Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro, el patrullero Harol Gil Ramírez, los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett. Los dos uniformados pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Al parecer, a cambio de altas sumas de dinero, se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional.
Producto del actuar ilegal presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero. Los otros tres detenidos habrían prestado sus nombres para transformar y ocultar las rentas ilícitas provenientes del ingreso de contrabando.
Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a estas cinco personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando.
Por disposición del juez de control de garantías, los dos uniformados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los particulares seguirán vinculados a la investigación.
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De manera simultánea al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda), y Barranquilla (Atlántico).
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 5.940 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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