Recusan a la juez 38 de Control de Garantías de Medellín en el caso Metroparques
La defensa del exfuncionario Álvaro Villada recusó a la Juez 38 Penal Municipal de Medellín, argumentando una posible falta de imparcialidad en el proceso por presuntos hechos relacionados con Metroparques y el Parque de las Aguas.
Metroparques es una de las entidades sobre la que los entes de control ya avanzan en investigaciones.
La defensa técnica del señor Álvaro Villada, representada por el abogado Kevin Alejandro Giraldo Camacho, informó que fue presentada una recusación formal contra la Juez 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro del proceso judicial relacionado con los presuntos hechos de Metroparques Medellín y el Parque de las Aguas.
Motivos de la recusación
De acuerdo con la defensa, la solicitud se fundamenta en que la funcionaria judicial ya había intervenido previamente en el proceso, al otorgar legalidad al principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a la señora Laura Mejía Higuita, quien es considerada la principal testigo de cargo.
Según se explicó, la señora Mejía Higuita confesó la comisión de ciertos delitos, pero actualmente se desempeña como empleada de la Contraloría General de Antioquia, lo que —según la defensa— podría permitirle acceso a información sensible del proceso y la posibilidad de interferir o manipular datos relevantes. Este hecho también será objeto de denuncia ante las autoridades competentes.
17 hectáreas del Parque de las Aguas
Área Metropolitana
Cuestionamientos sobre la imparcialidad
La defensa argumenta que la jueza recusada realizó una valoración anticipada de elementos materiales probatorios que aún no han sido plenamente conocidos ni controvertidos por las partes, lo que afectaría el principio de igualdad procesal.
Se enfatiza que la imparcialidad judicial no solo exige la ausencia de sesgos reales, sino también la garantía de que no exista duda razonable sobre la objetividad del juez.
Además, se resalta que, pese a existir más de cincuenta jueces con funciones de control de garantías en Medellín, el caso fue asignado nuevamente al mismo despacho que ya había evaluado aspectos estructurales del expediente. Para la defensa, esta situación podría comprometer la apariencia de independencia judicial y el principio del juez natural, considerado pilar del debido proceso.
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Foto creada con ImageFX
Contexto político y garantías procesales
Otro de los puntos expuestos por la defensa es la vinculación laboral que la testigo habría tenido con el partido político del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
En un contexto de alta sensibilidad pública, se advierte que determinados pronunciamientos podrían afectar la presunción de inocencia de los investigados y generar percepciones de carácter político en una causa judicial que, según la defensa, debe mantenerse al margen de cualquier interés electoral.
Acciones adicionales
El abogado defensor anunció que se pondrán en conocimiento de las autoridades competentes las presuntas irregularidades detectadas y se activarán todos los mecanismos legales necesarios para garantizar los derechos fundamentales de su representado, reiterando su compromiso con un proceso ajustado estrictamente a la Constitución y a la ley.