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Los jueces Miguel Roberto López Prada y Marcela Higuera Peña, decretaron medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Supersalud a la EPS Comparta, atribución que le correspondería a un tribunal judicial.
En tan solo unas horas, López e Higuera frenaron la distribución de afiliados, que iba a adelantar el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS que sí se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento.
Los demás jueces, que recibieron otras 40 tutelas, sí atendieron el mandato legal y trasladaron las acciones de amparo a los tribunales por ser de su competencia.
BLU Radio estableció varias situaciones que llaman la atención alrededor de este proceso de liquidación, por ejemplo, las tutelas presentadas tienen el mismo formato y sus argumentos son exactamente los mismos.
Además, llama la atención para la Superintendencia de Salud que la presidenta de la junta directiva de Comparta EPS, hoy removida, es precisamente oriunda del municipio de Málaga, donde se presentaron estas decisiones.
Por estas acciones, en este momento 1,5 millones de afiliados, principalmente población vulnerable que requieren una atención oportuna, quedaron en el limbo, sin tener quien los atienda.
De acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutelas dirigidas, entre otros, contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con intervención para administrar o liquidar, deben ser conocidas por los tribunales superiores de distrito judicial o los tribunales administrativos, situación que desconocieron abierta e ilegalmente los jueces.
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Cinco años bajo vigilancia y deterioro
La EPS Comparta presentaba casos en donde los pacientes debían esperar más de un año y medio la entrega de medicamentos vitales.
Incluso, se tiene evidencia que debido a su deterioro, murieron esperando la autorización de sus tratamientos o de procedimientos urgentes, a pesar de contar con fallos de tutelas a favor.
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Durante los últimos cuatro años, Comparta acumuló 24.500 tutelas y fue notificada de 10.321 desacatos.
Sus indicadores financieros venían en picada y para abril de este año, tenía deudas con su red de prestadores por 680 mil millones de pesos.
En el último año y medio, la Superintendencia de Salud impuso multas contra su exrepresentante legal, Mónica Hernández, por $666 millones, como resultado del incumplimiento a las instrucciones impartidas y el no reporte de la información financiera.
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