En el marco de los desarrollos judiciales que salpican al expresidente Gustavo Petro, Deicy Jiménez acudió a la Fiscalía General de la Nación para cumplir con una diligencia en la que hizo entrega formal de material probatorio. A su salida de la entidad, Jiménez difundió una imagen en el ente investigador acompañada de un pronunciamiento en el que aseguró que su objetivo es entregarle la verdad al país y esclarecer la existencia de una presunta red de contratación irregular al interior de la Presidencia de la República.
Entrega de pruebas y denuncias sobre red de contratación
Durante la diligencia, Jiménez puso a disposición de las autoridades su teléfono celular para que el equipo investigador extraiga y analice conversaciones de chat, videos y registros de mensajes intercambiados con el expresidente Petro. Jiménez enfatizó que su actuación busca centrar la atención en los hechos y en el uso de los recursos públicos: "Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada".
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Dentro del conjunto de evidencias se destaca la revelación de un cruce de mensajes de diciembre de 2025 entre Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y anterior secretaria general de la Presidencia.
En dicha conversación, tras reportarse la admisión de Rodríguez a un programa académico, el exmandatario le remitió un archivo PDF titulado "Deicy Jiménez" indicando que se requería mantenerla vinculada en el Ministerio del Interior. De acuerdo con los registros, Jiménez suscribió contratos en esa cartera ministerial con honorarios superiores a los 11 millones de pesos.
Denuncias ante la Comisión de Acusaciones y montos contractuales
Las revelaciones provocaron reacciones inmediatas en el Congreso de la República. Las congresistas Carol Borda y Sara Castellanos, del partido Salvación Nacional, radicaron una denuncia formal contra el expresidente Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. La denuncia señala que Jiménez habría obtenido al menos 10 contratos con entidades del Estado, los cuales ascienden a un monto aproximado de 133 millones de pesos.
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La senadora Sara Castellanos sostuvo que se solicitó indagar la posible comisión de conductas punibles como tráfico de influencias, concusión e interés indebido en la celebración de contratos. "Los recursos públicos no son moneda de cambio. Exigimos investigación, transparencia y que se establezcan las responsabilidades correspondientes", aseveró la parlamentaria.
El frente probatorio de Angie Rodríguez y pruebas toxicológicas
La investigación penal avanza de forma paralela en un segundo frente apoyado en el testimonio y las pruebas aportadas por Angie Rodríguez. Su apoderado judicial, Manuel Nueva, radicó ante la Fiscalía un informe toxicológico realizado en un laboratorio de España que dio positivo para tres sustancias con potencial de causar efectos tóxicos en el organismo. Según la representación legal, esta prueba respalda la hipótesis de un presunto intento de envenenamiento contra Rodríguez, quien también denunció la supuesta instrumentalización y red de contratación en la administración anterior. La defensa solicitó gestionar por vía diplomática la incorporación oficial de la prueba al expediente en Colombia.
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Frente al avance de las indagaciones, la exsenadora María José Pizarro (Pacto Histórico) emitió un comunicado confirmando que conoció a Deicy Jiménez en 2023 durante su gestión en la vicepresidencia del Senado, periodo en el que Jiménez se desempeñaba como contratista. Pizarro rechazó cualquier vínculo con irregularidades, solicitó que las autoridades le otorguen a Jiménez plenas garantías de protección y solicitó ser escuchada formalmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Escuche aquí el informe: