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Falsos positivos y exterminio social que involucrarían al Ejército llegan a la JEP

Casos como la masacre del Páramo de la Sarna y ejecuciones extrajudiciales, hacen parte del informe que está en poder del Tribunal y que busca ser priorizado.

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Foto: Referencia AFP

A la Jurisdicción Especial para La Paz, fue presentado un informe que documenta graves violaciones y múltiples delitos en el departamento de Boyacá, ocurridas entre 2001 y 2008, donde las fuerzas militares habrían tenido responsabilidades.

Alrededor de un centenar de personas cayeron en diferentes actos: 15 víctimas directas dejó la masacre del Páramo de La Sarna, 86 casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, y 18 más en el marco del fenómeno del ‘exterminio social’, según se explicó desde la Comisión Colombiana de Juristas donde, además, se ha entregado el informe en conjunto con varios colectivos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE.

De acuerdo con datos de la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas, se han documentado más de 45.000 víctimas en Boyacá.

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Páramo de La Sarna

Según el informe, se relaciona que, por ejemplo, la masacre del Páramo de La Sarna, habría sido planeado y coordinado por integrantes de la Primera Brigada del Ejército, la Sijin de la Policía y paramilitares, y 19 años después de esta tragedia, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por participar en la planeación, ejecución y ocultamiento de la masacre, catalogada como un crimen de lesa humanidad.

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En diciembre de 2001, cuando se cometieron estos hechos, y de acuerdo con el material que ya está en manos de la JEP, habría sido la responsabilidad del general Fabio Bedoya Correa, comandante de la Primera Brigada, quien habría tenido conocimiento de la inminencia de un ataque a la población y no tomó las medidas necesarias de prevención, también se analiza si el comandante del Batallón de Artillería 1 ‘Tarqui’, Coronel Jaime Esguerra Santos, tiene responsabilidades en aquella masacre.

Falsos positivos

El informe en poder de la JEP recoge también casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos, se señala a personal de la Primera Brigada del Ejército, la Policía y del extinto DAS, quienes habrían coordinado, y en algunos casos, ordenado a paramilitares ejecutar a 18 personas, entre octubre de 2002 y noviembre de 2003, donde el general Germán Galvis Corona era el comandante de dicha Brigada.

“Para la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales, la sección de inteligencia de la Primera Brigada entregaba listas a las ACC, Autodefensas Campesinas del Casanare, con información de las personas que debían ser asesinadas; la mayoría de ellas eran habitantes de calle, consumidores de estupefacientes o habían sido sindicadas arbitrariamente de cometer algún delito o de ser “colaboradores” o “integrantes de las guerrillas. Además de este intercambio de información, se fraguó un acuerdo para que la Primera Brigada no atacara a los grupos paramilitares que hacían presencia en la zona, a cambio de dinero”, explicó la Comisión Colombiana de Juristas.

El informe deja en evidencia una serie de decisiones judiciales, relatos y documentación que sirven como testimonio en esos y otros casos, los cuales usará la JEP como insumo en la búsqueda de priorización para obtener verdad y reparación.

Entre otros, se presenta el análisis de casos que dejaron 86 muertos por falsos positivos y donde, al menos 175 integrantes de unidades militares habrían tenido responsabilidades.

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Se pide, además, que la Comisión de la Verdad haga contribución en esclarecer las causas y patrones de las conductas que terminaron en estos crímenes, también se pidió a la JEP que reconozca la calidad de víctimas a las personas que menciona el informe, “que se priorice a la Primera Brigada como una de las unidades militares en el marco del caso 003, sobre muertes presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate y que se llame a los integrantes de la Plana Mayor a rendir versión voluntaria de reconocimiento de verdad y responsabilidad. También se pide a la JEP seccionar, priorizar y abrir un macro caso sobre las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares”.

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