Cámara aprueba proyecto que evitaría excarcelación masiva de presos
El proyecto de ley les daría un año más a los jueces y fiscales para definir la situación jurídica de los condenados por delitos graves.
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La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que evitaría la excarcelación masiva de presos por delitos graves, ya que les daría un año más a los jueces y fiscales para definir su situación jurídica.
El fiscal general encargado, Jorge Perdomo, entregó las cifras de los presos que saldrían libres si no se aprueba este proyecto en la plenaria de Senado. "Se discriminan de la siguiente manera: 997 investigados por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 1053 investigados por actos sexuales con menor de 14 años, 1907 por homicidios, 1528 por concierto para delinquir, 2694 por porte ilegal de armas, 2913 por tráfico de estupefacientes, 531 personas por extorsión y otros casos", explicó.
El debate
La representante a la Cámara del Centro Democrático y ponente del proyecto, María Fernanda Cabal, defendió la propuesta argumentando que las víctimas no quieren ver a sus victimarios en la calle y responsabilizó al ente acusador por no definir la situación de miles de presos.
"La culpa la tiene la Fiscalía General de la Nación. Tenía aquí una 'lobbista' permanente con quien consiguió miles de millones de pesos para hacer, supuestamente, la modernización de la Fiscalía. Y, ¿dónde está esa modernización? El trabajo que le ofrece la Fiscalía a la sociedad es de un 95 por ciento de impunidad", dijo.
El fiscal general encargado, Jorge Perdomo, respondió a las críticas y explicó que es imposible cumplir con los plazos porque ninguno depende de la Fiscalía.
"Nosotros, para cumplirlos, hicimos lo que estaba en nuestras manos. Lo que pasa es que en el procedimiento penal intervienen los jueces penales y también tienen unas cargas laborales, unas planeaciones que ha hecho imposible que estos plazos se cumplan", señaló Perdomo.
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El representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe, calificó este proyecto como una "alcahuetería" y advirtió que atenta contra los derechos de los inocentes privados de la libertad.
El fiscal propuso que los jueces de control de garantías decidieran sobre el levantamiento de la medida de aseguramiento, sin embargo, la plenaria negó la propuesta.