La defensora de derechos humanos Lina Castillo aseguró que la reciente decisión judicial que descartó que el escrache constituya un delito representa un precedente para la protección de las mujeres que denuncian violencias basadas en género en Colombia.
Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Castillo afirmó que el giro en su proceso judicial se produjo gracias a que su caso comenzó a ser analizado con enfoque de género y de derechos humanos, luego de varios años de enfrentar una denuncia interpuesta por el actual director de RTVC, Hollman Morris.
Castillo recordó que durante años vivió un proceso que calificó como una "persecución judicial", en el que, pese a haber denunciado presuntas violencias de género, terminó siendo investigada por sus denuncias públicas.
"Nunca fue trabajado bajo un enfoque de género, pero además sin garantías en un proceso de persecución judicial que viví y que todavía estoy viviendo", afirmó.
Según explicó, el cambio comenzó a consolidarse desde el año pasado con la estrategia jurídica liderada por su defensa y con la intervención de una nueva delegada especializada en derechos humanos y enfoque de género dentro de la Fiscalía. A esto se sumó, dijo, la posición asumida por la Procuraduría durante la audiencia más reciente.
"La Procuraduría fue muy clara y dejó un precedente muy grande del marco de derechos que se debe reconocer a cualquier mujer que denuncie violencias basadas en género en Colombia", sostuvo.
Uno de los principales alcances de la decisión judicial, según Castillo, es el reconocimiento del escrache como un mecanismo legítimo de denuncia. La activista explicó que esta figura permite a las víctimas visibilizar hechos de violencia, incluso a través de redes sociales, sin que ello implique necesariamente la existencia previa de una denuncia formal ante las autoridades.
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"El escrache ya por sí mismo es una denuncia y se debe proteger", señaló.
Asimismo, indicó que el fallo ratifica que las instituciones tienen el deber de acompañar y proteger a quienes denuncian, en lugar de revictimizarlas. "Quienes denunciamos debemos ser protegidas, y la Fiscalía y todas las entidades competentes deben rodear y proteger de antemano siempre a las víctimas", agregó.
No obstante, Castillo aclaró que el proceso judicial aún no concluye completamente. Explicó que permanece abierta una parte relacionada con unas declaraciones que realizó sobre un presunto atropellamiento con un vehículo perteneciente al esquema de protección de Hollman Morris.
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La defensora indicó que ese aspecto del caso se mantiene porque, según la acusación, no habría aportado una prueba suficiente para acreditar el hecho. Sin embargo, aseguró que presentó una incapacidad médica y que, posteriormente, realizó una retractación pública sobre algunos elementos de esa denuncia.
"Nosotros ya hicimos incluso una retractación pública, la cual no ha sido tenida en cuenta", manifestó, aunque evitó profundizar debido a que ese punto continúa en trámite judicial.
Más allá del desenlace jurídico, Castillo habló del impacto personal que le dejó este proceso iniciado en 2019. Aseguró que la investigación afectó su vida personal, profesional y emocional durante varios años.
"Este proceso me ha quitado muchos años de mi vida... me ha quitado gran parte de mi formación política y social, además del impacto emocional, físico y de salud mental que he tenido", expresó.
Finalmente, sostuvo que espera que el caso concluya pronto y que la decisión sirva como referente para futuras denuncias de violencia de género en el país.
"No solo es por mí, realmente es por todas las mujeres que se atreven a denunciar... esperamos que esto no solo marque un precedente para el país, sino también para todos los cargos públicos", concluyó.
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