La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, grupo delincuencial señalado de participar en la producción de cocaína y su posterior envío internacional
Las medidas corresponden a la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes, cuyo valor supera los 22 mil millones de pesos.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, los activos están representados en 34 inmuebles, de los cuales 17 son rurales y 17 urbanos, además de seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad.
Los bienes están ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, y fueron identificados dentro de una investigación que busca establecer el origen de los recursos utilizados para adquirir y registrar parte de este patrimonio.
La investigación, que contó con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, señala que ‘Los del Dorado’ obtenían pasta base de coca en el departamento de Nariño. Según la hipótesis investigativa, esta sustancia era ocultada en vehículos de carga y trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo, Antioquia.
En esos lugares, la pasta base era transformada en clorhidrato de cocaína. Posteriormente, los cargamentos eran transportados hacia diferentes puntos mediante camiones que movilizaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción.
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Para estos desplazamientos, de acuerdo con la investigación, los vehículos contaban con documentación comercial que amparaba las actividades aparentemente legales de transporte. Los cargamentos eran trasladados posteriormente hacia el Caribe colombiano, donde se coordinaba su salida por vía marítima hacia destinos internacionales.
De manera paralela, la Fiscalía estableció como hipótesis que la organización habría utilizado recursos provenientes del narcotráfico para adquirir bienes muebles e inmuebles y otros activos.
Según la investigación, algunos de estos bienes habrían sido registrados a nombre de terceras personas con el propósito de ocultar su verdadero origen y dificultar la identificación de los recursos relacionados con las actividades investigadas.