El Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la finca Piedra Linda, una propiedad rural ubicada en Cimitarra, Santander, que estaría vinculada a actividades de estructuras paramilitares que delinquieron en el Magdalena Medio.
El inmueble, que tiene una extensión de 1.154 hectáreas y está avaluado en más de 21.300 millones de pesos, fue ocupado durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
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De acuerdo con la investigación, la propiedad habría sido utilizada para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en la región. Las labores de policía judicial y los testimonios recopilados dan cuenta, de manera preliminar, de que en el lugar habrían permanecido instructores extranjeros contratados por esas organizaciones ilegales.
Aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades evidenciaron una posible relación del inmueble con personas involucradas en actividades de narcotráfico y en la conformación de estructuras armadas.
La medida cautelar busca evitar que el inmueble sea transferido o dispuesto mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio. La actuación se desarrolla a partir de los elementos recopilados por la Fiscalía sobre el posible vínculo del predio con actividades ilícitas y estructuras armadas que operaron en la región del Magdalena Medio.
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Una vez adoptadas las medidas, la Fiscalía pondrá la hacienda a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de que el inmueble sea destinado a la generación de recursos en favor de las víctimas del conflicto armado.