La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en diálogos para buscar preacuerdos o terminaciones anticipadas con los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por hechos violentos y actos de vandalismo ocurridos en Bogotá durante jornadas de protesta social.
La información se conoció luego de que el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado autorizara reservar la audiencia de acusación que estaba programada para este miércoles, a solicitud de la Fiscalía y de los abogados defensores de los 11 procesados.
La petición fue sustentada en razones relacionadas con la seguridad de los investigados y sus defensores, así como con la exposición mediática del proceso. Las partes manifestaron que “no quieren que los medios de comunicación descontextualicen el proceso”, además de advertir sobre supuestas amenazas surgidas después de que el caso fuera conocido públicamente.
La jueza que lleva el proceso consideró que debía priorizarse la seguridad de las personas vinculadas al expediente. En ese sentido, señaló que la exposición de los procesados y de sus abogados podía representar un riesgo, teniendo en cuenta las amenazas y comentarios publicados en redes sociales.
“Considera el juzgado que, en la medida que se ha solicitado, pues, debe primar ante todo el aspecto relacionado con la seguridad, no solamente de los aquí procesados, sino también de quienes han ejercido su defensa”, manifestó la funcionaria judicial.
La jueza agregó que algunos de los abogados hacen parte de organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos y que, por esa razón, también podrían verse expuestos a situaciones de riesgo.
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“Puede verse avocado atendiendo, pues, esas exposición de sus imágenes frente a varias situaciones y varias amenazas que se han presentado y comentarios en redes sociales a los que se han visto abocados y los que se han visto expuestos”, explicó.
La decisión, sin embargo, fue controvertida por el representante de TransMilenio, reconocido como víctima dentro del proceso. El representante rechazó la solicitud al considerar que los argumentos presentados no tenían sustento suficiente en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
Pese a esa oposición, el despacho judicial accedió a la petición y determinó que la próxima audiencia se realizará el 7 de octubre.
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El proceso ha sido objeto de controversia por los hechos que la Fiscalía atribuye a los 11 investigados. Entre ellos se encuentran ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación de bombas molotov y actos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos.
Además, durante la investigación se ha mencionado una presunta financiación por parte del ELN y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio. Estos elementos hacen parte de las hipótesis y actuaciones que han sido objeto de investigación dentro del proceso.
Hace aproximadamente seis meses, la Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación en el servicio de transporte público y fabricación o porte de armas o explosivos.
Ahora, el expediente fue reasignado dentro de la estructura de la Fiscalía a la Unidad de Justicia Restaurativa, en el marco de un grupo especial creado para abordar hechos de violencia ocurridos durante jornadas de protesta social.
La Fiscalía ha explicado que esta nueva estructura busca revisar los casos para establecer con mayor precisión las responsabilidades individuales, avanzar en la judicialización de quienes hayan cometido delitos graves y evaluar, cuando la legislación lo permita, mecanismos como la conciliación o la reparación integral.
En este caso, la posibilidad de llegar a preacuerdos o a terminaciones anticipadas se encuentra actualmente en discusión entre la Fiscalía y los defensores de los 11 procesados. La audiencia de acusación quedó aplazada mientras avanzan esas conversaciones. La próxima diligencia se realizará el 7 de octubre.