Fiscalía confirma amenazas a testigo clave en caso contra Ricardo Roa por tráfico de influencias

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el principal testigo en el proceso contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha recibido amenazas de muerte, en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias. Se trata de Luis Enrique Rojas, presidente de la filial Hocol, cuya declaración es considerada clave dentro del expediente.De acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo, ya se activaron los protocolos institucionales para evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección. En ese sentido señaló: “En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía que ha sido amenazado. El programa de protección de testigos de la Fiscalía está haciendo en este momento la evaluación de riesgo y qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”.El caso en el que Rojas figura como testigo se relaciona con la imputación realizada por la Fiscalía contra Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias, en un proceso que tiene origen en la negociación para la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.Según el ente acusador, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para solicitarle a Luis Enrique Rojas favorecer a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocio en Hocol. Específicamente, la Fiscalía sostiene que se buscaba adjudicar un proyecto de regasificación a la empresa GAXI, de propiedad de Mancera.La investigación también señala que la supuesta influencia ejercida por Roa habría estado orientada a beneficiar intereses particulares, en un contexto en el que existía una relación comercial entre él y Mancera. Ambos habrían participado en la compraventa del apartamento 901, operación en la que, según la Fiscalía, el actual presidente de Ecopetrol resultó favorecido tanto en el precio como en las condiciones de pago.En ese sentido, el ente acusador ha indicado que el inmueble fue adquirido por un valor inferior al del mercado. De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, el precio pactado se ubicó un 34 % por debajo del valor comercial, lo que representa una diferencia cercana a 927 millones de pesos.