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El senador Benedetti asegura que estas decisiones de la justicia que calificó de arbitrarias y manchadas con tinte político están generando daños irreparables, no solo patrimonial sino moralmente.
El senador inicia su mensaje al magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia asegurando que quiere enumerarle una serie de irregularidades en su proceso que atentan contra su fuero como congresista e incluso, dice Benedetti, contra principios constitucionales.
El senador dice que la extinción de dominio aplicada a 8 de sus bienes es un proceso rodeado de arbitrariedades y la acusación más sería la hace contra la Fiscalía al decir que se trata de una medida de carácter personal, evidentemente tomada en su contra.
“Su argumentación se concentra y se dirige a reprochar mi conducta en lugar de verificar la procedencia o destinación ilícita de los bienes, lo cual denota una argumentación tendenciosa que minimiza la falta de fundamentos fácticos y jurídicos”, argumenta el senador Benedetti.
Benedetti también cuestiona directamente a la corte y al génesis de esa medida asegurando que es la primera vez que una magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsa copias para que se adelante un proceso de Extinción de Dominio en contra de los bienes que tiene un senador sin tomar una decisión de fondo en el caso.
Paso seguido, el senador dice que no se han tenido en cuenta las pruebas que lo favorecen y que la Fiscalía decidió adelantar este proceso de extinción de dominio basándose en una denuncia de particulares.
Agregó que no ha existido en el proceso un análisis probatorio riguroso y que el silencio del fiscal Francisco Barbosa sobre el “abundante” material probatorio que según el senador existe a su favor pretende hacer incurrir en error a los magistrados.
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“Resulta peligroso que el Ente Investigador soporte un proceso únicamente en manifestaciones de particulares, máxime cuando éstas se realizan en contra de un Senador quien por su labor se encuentra expuesto a contiendas e intereses políticos los cuales suelen valerse de instrumentos legales, como la acción de Extinción de Dominio, para tomar represalias por su actividad política”, añadió.
“De tal suerte, se contagia a la Administración de Justicia impregnándola de un interés más político que jurídico”, agregó.
El senador cierra la carta asegurando que con decisiones así “se quiebra la independencia y la autonomía de un funcionario de oposición”
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“Para que no pueda ejercer las labores que me han sido encomendadas, sin ser afectado por interferencias indebidas provenientes de intereses extra jurídicos”, añade.
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