Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía pide investigar presuntas irregularidades en la enajenación temprana de un inmueble ubicado en la carrera 12 n.º 82-61, en el sector de El Retiro, en Bogotá, que fue vendido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 7.600 millones de pesos a Promotora Costa Verde S. A. S. El cuestionamiento se centra en el precio de la operación, el avalúo del predio y el procedimiento mediante el cual se adelantó la subasta.
La denuncia fue promovida por el abogado Carlos Alfredo Real, apoderado de Édgar Beltrán Álvarez, representante de Beltranico S. A. S., a quienes identifica como terceros de buena fe que adquirieron el bien. El jurista pidió examinar la actuación de la SAE, incluida la gestión de su entonces directora, Amelia Pérez Parra, y la intervención de Antonio Mauricio Román, apoderado de la SAE quien figura como vendedor del bien inmueble.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con el valor por el que se vendió el inmueble. En el documento presentado ante la Fiscalía se advierte que el precio podría ser inferior al valor comercial que tendría el predio por su ubicación estratégica y potencial comercial. Por eso, el denunciante solicitó revisar los avalúos, los estudios de mercado y los antecedentes de la negociación para determinar si el monto de la transacción correspondía a las condiciones del sector.
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“De manera preliminar se observa una diferencia sustancial entre el precio por el cual la SAE vendió el inmueble y el valor comercial que razonablemente para la zona tendría el bien”, señala la denuncia, que pide recaudar pruebas para establecer el valor real del predio y las condiciones en que se tomó la decisión de venderlo.
La documentación de la subasta también fue puesta bajo cuestionamiento. El acta de Activos por Colombia registra que la convocatoria se abrió el 30 de septiembre de 2025, a las 10 de la mañana, y cerró el 1.º de octubre, a las 5 de la tarde. En el proceso quedaron registradas dos propuestas: la de Inversiones Nueva Vida 1 S. A. S., por 7.363.320.000 pesos, y la de Promotora Costa Verde S. A. S., por 7.600 millones de pesos, que resultó adjudicataria.
El inmueble había sido incluido entre 32 predios destinados a enajenación temprana mediante la Resolución 818 del 4 de octubre de 2024. La denuncia busca establecer qué procedimiento se aplicó para autorizar la venta y si se cumplieron los requisitos correspondientes para disponer de un activo sometido a medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio.
En entrevista con Blu Radio, el abogado Carlos Alfredo Real confirmó la presentación de la denuncia y cuestionó el tiempo que duró la subasta. “Es muy curioso que este bien inmueble haya pasado por una subasta electrónica que se aperturó el 30 de septiembre del 2025 a las 10 de la mañana, y curiosamente, al día siguiente, es decir, el 1.º de octubre de 2025 a las 5 p. m., ya estaba vendido”, afirmó.
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Real también sostuvo que el avalúo no reflejaría el valor comercial del inmueble y aseguró que solicitó a la nueva dirección de la SAE suspender la escrituración mientras se revisan las condiciones de la operación. “Hemos presentado denuncia penal en contra de estas personas. Asimismo, le hemos solicitado a la nueva directora de la SAE suspenda la escrituración de este bien inmueble hasta tanto no se determine toda esa cadena que se produjo en la venta, en la compraventa de este bien inmueble, y el avalúo respectivo del mismo”, señaló.
Otro de los puntos planteados por el abogado tiene que ver con la instancia que habría autorizado la enajenación temprana “Tenemos que la decisión de enajenación temprana se encontraba a cargo de un comité de enajenaciones conformado por un representante de la presidencia, un representante de hacienda y crédito público, un representante del ministerio de justicia y una de las SAE como secretaria técnica.Y, asimismo, tenemos para decir que el legislador determinó que sería un cuerpo colegiado el que se encargará de determinar esas enajenaciones. Y en este caso, eso no funcionó así. Simplemente la directora ordenó sacar el bien a subasta pública y venderlo con una subasta electrónica”.
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El jurista agregó que conoce de otros abogados que han reportado situaciones similares en operaciones realizadas durante la administración de Amelia Pérez. Por ello, pidió revisar las ventas de inmuebles efectuadas en ese periodo.