en el que el ahorro tenga un papel central.¿Qué propone Asofondos para una reforma pensional?Velasco explicó que, desde la perspectiva del gremio, una eventual reforma debería concentrarse en tres aspectos: cobertura, equidad y sostenibilidad. Actualmente, afirmó, la cobertura pensional en Colombia es cercana al 25 %.También cuestionó el funcionamiento del régimen de prima media y señaló que la relación entre cotizantes y pensionados seguirá reduciéndose por los cambios demográficos. “El único sistema pensional sostenible es el que está basado en el ahorro”, afirmó.El presidente de Asofondos aseguró que las cuentas individuales acumulan cerca de 570 billones de pesos, equivalentes a alrededor del 30 % del producto interno bruto, y consideró este resultado como una muestra del funcionamiento del ahorro individual.Frente a una eventual discusión de una nueva reforma en el Congreso, planteó recuperar la propiedad sobre el ahorro individual y permitir que los colombianos tengan mayor capacidad de elección sobre su futuro pensional.¿Cuánto debe ahorrar una persona para pensionarse?Otro de los puntos abordados fue el capital necesario para acceder a una renta vitalicia. Velasco señaló que actualmente se requieren cerca de 550 millones de pesos para obtener una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, frente a unos 350 millones que, según explicó, se requerían a finales del año anterior.A su juicio, este incremento está relacionado con una decisión sobre el salario mínimo y el llamado problema del deslizamiento.Velasco también sostuvo que el ahorro puede administrarse desde sistemas públicos, privados o híbridos. Para él, lo importante es que exista un esquema sostenible y que los recursos acumulados pertenezcan a los trabajadores.La discusión quedará ligada a la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional y al eventual escenario que se abra posteriormente en el Congreso.
A solo cuatro días de que venza el plazo para que miles de colombianos realicen sus traslados de régimen pensional, la plataforma de Colpensiones presenta graves fallas de estabilidad. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, manifestó una “preocupación enorme” debido a que los ciudadanos que están a menos de diez años de pensionarse podrían quedar fuera del proceso por problemas técnicos. Según Velasco, Colpensiones está realizando una migración de su centro de datos que ha generado indisponibilidad desde el primero de julio.“Desde principios de julio estamos identificando que al parecer ese proceso pues ha presentado problemas y Colpensiones ha estado indisponible en muchos periodos”, señaló el directivo, enfatizando que el sistema se encuentra inestable en momentos críticos para los usuarios. El cuello de botella de la doble asesoríaEl proceso para trasladarse requiere de una "doble asesoría" obligatoria para garantizar que el ciudadano esté bien informado. Velasco reportó que, de las 280,000 solicitudes de doble asesoría, cerca de 160,000 han logrado completar el traslado aprobado.Sin embargo, el problema radica en quienes intentan iniciar el trámite ahora y se encuentran con un sistema caído que impide incluso verificar la afiliación.El presidente de Asofondos describió las dificultades que enfrentan los asesores de las AFP privadas al intentar conectar con la administradora pública: “Cuando se está consultando la historia laboral, por ejemplo, hoy la historia laboral está inestable. El sistema se cae, se vuelve disponible, queda dando circulitos... y eso obviamente genera impaciencia y preocupación”.Planes de contingencia manuales en la era digitalAnte la imposibilidad de procesar las solicitudes digitalmente, Colpensiones ha propuesto recurrir a métodos físicos. Velasco criticó que se pretenda retroceder en la modernización del sistema: “Colpensiones dijo: 'vamos a empezar a hacer cosas manuales, o sea, hojas de papel y hacer autorizaciones'. Es un plan de contingencia que funciona, pero no es el deseable en un sistema como el colombiano que lleva funcionando más de 30 años de forma electrónica, telefónica o digital”. El líder gremial recordó que los sistemas del sector financiero son "hiperregulados e hipervigilados" y deberían ser robustos ante estas contingencias.Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional contempla “todas las medidas que sean necesarias” frente a la negativa de los fondos privados de pensiones de trasladar recursos a Colpensiones, en medio de la controversia jurídica que rodea la implementación parcial de la reforma pensional.Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Hacienda defendió la posición del Ejecutivo frente al traslado de 6,6 billones de pesos correspondientes a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y que actualmente reciben mesadas por parte de Colpensiones. Sus declaraciones se producen luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que reglamentaba dichos traslados.“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, afirmó Ávila.El choque entre Colpensiones y las AFPEl debate gira en torno al artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la iniciativa permanece bajo revisión de la Corte Constitucional, ese apartado sigue vigente y permitió que miles de afiliados solicitaran el traslado desde los fondos privados hacia Colpensiones.Según cifras entregadas por el ministro, en los últimos meses se han registrado más de 132.000 solicitudes de traslado, lo que equivale a “una persona cada dos minutos” pidiendo pasar al régimen público. De ese total, alrededor de 24.000 ciudadanos ya estarían siendo atendidos por Colpensiones, mientras que otros 8.000 habrían cumplido los requisitos para pensionarse.Ávila cuestionó duramente la postura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señalando que mantienen retenidos recursos que pertenecen a ciudadanos que ya no hacen parte de ese régimen.“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, cuestionó.Posible intervención y revisión administrativaAunque el ministro evitó confirmar una decisión concreta, dejó abierta la posibilidad de medidas extraordinarias respecto a los fondos de pensiones. “No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, respondió inicialmente, aunque reiteró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera adelantan revisiones detalladas sobre el manejo de los recursos pensionales por parte de las administradoras privadas.La declaración ocurre días después de que la Superfinanciera anunciara investigaciones administrativas relacionadas con el traslado de afiliados y los recursos correspondientes. El organismo informó que más de 32.800 afiliados ya consolidaron su derecho pensional, mientras que más de 24.000 reciben actualmente sus pagos desde Colpensiones.El tamaño del sistema pensionalDurante la entrevista, Ávila insistió en que los fondos privados administran actualmente cerca de 551 billones de pesos, una cifra superior incluso al Presupuesto General de la Nación para este año, calculado en 546 billones.“El Gobierno está pidiendo que trasladen apenas el 1,2 % de los recursos administrados”, señaló el ministro, quien calificó de “desproporcionada” la reacción de las AFP frente al requerimiento estatal.Asimismo, defendió el papel financiero del Estado en el sostenimiento del sistema público de pensiones. Según explicó, el Gobierno destina anualmente cerca de 33 billones de pesos para cubrir las obligaciones de Colpensiones, cuyo costo total ronda los 70 billones. “El Estado está colocando una cantidad muy grande de recursos para atender el sistema pensional”, enfatizó.La incertidumbre jurídica de la reforma pensionalEl panorama sigue marcado por la incertidumbre legal. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que ordenaba los traslados de recursos, mientras la Corte Constitucional aún no emite una decisión definitiva sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso.Pese a ello, el ministro defendió que actualmente la Ley 100 continúa vigente y que esa norma establece claramente que una persona no puede estar afiliada a un régimen mientras sus recursos permanecen en otro.Crece la presión sobre el sistema privadoLas declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las AFP. Desde sectores cercanos al Ejecutivo se insiste en que los fondos privados estarían generando un ambiente de desconfianza dentro del sistema pensional. Ávila incluso aseguró que la postura de las administradoras podría incentivar nuevos traslados hacia Colpensiones.“Están acumulando razones para que los cotizantes del sistema pensional tengan mayores motivos para hacer el traslado al sistema público”, advirtió. Mientras tanto, el Gobierno mantiene garantizado el pago de las mesadas para los pensionados ya trasladados, aun si persiste el bloqueo judicial sobre los recursos reclamados a las AFP.
En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y explicó la situación jurídica de los 5 billones de pesos que se encuentran en el centro de una disputa entre los fondos privados y el Gobierno nacional. Velasco enfatizó que, ante el reciente fallo judicial, el gremio priorizará la legalidad sobre las presiones del Ejecutivo.Cumplimiento de la ley y respeto a la justiciaLa controversia escaló luego de que el Consejo de Estado emitiera una orden temporal que suspende el traslado de estos recursos hacia Colpensiones, argumentando que el ahorro debe ser protegido. Velasco fue claro al señalar que la organización acatará la medida: “Una vez el Consejo de Estado detiene la aplicación del decreto, pues nosotros tenemos que cumplir la ley. (...) Así como nosotros íbamos a cumplir el decreto cuando el Consejo de Estado no se había pronunciado, pues una vez se pronuncia una alta corte, pues nos toca respetar lo que esa alta corte ha decidido hacer”. El directivo explicó que, antes de la intervención judicial, los fondos estaban preparados para realizar la transferencia, pero la orden del tribunal cambió el panorama legal de inmediato. “El Consejo de Estado da una orden que por ahora es una orden temporal que revisará de fondo y esa orden es que los recursos deben continuar siendo ahorrados”, afirmóLa defensa del ahorro frente al gasto corrienteUno de los puntos de mayor fricción radica en el destino de los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen. Velasco argumentó que, bajo la nueva lógica de la reforma pensional (Ley 2381), estos recursos no deben gastarse inmediatamente para cubrir pasivos, sino preservarse.“La realidad es que la lógica de ahorrar sí es una lógica que es mucho más poderosa desde el punto de vista de la conveniencia nacional y por eso nosotros recibimos con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de proteger estos recursos de ahorro”.Según el presidente de Asofondos, el modelo anterior de la Ley 100 permitía que el dinero de los traslados entrara a una "bolsa común" y se gastara de inmediato, generando una deuda futura para la nación.En contraste, defendió que mantener el ahorro individual es técnicamente más sano para la economía nacional.Respuesta a los ataques de PetroAndrés Velasco también se refirió a los calificativos del presidente Petro, quien tildó a los fondos de "ladrones" y "vampiros". Al respecto, manifestó: “Da mucho dolor y rabia que lo traten a uno así. Yo creo que hay una salida de proporciones en el lenguaje”. Asimismo, desmintió categóricamente los rumores sobre el manejo irregular de divisas o que el dinero se encuentre fuera del país para beneficiarse de la tasa de cambio. Finalmente, Velasco envió un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las mesadas de los 25,000 colombianos que se trasladaron recientemente. Explicó que Colpensiones cuenta con recursos suficientes provenientes de otros 105,000 cotizantes que también se trasladaron bajo la misma ley y que aún no se han pensionado. Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en entrevista con Néstor Morales en En medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes por las decisiones relacionadas con la reforma pensional y otros temas de alto impacto político, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó distancia frente al tono utilizado desde algunos sectores del Gobierno y aseguró que preferiría “otro tono” en las discusiones públicas entre las ramas del poder.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que el ambiente institucional atraviesa un momento complejo, aunque insistió en que las relaciones entre el Ministerio y las cabezas de las cortes continúan siendo “armónicas, fluidas y respetuosas”.Las declaraciones del ministro llegan luego de varios pronunciamientos del presidente Petro contra magistrados y jueces, especialmente por las decisiones judiciales que frenaron aspectos relacionados con el traslado de recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.“Preferiría que el lenguaje fuera en otro tono”Cuervo admitió que no comparte el nivel de confrontación pública que se ha evidenciado en los últimos días y sostuvo que las diferencias jurídicas deben tramitarse mediante argumentos y recursos legales, no a través de ataques personales.“Yo preferiría que el lenguaje institucional de todos los que hacemos parte del Gobierno fuera en otro tono”, afirmó el ministro durante la conversación radial.El funcionario explicó que, aunque tiene profundas diferencias jurídicas frente a algunas decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la reforma pensional, considera que la vía correcta es acudir a mecanismos institucionales.“Uno puede ser muy duro con los argumentos en el ámbito jurídico, pero yo sí creo que el tono de la discusión a nivel público y a nivel personal debe ser distinto y siempre orientado a preservar la armonía institucional entre las ramas del poder público”, señaló.La controversia por los fondos pensionalesUno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la suspensión del traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, tema que ha generado un fuerte choque entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado.Cuervo explicó que existen dos escenarios distintos dentro de la controversia jurídica. El primero corresponde a ciudadanos que todavía no consolidan los requisitos para pensionarse y cuyos recursos continúan administrados por los fondos privados. Sobre ese punto, aseguró que la decisión judicial le parece razonable.Sin embargo, expresó reparos frente al segundo auto del Consejo de Estado, relacionado con personas que ya consolidaron edad y semanas para acceder a la pensión tras acogerse a la denominada “ventana de oportunidad”.“Es apenas lógico que si usted se trasladó y ya le van a tener que pagar su pensión porque consolidó su edad, pues esa plata tiene que estar en Colpensiones”, sostuvo el ministro.El titular de Justicia cuestionó además que el Consejo de Estado haya utilizado normas de la reforma pensional que actualmente se encuentran suspendidas por la Corte Constitucional.“Eso jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Cuervo al referirse a la decisión judicial.Relaciones con las cortes y la Fiscalía siguen “fluidas”A pesar de la tensión política, el ministro insistió en que el trabajo institucional continúa desarrollándose con normalidad. Según explicó, recientemente sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y la fiscal general.“En lo que tiene que ver con mi relación como ministro de Justicia con las cabezas de las altas cortes y con la fiscal sigue siendo armónica y fluida y respetuosa”, indicó.Cuervo señaló que su papel dentro del Gobierno consiste precisamente en facilitar el diálogo entre las ramas del poder público y contribuir a la construcción de consensos, especialmente en momentos de polarización política.El ministro también recordó que recientemente participó en discusiones relacionadas con la jurisdicción agraria en el Congreso, donde ayudó a acercar posiciones entre distintas bancadas.Debate por órdenes de captura y paz totalOtro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia sobre la suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total del Gobierno.Cuervo explicó que la Fiscalía busca mayores garantías y pruebas sobre la voluntad de desmovilización de los integrantes de esas estructuras antes de proceder con la suspensión de las órdenes judiciales.“El problema es de aquí al 26 de junio porque la Fiscalía pide más evidencia de lo que exige la ley: voluntad de desmovilización”, detalló el ministro.El funcionario precisó que situaciones similares ya ocurren con otros actores armados, como alias “Araña” y miembros del grupo Comuneros, cuyos procesos también contemplan beneficios condicionados dentro de las negociaciones de paz.
En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de 5 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Según Velasco, esta medida protege el ahorro de los colombianos y asegura el cumplimiento de la ley vigente. Protección del ahorro frente al gasto corrienteEl debate central gira en torno a los recursos de aproximadamente 120.000 colombianos que utilizaron la "ventana de oportunidad" para trasladarse de régimen. Velasco fue enfático en señalar que, bajo el marco de la nueva Ley 2381, estos recursos no deben usarse para pagos inmediatos. "Lo que dice la ley... es que esos recursos debían ahorrarse... la ley 23. 81... dice literalmente que los recursos son para ahorrarse, no para pagar pensiones en el corto plazo", afirmó el directivo.Frente a las críticas que sugieren que los fondos privados retienen el dinero para beneficio propio, Velasco aclaró que estas instituciones no lucran con el stock de capital acumulado. "Nosotros no cobramos sobresaldo... El hecho de que a nosotros nos hayan dejado esos recursos implica costos para los fondos de pensiones, no implica ganancias", explicó, detallando que su modelo de negocio se basa en comisiones por cotización y no por la administración del saldo estancado.La alerta por un "hueco fiscal" autoinfligidoUno de los puntos más críticos de la intervención de Velasco fue su análisis sobre la situación financiera del Gobierno y Colpensiones. El presidente de Asofondos sugirió que el interés del Ejecutivo por estos recursos responde a una necesidad de liquidez para cubrir errores de presupuesto.Velasco señaló que el Gobierno calculó el gasto pensional para 2026 basándose en una inflación proyectada del 7.5%, pero el incremento del salario mínimo fue muy superior. "Tienen un hueco creado por ellos mismos, por este mismo gobierno de más o menos entre 7 y 9 billones de pesos", advirtió.En este contexto, el directivo sostuvo que el traslado de los 5 billones no es una solución técnica, sino un intento de "disponer de unos recursos que están destinados por ley al ahorro para solucionar un problema fiscal"-Sostenibilidad y el llamado a la Corte ConstitucionalPara Asofondos, el sistema de ahorro es la única vía para garantizar pensiones futuras debido a la transición demográfica. Velasco recordó que hoy se necesitan siete personas cotizando por cada pensionado, pero en 15 años esa cifra caerá a tres. "Lo único que tenemos es ahorro y por eso la ley... se aseguró que estos recursos eran para el ahorro", subrayó. Finalmente, Velasco hizo un llamado a la seguridad jurídica y a la espera de un fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre la ley de reforma pensional.Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Mañanas Bu, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, envió un mensaje de tranquilidad a los miles de colombianos que recientemente se trasladaron de los fondos privados al régimen público. Ante la incertidumbre generada por la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado, Dussán aseguró que los pagos están garantizados: “Claro que van a recibir el pago de la pensión porque ya la decretamos”. PagosA pesar de la pugna jurídica, Dussán explicó que Colpensiones cuenta con la liquidez necesaria para responder por las mesadas de mayo, junio, julio y el resto del año. Según el funcionario, la entidad se apoya en el Presupuesto General de la Nación, que para este rubro supera los 35 billones de pesos, además de los aportes de los afiliados actuales. Sin embargo, advirtió que la decisión del magistrado del Consejo de Estado afecta la operatividad prevista. “La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano en cuanto impide el traslado a la administradora colombiana de pensiones de los recursos correspondientes”, señaló Dusán, refiriéndose a los cerca de 5 billones de pesos que los fondos privados (AFP) deben girar por las personas que ya consolidaron su derecho pensional.Los 5 billones de pesosTodo radica en el traslado de recursos de aproximadamente 20,000 a 36,000 personas que hicieron uso de la "ventana de traslado" y ya tienen derecho a su jubilación. Dussán sostiene que, aunque el decreto esté suspendido, la obligación de los fondos privados persiste bajo la Ley 100 y el artículo 76 de la Ley 2381.“Esa plata es de ellos [los pensionados] y como ellos tienen los recursos para pagar las pensiones, nosotros adelantaremos las acciones necesarias”, afirmó el presidente de Colpensiones. Dussán cuestionó la postura de las administradoras privadas y de Asofondos, calificando de "irresponsables" algunas afirmaciones sobre la falta de claridad en las cuentas y enfatizando que “los fondos privados de pensiones deben pagarle esos recursos a Colpensiones”.Recursos legales y el futuro de la reformaPara revertir la suspensión, el Gobierno Nacional presentará un recurso de súplica ante la sala del Consejo de Estado, buscando que se habilite nuevamente el decreto que permitía a los fondos pagar la deuda mediante títulos de tesorería (TES) ante la falta de efectivo. Dusán concluyó haciendo un llamado a la celeridad judicial: “Esperamos que la Corte Constitucional falle rápidamente la vigencia de la ley y que la sala del Consejo de Estado corrija la decisión”. Mientras se resuelven estos "entuertos" jurídicos, el presidente de la entidad reiteró que el sistema no colapsará y que buscará mantener la sostenibilidad mediante el cobro de lo que considera una obligación legal clara de los fondos privados.Escuche aquí la entrevista:
La discusión alrededor de la reforma pensional volvió luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciara un nuevo recurso de súplica tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que ordenaba el traslado anticipado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones. En medio de la controversia, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, respondió a las advertencias del Gobierno sobre un supuesto riesgo en el pago de pensiones y aseguró que “los recursos existen” y que el sistema tiene cómo responderles a los pensionados.Velasco defendió la decisión del Consejo de Estado y afirmó que los recursos involucrados corresponden al ahorro de los colombianos y no pueden ser utilizados libremente. Según explicó, el decreto suspendido obligaba a trasladar cerca de 5 billones de pesos relacionados con personas que aprovecharon la llamada “ventana de traslado” contemplada en la reforma pensional. “El Consejo de Estado tomó la decisión de proteger estos recursos que, desde la ley que el mismo Gobierno tramitó, están destinados a ahorrarse”, sostuvo el dirigente gremial.Frente a las declaraciones del Ministerio de Trabajo sobre posibles dificultades para pagar las mesadas de unas 20.000 o 25.000 personas ya pensionadas tras esos traslados, el presidente de Asofondos negó que exista un riesgo financiero. Explicó que mientras las pensiones de ese grupo cuestan alrededor de 450.000 millones de pesos al año, las más de 100.000 personas restantes que también se trasladaron continúan cotizando en Colpensiones y aportan cerca de 600.000 millones de pesos anuales.“Decir que no hay plata para pagarles no tiene ningún sentido”, afirmó Velasco, quien recordó que el sistema público recibe recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación para cubrir su déficit estructural.Velasco también aprovechó para advertir sobre la situación financiera de Colpensiones y aseguró que el sistema público actualmente depende en buena parte de los recursos del Estado. Indicó que las pensiones administradas por Colpensiones cuestan cerca de 75 billones de pesos anuales y que aproximadamente 35 billones deben ser cubiertos por la Nación. “Siempre estamos dispuestos a conversar, pero tenemos que cumplir la ley”, concluyó, al insistir en que la suspensión del decreto busca proteger el ahorro pensional de los colombianos.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias."Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse."La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.
Alerta ambiental en Santa Fe de Antioquia por la muerte de decenas de peces en el río Tonusco. Autoridades en el Occidente antioqueño investigan las causas de la mortandad que ha generado preocupación entre la comunidad.Las autoridades en el municipio de Santa Fe de Antioquia se encuentran en máxima alerta debido a la masiva mortandad de peces que se reportó en los últimos días en el río Tonusco en donde misteriosamente comenzaron a aparecer muertas algunas especies.Aunque aún no se conoce con exactitud qué ocurrió en el afluente y si la lamentable situación se reportó por los bajos niveles de agua o por la presencia de algunos elementos tóxicos en el río, avanza la investigación de los expertos para determinar qué pasó con exactitud.A la espera de los resultados exactos que arrojen las autoridades ambientales que están al frente del caso, los comerciantes y personas del común en Santa Fe de Antioquia han mostrado su preocupación por la muerte de los peces que en muchas ocasiones suelen ser el sustento de decenas de familias en esta zona del Occidente antioqueño.Sin embargo, no es la única situación que ocurre en el municipio con la fauna, ya que en articulación con la Inspección de Policía, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos, se realizó la aprehensión preventiva de 18 semovientes en el sector Los Tendidos.Según se ha conocido, los animales quedaron bajo disposición y custodia de la Administración Municipal, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para determinar si se configura una conducta constitutiva de maltrato animal.
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.