Por posibles irregularidades en contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bolívar, el CTI de la Fiscalía capturó a cuatro personas.
Se trata de Olga Lucía Pérez Gutiérrez, de Prociencia, Flor Elena Pérez Gutiérrez, Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, hijos de la citada tesorera, quienes son investigados por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
Según la investigación, se habrían presentado anomalías en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 del 30 de diciembre de 2014 por valor de $7.818’524.064, suscrito por el Icbf y la Fundación Prociencia, cuya representante legal es Olga Lucía Pérez Gutiérrez. Este contrato tenía como objeto prestar atención integral a 3.744 menores de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.
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Sin embargo, los investigadores evidenciaron la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada a los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000).
“Tal apropiación se habría hecho mediante el cobro al Icbf de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades de la representante legal de la fundación y la tesorera de la fundación”, se expuso en la audiencia.
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Aunque en el año 2016 un juzgado los dejó en libertad, un juez en segunda instancia revocó esa decisión.
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