Un fiscal delegado de la seccional de Medellín abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión y ordenó el desarrollo de actividades de policía judicial para determinar posibles responsabilidades de funcionarios encargados de la vigilancia y control en la Cárcel de Itagüí, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la autorización y realización de actividades no permitidas al interior del centro penitenciario por la parranda vallenata.
Según la información conocida, el objetivo principal de la indagación es establecer si existieron omisiones por parte de funcionarios responsables del control del penal que habrían permitido la realización de actividades no autorizadas, así como el ingreso de elementos y la ejecución de obras que no contarían con aval institucional. En desarrollo de estas órdenes, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación han adelantado varias diligencias de inspección dentro del establecimiento carcelario, con el propósito de identificar posibles irregularidades atribuibles a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a directivas del centro de reclusión.
Uno de los puntos más llamativos dentro de la actuación judicial es la decisión de compulsar copias para que se investigue al cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta determinación fue adoptada con el propósito de que la delegada contra las Finanzas Criminales adelante verificaciones encaminadas a establecer si el artista tendría algún nexo irregular relacionado con la adquisición de dinero o bienes.
El caso tomó relevancia pública luego de conocerse que en la cárcel se habría realizado una fiesta vallenata con la participación del artista mencionado, evento que, según denuncias conocidas, habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos. De acuerdo con las versiones que dieron origen a la investigación, invitados habrían ingresado al establecimiento sin los controles estrictos que exige un penal de alta seguridad, situación que encendió las alertas sobre posibles excesos y fallas en los protocolos internos.
A esta polémica se suma un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que reveló la existencia de obras no autorizadas dentro del penal. Entre los hallazgos reportados se encuentran apartamentos de lujo, pisos de mármol y una capilla, además de elementos como aires acondicionados, televisores, teléfonos celulares y consolas de videojuegos, lo que evidenciaría un nivel de privilegios incompatible con las condiciones que deben regir en un centro de reclusión de máxima seguridad.
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