En medio de la atención pública que rodea el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aclaró las circunstancias en las que un menor de 17 años, presuntamente con información clave del caso, abandonó el centro de protección donde se encontraba bajo custodia.
Astrid Cáceres, directora del ICBF, explicó en entrevista con Recap Blu que el adolescente “llegó de manera voluntaria” a las autoridades para aportar información relacionada con el caso. “No estamos hablando de un adolescente judicializado, ni siquiera en calidad de testigo. Lo que entendemos es que dio una declaración y quedó bajo nuestra custodia porque no tenía un adulto responsable y era un migrante no acompañado”, afirmó.
El joven fue ingresado al proceso de restablecimiento de derechos y alojado en un centro de emergencia del ICBF, donde, según el protocolo, debía permanecer máximo una semana mientras se determinaba si podía ser reunificado con su familia o asignado a un hogar sustituto. Sin embargo, el lunes 28 de julio, a las 11:20 p. m., el menor se evadió del lugar, aparentemente acompañado por otros dos adolescentes.
Frente al uso del término “fuga” por parte de medios y autoridades, Cáceres fue enfática: “Él no estaba bajo una medida de privación de libertad. No se trataba de una captura ni de una entrega judicial. Hay que tener cuidado con los términos, porque el chico puede sentirse perseguido y eso pone en riesgo su voluntad de colaborar”.
Actualmente, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia adelantan la búsqueda del menor, activando rutas que incluyen terminales de transporte, lugares frecuentados por jóvenes en situación de calle y posibles contactos familiares. “Esperamos que si el chico se entera, sepa que no lo estamos buscando para judicializarlo, sino para apoyarlo, protegerlo y retomar su proyecto de vida”, agregó la directora.
En paralelo, Cáceres informó que el adolescente de 15 años señalado como autor material del atentado contra Uribe permanece bajo custodia de las autoridades en el búnker de la Fiscalía y recibe acompañamiento del ICBF. “Se está trabajando en su formación, en su salud mental y en restablecer su derecho a la educación”, puntualizó.
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