Continúa la controversia alrededor del caso de Kevin Acosta, un menor diagnosticado desde los nueve meses con hemofilia severa, quien falleció después de una caída de su bicicleta, por la falta de suministro oportuno de medicamentos y las demoras que se habrían presentado en su atención médica.
Hasta el momento, con la fiscal Fabiola Alexandra Obando Rodríguez al frente de la investigación, se había avanzado en la radicación de la imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra cuatro exintegrantes de la Nueva EPS: el entonces interventor Luis Óscar Galves Mateus, el auditor de concurrencia y gerente regional Nelson Ramírez Plaza, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. Sin embargo, la audiencia de imputación no se ha podido realizar debido a varios aplazamientos.
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De manera paralela, la fiscal compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigara al expresidente Gustavo Petro por el posible delito de homicidio culposo en calidad de garante, relacionado con la intervención de la Nueva EPS desde abril de 2024 y las presuntas omisiones en el control del tratamiento del menor.
La compulsa también incluyó una solicitud para investigar una posible violación de datos personales agravada, relacionada con declaraciones realizadas por Petro el 17 de febrero de 2026, en Uribia, La Guajira, en las que habría divulgado datos reservados de la historia clínica del menor para atribuir responsabilidad a su madre.
Fuentes al interior del ente acusador y cercanas a la fiscal Obando señalaron que la funcionaria llevaba alrededor de diez años en la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, con experiencia en investigaciones relacionadas con omisiones, negligencia y responsabilidad médica. También indicaron que es especialista en derecho médico y que ha participado en procesos clave contra instituciones de salud , entre ellos casos relacionados con la Fundación Cardioinfantil y la Clínica Shaio, logrando la prevención de casos similares en pacientes pediátricos.
Las mismas fuentes aseguraron que la fiscal tuvo que enviar un correo al director de la seccional Bogotá, para conocer la dependencia a la que había sido asignada. Posteriormente, tras conocer la resolución mediante la cual se dispuso su reemplazo, fue notificada de la decisión administrativa.
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En el documento se señala que “resulta procedente disponer la reubicación de los servidores relacionados en el presente acto administrativo, con el propósito de atender de manera prioritaria, necesidades institucionales identificadas, optimizar la distribución del talento humano disponible, fortalecer la capacidad operativa de las dependencias involucradas y garantizar la prestación eficiente, continua y oportuna del servicio público a cargo de la Fiscalía General de la Nación, asegurando el cumplimiento eficaz de las funciones constitucionales y legales asignadas a la Entidad”.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la decisión no habría sido bien recibida por la fiscal debido a la falta de una comunicación directa sobre el proceso y las razones concretas del cambio.
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La representación de las víctimas manifestó su preocupación por el momento en que se produce el movimiento administrativo y pidió garantías para que la investigación mantenga su continuidad.
“Este movimiento administrativo despierta interrogantes sobre la continuidad de las diligencias, particularmente porque el caso dio lugar a una compulsa de copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que se examinara la posible responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras. La Fiscalía tiene la obligación de garantizar que este caso avance con plena autonomía e independencia. Ninguna circunstancia administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas”, manifestó el abogado Wilson Ruiz.
Por su parte, Manuel Villanueva, apoderado de las víctimas, también cuestionó el cambio y reclamó que las actuaciones judiciales no pierdan continuidad.
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“Nos preocupa profundamente que se produzcan movimientos dentro de la Fiscalía en un momento tan delicado para el caso. Estamos hablando de la muerte de un niño y del derecho de su familia a conocer toda la verdad. No vamos a permitir que las actuaciones judiciales pierdan continuidad ni que se genere incertidumbre sobre una investigación que debe avanzar sin presiones, independientemente de las personas que puedan resultar comprometidas. Exigimos garantías reales para las víctimas y explicaciones claras sobre esta decisión”, señaló.