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Fiscalía imputa a exjuez penal militar por presuntamente exigir 40 millones a capitán del Ejército

El exjuez presuntamente le habría solicitado 40 millones de pesos a cambio de beneficiarlo judicialmente dentro del proceso que se adelantaba en su contra.

Justicia Penal Militar y Policial / imagen de referencia.
Justicia Penal Militar y Policial / imagen de referencia. Foto: Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

La Fiscalía imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión, por presuntamente exigir 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo dentro de un proceso penal militar que estaba bajo su conocimiento.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en abril de 2025, cuando Ardila Arias todavía estaba a cargo de las diligencias relacionadas con el uniformado.

Según la investigación, el 7 de abril de 2025 el entonces juez penal militar se habría reunido con el capitán en una cantina de Florencia, Caquetá. En ese encuentro, presuntamente le habría solicitado los 40 millones de pesos a cambio de beneficiarlo judicialmente dentro del proceso que se adelantaba en su contra.

Tres días después, de acuerdo con la Fiscalía, Ardila Arias se habría encontrado nuevamente con el oficial y habría reiterado la solicitud del dinero.

La investigación que estaba en conocimiento del entonces juez tuvo origen en una operación realizada por el Ejército Nacional el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua, Caquetá, contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.

Durante sobrevuelos realizados con drones, fueron observados varios hombres que portaban prendas camufladas y fusiles. Posteriormente, según la información incorporada al proceso, se estableció que se trataba de integrantes del Ejército Nacional que habrían reportado coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.

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A partir de esos hechos, un capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias quedaron a cargo de Javier Ardila Arias cuando ejercía como juez penal militar.

La Fiscalía señaló que, dentro de esas actuaciones, el entonces funcionario judicial no impuso medida de aseguramiento contra los tres uniformados.

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