Después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Comisión de Género de la Rama Judicial,reconociera que en las altas cortes llegaron quejas por presunto acoso sexual, el Consejo Superior de la Judicatura emitió un protocolo para combatir esas conductas.
El objetivo del protocolo busca prevenir y proteger a las víctimas que denuncien cualquier caso de acoso sexual y por razones de género. Los principios de este documento se basan en cero tolerancia, confidencialidad y debida diligencia y celeridad.
Así mismo, detalla que se entiende como acoso sexual cualquier comportamiento físico o verbal con intención sexual, que tenga lugar en el entorno laboral que degrade u ofenda a una persona.
En las observaciones de esa conducta, explica el documento que: “Se presenta en observaciones desagradables, comentarios sobre la apariencia (…) formas denigrantes u o señas de dirigirse a una persona, bromas sexuales, comentarios no consentidos sobre historias, fantasías, preferencias y capacidades sexuales”.
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En cuanto a los casos de acoso por razones de género en el entorno laboral de la Rama Judicial, describe el protocolo que se entiende como acoso alrededor de la identidad, expresión de género, sexo u orientación sexual de una persona con el fin de atentar contra su dignidad.
“Las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la personas basadas en estereotipos de género, el uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a otras personas, los comentarios sobre el aspecto físico y la identidad sexual”, cita el documento.
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Este protocolo se emite después de que a principios de este año, el magistrado Ibáñez explicara el tipo de denuncias dentro de la rama.
“Sí hay denuncias que se han presentado sobre esa situación en cada una de las cortes, cómo se han presentado en los tribunales y como se han presentado en juzgados. Por supuesto, algunas de ellas son de conocimiento de autoridades judiciales o disciplinarias”, afirmó.
Frente a esta situación al magistrado Ibáñez le pareció “curioso” ver que gente preparada de la rama judicial.
“Incurran en conductas que afectan los derechos de las mujeres porque terminan siendo acosadores sexuales y laborales”, explicó.
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