La Corte Constitucional solicitó a distintas entidades judiciales y administrativas la remisión urgente de pruebas fundamentales en el marco de los procesos por presuntos actos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El requerimiento fue ordenado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente en el expediente D-15989, que analiza la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional, una de las reformas sociales bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre las pruebas solicitadas, el alto tribunal le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia copia de las declaraciones e interrogatorios de exfuncionarios de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como documentos relacionados con la medida de aseguramiento contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.
Además, la Corte Constitucional solicitó el envío de declaraciones de los seis congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que fueron salpicados por Olmedo López y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda, y exasesores del Dapre.
“Copia de las declaraciones de Jaime Ramírez Cobo (ex asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Carlos Ramón González (exdirector del Dapre y de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI), Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), así como la declaración del exsenador Pedro José Castro Espinosa”, se lee en el documento de la Corte.
También se incluye la sentencia que condenó al exsubdirector Pinilla a cinco años y ocho meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía, así como la reciente resolución sobre la situación jurídica que resultó con la orden de captura de los senadores Iván Name y Andrés Calle.
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Las capturas efectuadas contra el expresidente del Senado Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, revela la magnitud de la corrupción que se gestó al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En los argumentos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para ordenar la detención de Calle y Name, tiene como sustento las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes relataron con detalles de circunstancias de modo, tiempo y lugar, la forma en la que se hizo la entrega del dinero a cada uno de ellos, por decisión de lo que llamaron el “cónclave”, o reunión de funcionarios del gobierno del Presidente Gustavo Petro, para “aceitar” el trámite de las reformas sociales en el Congreso.
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Ahora, en el robusto documento de la Sala de Instrucción Iván Name y Andrés Calle, representan un “peligro para la comunidad” porque a su juicio “mostraron un posible irrespeto en la preservación y garantía de los derechos más esenciales de quienes la integran, actuando al parecer, sin ningún límite, para afectar el bien común en procura de la satisfacción de sus propios intereses y apetencias”, señala el auto.
Según Sneyder Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción.
La Corte Constitucional es clara en señalar en su petición a los distintos organismos, que toda la información entregada será manejada con reserva, dado que forma parte de investigaciones activas adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
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