La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y vínculo mediante indagatoria a la exsenadora Sandra Elena Villadiego Villadiego y el exrepresentante a la cámara Raymundo Elías Méndez Bechara, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.
La exsenadora y el exrepresentante son investigados porque presuntamente habrían influido ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de que se destinaran partidas recursos que les habían sido asignadas a ellos, los denominados cupos indicativos, para financiar proyectos civiles en el municipio de Galeras, Sucre.
El presunto delito está en que presuntamente habrían hecho toda esta gestión, a cambio de recibir una contraprestación económica ilegal, al parecer previamente concertada con el mandatario local del municipio de Galeras; en hechos ocurridos entre 2016 y 2018.
Revivieron los auxilios parlamentarios o cupos indicativos como los llaman ahora, pues este martes también la Corte Suprema vinculó al congresista conservador, David Barguil, pues fue llamado a indagatoria en la Corte.
De acuerdo con la investigación, Barguil le habría exigido al entonces alcalde de Galeras entregar un contrato al consorcio 'Galeras 2018', que le daría una retribución económica por su gestión y, al parecer, según la investigación, Barguil destinó esa plata para su campaña en la que llegó al Senado de la República.
Aunque los presuntos hechos de corrupción de los exfuncionarios Villadiego y Méndez se dieron en la misma alcaldía que está involucrada en el caso de Barguil, son procesos y hechos diferentes; por eso los casos están separados. Uno es el del excandidato a la Presidencia y otro el que está contra los dos excongresistas.
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