La petición de Asofondos a la Corte ad portas de que defina el futuro de la reforma pensional

En una misiva de 5 páginas firmada por el presidente del gremio, Andrés Mauricio Velasco, dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, le está pidiendo al alto tribunal que considere modular los efectos de un eventual fallo de inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024 conocida como la reforma pensional, esto, para evitar impactos graves en el sistema financiero y en el ahorro de más de 110.000 afiliados que se trasladaron de régimen durante la ventana especial creada por la norma.Según cifras entregadas por Asofondos, a 20 de octubre de 2025 110.035 afiliados se trasladaron de una Administradora de Fondos de Pensiones a Colpensiones, mientras 3.643 hicieron el movimiento contrario.Aunque sus saldos continúan en las cuentas individuales administradas por las AFP como lo ordena el decreto 514 de 2025, estos recursos deberían girarse en el futuro al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República, hoy suspendido por decisión de la Corte.El gremio alertó que, si Colpensiones debe recibir de inmediato los recursos en caso de caer la ley, se desencadenaría una liquidación masiva de activos, que incluso hablan de sobre los posibles efectos fiscales.“Una transferencia de $25 billones desde los fondos privados a Colpensiones podría generar un alivio fiscal inmediato, pero a costa de la sostenibilidad futura del sistema pensional y de las finanzas públicas. En el corto plazo, estos recursos reducirían temporalmente el déficit de Colpensiones y, por ende, la transferencia que el Gobierno debe efectuar en 2026, liberando fondos para otros usos presupuestales”, señaló Asofondos.Finalmente, Asofondos señaló que la medida podría ser temporal, mientras el Gobierno expide una regulación que defina la forma técnica y legal del traslado, garantizando la estabilidad del mercado de valores, la sostenibilidad del sistema y la protección del ahorro de los trabajadores.Lo que pidió Asofondos en caso de que la reforma pase su examen de constitucionalidadEste pidió a la Corte que, si declara la ley ajustada a la Constitución, disponga que las normas suspendidas entren en vigor el primer día calendario dos meses después de la sentencia definitiva. Esto, aseguró, permitiría una implementación ordenada de la reforma y garantizaría la protección de los afiliados tanto del régimen actual como del nuevo sistema contributivo.La asociación en ese momento reiteró al alto tribunal que una definición clara sobre la fecha evitará incertidumbre jurídica, facilitará la coordinación interinstitucional y permitirá culminar los ajustes tecnológicos y operativos que quedaron en pausa tras la primera decisión que tomo la Corte Constitucional de devolver la pensional a la Cámara para subsanar el vicio de trámite que encontró.