Tras la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, el registrador nacional, Alexander Vega, señaló que acata y respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación.
A través de un comunicado, el funcionario explicó que considera que la actuación del Ministerio Público representa una oportunidad para demostrar que, en su concepto, la entidad a su cargo obró conforme a la ley.
“Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la Organización Electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 2022”, puntualiza el pronunciamiento.
Vega también recordó que dos días atrás entregaron un informe al Ministerio Público y también a la Fiscalía, que da cuenta de “las fallas en el preconteo, atribuibles específicamente al diligenciamiento de un número determinado de formularios E-14, labor y resorte exclusivo de los jurados de votación”.
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Adicionalmente, Vega señaló que ya están adelantando varias medidas para corregir en las elecciones del próximo 29 de mayo esos problemas presentados y que generaron todo un ambiente de incertidumbre y desconfianza, tras las diferencias presentadas entre los resultados preliminares que conoció el país el día de las elecciones y los datos definitivos de los escrutinios.
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Una de esas acciones tiene que ver con el cambio en el mecanismo de selección de los jurados, pues algunos de ellos, especialmente los estudiantes, serán reemplazados por los postulados por partidos y campañas políticas.
Finalmente, la Registraduría asegura que está trabajando en garantizar transparencia en los comicios presidenciales que se avecinan.
Entre tanto, la Procuraduría ya está avanzando en su investigación, tras más de 400 quejas y denuncias que ha recibido por presuntas irregularidades en el proceso electoral, que originan 33 actuaciones disciplinarias.
Algunas de las inconsistencias tienen que ver con extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, irregularidades en la selección y contratación de la empresa INDRA SISTEMAS S.A. y omisión en sus funciones durante el preconteo y el proceso de capacitación de los jurados.
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