La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.
Durante la audiencia, el ente investigador notificó además a Sarabia de un cargo por el delito de peculado por uso, relacionado con la utilización de bienes y recursos públicos para la realización de la prueba de polígrafo.
La investigación se originó después del hurto de dinero en efectivo que se encontraba en una maleta en la vivienda de Sarabia. Posteriormente, Marelbys Meza fue trasladada a unas oficinas del Dapre, ubicadas en el edificio Galán, para ser sometida a una prueba de polígrafo.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria que se practicara la prueba a Meza. El ente investigador sostiene que, al impartir esta instrucción, la entonces jefa del despacho presidencial habría excedido sus competencias funcionales para resolver un asunto de carácter personal.
La Fiscalía explicó durante la audiencia que las pruebas de confiabilidad o poligrafía eran utilizadas como una herramienta técnica para decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodeaba al presidente de la República. Por esa razón, sostuvo que ese procedimiento no podía extenderse a una empleada particular con un propósito diferente al institucional.
El ente investigador también fundamentó el delito de constreñimiento ilegal agravado en la relación laboral existente entre Sarabia y Meza. Según la Fiscalía, la entonces funcionaria habría utilizado la posición de poder derivada de esa relación y la dependencia económica de su empleada para que aceptara someterse a la prueba.
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La fiscal señaló que Meza conocía la posición de Sarabia dentro del Gobierno y que la relación laboral representaba para ella un trabajo estable y su principal sustento económico. Bajo esa hipótesis, la Fiscalía considera que estas circunstancias habrían incidido en la decisión de Meza de acceder al procedimiento.
En cuanto al peculado por uso, la Fiscalía sostuvo que el delito se habría configurado porque recursos y bienes públicos fueron utilizados para una actividad particular y ajena a las funciones legales para las cuales estaban destinados. El ente investigador indicó que el 30 de enero de 2023, aproximadamente a las 2 de la tarde, Meza fue trasladada por personal asignado a la seguridad de Sarabia a las oficinas del Dapre para la realización del polígrafo, procedimiento que habría durado entre tres y cuatro horas.
La inclusión de este último delito fue cuestionada durante la audiencia por el exfiscal Mario Iguarán, integrante de la defensa de Sarabia. Iguarán manifestó que el cargo les resultó sorpresivo porque, según explicó, durante acercamientos previos con la Fiscalía se habría discutido la posibilidad de un preacuerdo y se les había indicado que, después de los análisis correspondientes, no había elementos para hablar de un peculado por uso.
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“Por eso nos pareció sorpresivo, incoherente, ininteligible”, afirmó Iguarán, quien también pidió precisión sobre la relación entre el delito de abuso de función pública y la nueva imputación por peculado.
La Presidencia de la República solicitó ser reconocida como víctima dentro de la actuación, petición que fue avalada durante la audiencia. En contraste, la jueza primera de control de garantías no reconoció como víctimas a Marelbys Meza y Fabiola Perea ni a la fiscal Marbel Morales dentro de esta imputación.
La Fiscalía aclaró que, por ahora, Sarabia no está siendo vinculada en esta actuación por las interceptaciones de las líneas telefónicas de Meza y Perea ni por las actuaciones relacionadas con la presunta inducción en error a la fiscal Marbel Morales.
La audiencia se retomará a las 2 de la tarde, momento en el que se establecerá si Laura Sarabia acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.