El cantante de vallenato Nelson Velásquez se pronunció luego de que la Fiscalía abriera una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El ente acusador indaga si el pago de dicho concierto, realizado el pasado 8 de abril en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, provino de fuentes vinculadas al narcotráfico y estructuras criminales de Medellín.A través de un comunicado, el cantante aclaró que su participación respondió exclusivamente a un contrato gestionado por su equipo de trabajo. Según Velásquez, la información que recibió indicaba que la actividad contaba con todas las autorizaciones legales y se enmarcaba en los parámetros habituales para eventos de carácter cultural dentro de centros penitenciarios."Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad", afirmó el artista. Además, fue enfático en señalar que no tuvo intervención alguna en la organización, logística o en los permisos que permitieron su ingreso y el de su equipo al penal.Pese a que las autoridades investigan el ingreso irregular de licor y equipos prohibidos al pabellón donde se festejaba el cumpleaños de alias 'Pocho', Velásquez reiteró que su rol se limitó estrictamente a la ejecución musical. El artista subrayó que no tiene relación con hechos ajenos a su profesión y que su carrera siempre ha estado apegada a la ley.Finalmente, el cantante manifestó su respeto por las instituciones colombianas y su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. "Manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes", concluyó.Entretanto, el Inpec avanza en la sanción de 11 funcionarios y el presidente Petro ordenó el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá.
Un fiscal delegado de la seccional de Medellín abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión y ordenó el desarrollo de actividades de policía judicial para determinar posibles responsabilidades de funcionarios encargados de la vigilancia y control en la Cárcel de Itagüí, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la autorización y realización de actividades no permitidas al interior del centro penitenciario por la parranda vallenata.Según la información conocida, el objetivo principal de la indagación es establecer si existieron omisiones por parte de funcionarios responsables del control del penal que habrían permitido la realización de actividades no autorizadas, así como el ingreso de elementos y la ejecución de obras que no contarían con aval institucional. En desarrollo de estas órdenes, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación han adelantado varias diligencias de inspección dentro del establecimiento carcelario, con el propósito de identificar posibles irregularidades atribuibles a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a directivas del centro de reclusión.Uno de los puntos más llamativos dentro de la actuación judicial es la decisión de compulsar copias para que se investigue al cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta determinación fue adoptada con el propósito de que la delegada contra las Finanzas Criminales adelante verificaciones encaminadas a establecer si el artista tendría algún nexo irregular relacionado con la adquisición de dinero o bienes.El caso tomó relevancia pública luego de conocerse que en la cárcel se habría realizado una fiesta vallenata con la participación del artista mencionado, evento que, según denuncias conocidas, habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos. De acuerdo con las versiones que dieron origen a la investigación, invitados habrían ingresado al establecimiento sin los controles estrictos que exige un penal de alta seguridad, situación que encendió las alertas sobre posibles excesos y fallas en los protocolos internos.A esta polémica se suma un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que reveló la existencia de obras no autorizadas dentro del penal. Entre los hallazgos reportados se encuentran apartamentos de lujo, pisos de mármol y una capilla, además de elementos como aires acondicionados, televisores, teléfonos celulares y consolas de videojuegos, lo que evidenciaría un nivel de privilegios incompatible con las condiciones que deben regir en un centro de reclusión de máxima seguridad.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas de bandas criminales de Medellín que protagonizaron una fiesta irregular en la cárcel de Itagüí. La medida responde al escándalo generado por el ingreso sin control de artistas, vehículos de alta gama y personal externo al centro penitenciario el pasado miércoles 8 de abril."Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema", sentenció el mandatario. La decisión impacta directamente a jefes delictivos que, pese a participar en mesas de paz con el Gobierno Nacional, habrían coordinado el evento donde se documentó la presencia del cantante Nelson Velásquez.Detalles de la fiesta en la cárcel de ItagüíSegún denuncias de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el artista vallenato ingresó al penal hacia las 11:30 de la mañana y permaneció allí hasta después de las 4:00 de la tarde. Cámaras de seguridad del recinto captaron movimientos irregulares, incluyendo la gestión del acceso por parte de dos hombres ajenos al INPEC.Además, se reportó el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama cuyos ocupantes no habrían sido sometidos a las requisas obligatorias. Carrasquilla sugirió en declaraciones radiales que la celebración podría estar vinculada a una posible libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo', señalado excabecilla de 'La Oficina'.La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para identificar a los funcionarios que facilitaron este evento, el cual no contaba con autorizaciones del INPEC ni del Ministerio de Defensa.Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, anunció el relevo del director encargado del penal y del comandante de vigilancia. Actualmente, siete funcionarios enfrentan investigaciones internas mientras una comisión especial desde Bogotá determina las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron la vulneración del régimen penitenciario.
El reciente escándalo ocurrido en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, donde cabecillas criminales habrían organizado una fiesta con música en vivo, licor y presuntos sobornos a guardianes, ha desatado una nueva ola de indignación en el país. Sin embargo, más allá de la anécdota, expertos advierten que este episodio revela una crisis estructural mucho más profunda en el sistema carcelario colombiano.El analista y docente universitario Luis Fernando Trejos aseguró que este tipo de hechos “pone sobre la mesa un debate largamente aplazado” sobre la corrupción y la ineficacia del sistema penitenciario. Según explicó, lo ocurrido en Itagüí no es un caso aislado, sino parte de un patrón repetido: “Seguramente no va a ser el único escándalo que gira en torno a las cárceles y algunos desmanes que ocurren al interior de las mismas”.El episodio, que ha sido comparado con los excesos de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, revive cuestionamientos históricos sobre el control real del Estado en los centros de reclusión. Para Trejos, el problema central radica en una “corrupción estructural que hay dentro del Inpec”, la entidad encargada de la vigilancia penitenciaria.El analista fue contundente al señalar que el sistema ha fracasado en su misión principal: “Lo que vemos es que las cárceles en Colombia no resocializan a los delincuentes”. Por el contrario, advierte que muchas veces se convierten en espacios donde las estructuras criminales se fortalecen y continúan operando. “La cárcel no contiene el delito, no limita las capacidades criminales”, afirmó.Trejos también cuestionó la falta de voluntad política para abordar el problema de fondo. “No hemos ni siquiera empezado a dar el debate”, señaló, agregando que las discusiones suelen quedarse en la indignación mediática sin traducirse en reformas concretas. En ese sentido, planteó interrogantes de gran calado: “¿Liquidamos el Inpec? ¿Creamos otro organismo? ¿Qué vamos a hacer realmente con el sistema carcelario?”.El experto subrayó además el impacto que esta situación tiene sobre las víctimas. “Cuando la cárcel funciona más como una especie de resort o de hotel, uno se hace la pregunta: ¿a quién están castigando?”, expresó. Incluso advirtió que estas condiciones pueden generar un efecto perverso: “El castigo no es un castigo, sino que al contrario pareciera que hay una especie de premiación por la comisión de hechos criminales”.En medio del debate, también han surgido comparaciones con modelos de mano dura como el implementado por Nayib Bukele en El Salvador. No obstante, Trejos marcó distancia al señalar que existen diferencias institucionales clave: “En El Salvador hay un régimen autoritario… aquí tenemos un sistema de pesos y contrapesos que limita ese tipo de medidas”.Finalmente, el analista insistió en la urgencia de abrir una discusión seria y sostenida sobre el tema. “Entre más nos demoremos en dar ese debate de fondo, más nos vamos a demorar en ver resultados”, concluyó.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió provisionalmente por tres meses a once funcionarios de la Cárcel La Paz, en el municipio colombiano de Itagüí, Antioquia (noroeste), por irregularidades tras el escándalo por una fiesta celebrada esta semana con reclusos en ese centro penitenciario."Se apartarán del cargo a 11 funcionarios penitenciarios que se encontraban de servicio en ese momento por no haber cumplido con su función", dijo el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, en un video divulgado este sábado tras un operativo sorpresa en esa cárcel.Como resultado del operativo, las autoridades incautaron equipos de comunicación no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos dentro del penal. Entre los funcionarios suspendidos hay diez dragoneantes y un teniente.El caso se produce después de que se conociera la realización de una fiesta dentro del penal, en la que se presentó el cantante vallenato Nelson Velásquez, en un evento presuntamente no autorizado por el Gobierno y en el que, según denuncias, hubo consumo de alcohol y presencia de prostitutas.Por estos hechos, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió una investigación para determinar qué funcionarios permitieron el ingreso del artista.La cárcel La Paz, prisión de alta y media seguridad, alberga a cabecillas de bandas criminales de Medellín, algunos de ellos vinculados a los diálogos de 'paz urbana' impulsados por el Gobierno dentro de su política de 'paz total', lo que ha intensificado las críticas sobre los controles en el sistema penitenciario.Este episodio se suma a otros similares en cárceles colombianas en las últimas décadas. Uno de los más recordados es el de la cárcel La Catedral (Antioquia), donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de los años 90 en condiciones de lujo que evidenciaron la debilidad del Estado ante su poder.
Siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre la polémica parranda vallenata que se habría realizado el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre los controles de seguridad dentro de los centros penitenciarios del país.En la noche de este viernes se conoció un video que muestra el momento exacto en que el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó al establecimiento carcelario. De acuerdo con la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien denunció públicamente la situación, el artista llegó alrededor de las 11:30 de la mañana y permaneció en el lugar hasta después de las 4:00 de la tarde.Las imágenes de cámaras de seguridad también evidenciarían movimientos irregulares en el acceso al penal. En uno de los registros se observa la presencia de dos hombres que, al parecer, no pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes estarían controlando el ingreso y salida de los asistentes al evento.Según la denuncia de la concejala Carrasquilla, a la celebración ingresaron al menos 16 vehículos de alta gama por la puerta del establecimiento penitenciario. Los ocupantes de estos automotores, de acuerdo con la versión entregada por la funcionaria, habrían accedido sin ser sometidos a los controles de requisa habituales en este tipo de instalaciones.La polémica se intensificó al conocerse que la parranda vallenata se habría realizado sin autorización del INPEC ni del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, lo que abrió un debate sobre los protocolos de seguridad dentro de la cárcel de Itagüí.Ante la gravedad de lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades disciplinarias. El procurador general Gregorio Eljach confirmó que la investigación busca identificar a los funcionarios que habrían permitido o facilitado el ingreso irregular de artistas y visitantes al penal.Por su parte, el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, informó que tras conocerse los hechos se adoptaron varias medidas administrativas. Entre ellas se encuentra el cambio inmediato del director encargado del establecimiento penitenciario y el traslado del comandante de vigilancia.Asimismo, la entidad abrió investigaciones internas contra siete funcionarios que, presuntamente, estarían vinculados con lo ocurrido, y ordenó el envío de una comisión desde Bogotá para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron el ingreso del cantante y la realización de la celebración.En medio de la controversia, la concejala Carrasquilla también aseguró en declaraciones al programa Mañanas Blu que la fiesta estaría relacionada con la eventual salida en libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, señalado como excabecilla de la estructura criminal conocida como La Oficina.
La millonaria parranda vallenata que hicieron al interior de la cárcel de Itagüí y en donde los anfitriones habrían sido los voceros de bandas delincuenciales que negocian la Paz Total con el Gobierno nacional no ha parado de generar reacciones en todo el país, ya que en el Congreso de la República se citó a un control político por los hechos ocurridos recientemente.Hay que recordar que en la fiesta estuvo Nelson Velásquez al que supuestamente se le pagaron cerca de 100 millones de pesos y, además, en videos que han salido a la luz se logra apreciar que en el centro penitenciario hubo tarima, comida y bebidas alcohólicas, lo que provocó el relevo del director encargado de la Cárcel La Paz.El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que el Ministerio de Justicia y el Inpec deberán responder por la polémica parranda vallenata y otras situaciones al interior de los centros penitenciarios."Hechos como los recientemente conocidos en la cárcel de Itaguí. Con fiestas al interior sin ningún tipo de control, nos retornan a los peores años, al mejor estilo de la catedral en manos de Pablo Escobar. La salida sin control, el desafío a la institucionalidad", mencionó el congresista.Por ahora y mientras los implicados en presuntas irregularidades responden ante el Congreso de la República, hay que indicar que la Procuraduría General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades en las irregularidades durante la escandalosa parranda vallenata en el Sur del Valle de Aburrá.Por su parte, el Inpec también hace las pesquisas correspondientes contra siete funcionarios del centro penitenciario que estarían involucrados en la fiesta protagonizada por el cantante Nelson Velásquez.
Una fuerte controversia tras la divulgación de videos y fotografías que evidenciarían una parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez dentro de la cárcel de Itagüí, en Antioquia. El concejal de Medellín Andrés Tobón, uno de los denunciantes del hecho, aseguró que lo ocurrido refleja el nivel de privilegios que tendrían algunos criminales dentro del sistema penitenciario y cuestionó la responsabilidad de las autoridades.En entrevista con el periodista Néstor Morales, en Mañanas Blu, el concejal calificó el episodio como una “vergüenza” y señaló que la fiesta, que habría incluido tarima, comida, licor y la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, demuestra que algunos delincuentes mantienen poder incluso tras las rejas.“Una vergüenza definitivamente. Y después de escuchar lo que tenía por decir el ministro de Justicia queda uno muchísimo más preocupado”, afirmó Tobón al referirse a las explicaciones iniciales del Gobierno sobre lo ocurrido.Según las denuncias, el evento habría sido organizado dentro del penal con recursos que incluirían pagos millonarios y presuntos sobornos a funcionarios penitenciarios.Presuntos pagos y complicidades dentro del penalDe acuerdo con la información que ha circulado públicamente y que también llegó al concejal, detrás de la organización de la fiesta habría una estructura que facilitó tanto la contratación del artista como las condiciones para el evento dentro del centro carcelario.“La información que se ha conocido es que habría una persona encargada detrás no solamente del pago a Nelson Velásquez de los 100 millones de pesos de los cuales se ha hablado, sino también del supuesto soborno a dragoneantes, inspectores e incluso al subdirector”, aseguró Tobón durante la entrevista.El concejal advirtió que reducir la responsabilidad a algunos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sería insuficiente. A su juicio, el caso revela un problema estructural dentro del sistema.“Imposible que esto se vaya a quedar simple y llanamente en que unos dragoneantes del INPEC sean los culpables y lavémonos las manos”, afirmó, insistiendo en que deben investigarse responsabilidades más amplias.“La parranda es la cereza del pastel”Para Tobón, el episodio no es un hecho aislado sino la evidencia de condiciones privilegiadas que algunos líderes criminales tendrían en el penal de Itagüí. Durante la conversación, cuestionó lo que calificó como condiciones de lujo dentro de la cárcel y criticó que algunos detenidos vinculados a estructuras criminales tengan espacios y comodidades impropias de un centro penitenciario.“Las condiciones de lujo que tienen allá adentro en sus habitaciones, no celdas, en sus oficinas… la parranda vallenata es la cereza del pastel que nos demuestra que en este país los criminales se pusieron la justicia de ruana”, expresó.Sus declaraciones se dan en medio del debate sobre la política de “paz total” del Gobierno nacional, que ha impulsado procesos de diálogo con estructuras criminales en distintas regiones del país.¿Quién es alias “Douglas”?Uno de los nombres que ha surgido en medio de la polémica es el de alias “Douglas”, señalado por Tobón como uno de los criminales más influyentes dentro del mundo del crimen organizado en Medellín.Según el concejal, Douglas sería el máximo cabecilla de La Terraza, una histórica organización criminal vinculada con narcotráfico, homicidios y formación de redes de sicariato. “Douglas es el peor criminal del mundo del crimen organizado que existe hoy en Colombia, es el máximo representante de una estructura conocida como La Terraza”, afirmó Tobón.El concejal también recordó que el líder criminal fue condenado en 2009 por diversos delitos y que actualmente enfrenta investigaciones relacionadas con desplazamiento forzado, homicidio y extorsión.Según explicó, se trata de una estructura que durante décadas ha tenido incidencia en Medellín y otras regiones del país, con redes que incluso habrían operado en mercados internacionales del narcotráfico.Debate político por la mesa de negociaciónEl caso también ha reavivado el debate político sobre la relación entre el Gobierno y las organizaciones criminales con las que se busca avanzar en procesos de negociación. Mientras algunos sectores del oficialismo han señalado que los detenidos no pueden ser catalogados como “capos”, Tobón considera que esa postura contradice la naturaleza de las conversaciones impulsadas por el propio Estado.“Montan una mesa de negociación con estructuras de crimen organizado de alto impacto… y cuando se evidencia que no respetan la justicia, entonces dicen que no son capos sino unos simples angelitos”, criticó el concejal.Para el dirigente político, el episodio de la parranda vallenata pone en duda la efectividad de los controles en las cárceles y la coherencia del discurso gubernamental frente al tratamiento de las organizaciones criminales.Tras la difusión de los videos y fotografías del evento, las autoridades anunciaron revisiones internas para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de Itagüí. Sin embargo, el concejal insiste en que la investigación debe ir más allá de sanciones administrativas contra funcionarios del INPEC y analizar posibles responsabilidades institucionales y políticas.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, calificó de "penoso" el escándalo provocado por una fiesta privada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde un grupo vallenato en el que cantó Nelson Velásquez ingresó para amenizar un festejo con licores y catering destinado a cabecillas de bandas criminales que participan en procesos de paz.El alto funcionario fue enfático en desmarcar al Gobierno de cualquier autorización para este evento, señalando que se trató de un abuso de los beneficios carcelarios otorgados en el marco de las negociaciones sociojurídicas. Excusas públicas y rechazo del GobiernoEl ministro Cuervo inició su intervención con una disculpa formal ante la opinión pública, reconociendo la gravedad de lo ocurrido dentro del penal. "Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar, digamos, es penoso y ofrezco en nombre del gobierno y del ministerio, pues excusas al país", afirmó el funcionario.Según el jefe de la cartera de Justicia, este hecho genera especulaciones negativas que afectan la credibilidad de la mesa de negociación con los grupos ilegales del Valle de Aburrá. Fallas en los filtros y posible corrupciónLa investigación preliminar indica que el ingreso del grupo musical y los suministros prohibidos se dio aprovechando el régimen especial de visitas que tienen los 23 negociadores los días miércoles. "Ahí donde fallaron los filtros porque estas personas se hubieran podido entrar sin problema... pero hubo entrada de Licor, entrada de catering y eso fue pues problemático", explicó el ministro. Cuervo no descartó que detrás de estas fallas operativas existan actos de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). "Para que ingresaran licor, para que ingresaran otros elementos que están prohibidos por el régimen disciplinario del Inpec, tuvieron que haber pasado cosas... y una de las posibles causas, sin duda, claro, es corrupción de personal de la Guardia Penitenciaria". Consecuencias inmediatas y diálogos suspendidosTras conocerse el video de la parranda, el Gobierno tomó decisiones radicales. El director de la cárcel de Itagüí y el comandante de guardia fueron removidos de sus cargos de forma inmediata, y se inició una investigación disciplinaria contra siete dragoneantes. Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió poner un "alto en el camino" a las conversaciones. "La oficina del Alto Comisionado decidió suspender estos diálogos hasta tanto se conozca más información", puntualizó Cuervo. Escuche aquí la entrevista:
El mundo de la música popular colombiana y de la farándula nacional se vistió de luto tras la muerte del reconocido cantante Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta ocurrido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La noticia ha generado conmoción entre colegas, familiares y fanáticos del artista, que lo recuerdan por sus éxitos y su impacto en el género popular. La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la aeronave en la que se transportaba Jiménez, con destino a Medellín para cumplir compromisos artísticos, se estrelló en la zona rural de Paipa, dejando un saldo fatal de seis personas, entre ellas el cantante y varios integrantes de su equipo musical. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro, aunque los primeros informes señalan que la nave no alcanzó altura suficiente antes de caer en un lugar cercano a la pista.Dolor de los colegas y el mensaje de Nelson Velásquez tras la muerte de Yeison Jiménez Entre las múltiples reacciones que surgieron tras conocerse el fallecimiento de Jiménez, destacó un emotivo mensaje publicado por el cantante Nelson Velásquez en su cuenta de Instagram. En su publicación, Velásquez expresó la profunda tristeza que le dejó la partida de su amigo y colega:“El dolor me invade amigo de mi corazón, creo que hace dos semanas te dije ante Pereira como muchas veces mi aprecio, mi admiración y respeto y tú me dijiste lo mismo, no sé si era una despedida, gracias por ser mi amigo, gracias por ser mi seguidor número uno, te extrañaremos, no sé cómo cantaré esta noche con este dolor!” Este mensaje, comentado por miles de usuarios y seguidores, refleja no solo la admiración profesional que existía entre ambos artistas, sino también una relación de amistad cercana que ahora se ve truncada por la tragedia.Por otra parte, la noticia de la muerte de Jiménez también prendió alertas emotivas en redes sociales, donde muchos seguidores recordaron a través de videos, canciones y fotografías los momentos que compartieron con el artista en sus presentaciones, así como la energía con la que interpretaba sus temas más conocidos. Su música, que combinaba ritmos populares con letras que hablaban de amor y vivencias cotidianas, marcó a toda una generación de oyentes. Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, tenía una trayectoria consolidada dentro del género popular, con una serie de éxitos como “Vete”, “Aventurero” y “Ya no mi amor”, que lo llevaron a llenar escenarios importantes y a conectar con miles de seguidores en Colombia y el exterior. El accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez no solo conmocionó al gremio musical, sino que también encendió un debate nacional sobre la seguridad en vuelos privados y los riesgos que enfrentan los artistas y sus equipos cuando se desplazan para cumplir con su agenda. Los cuerpos de emergencia, incluidos bomberos y personal del Ejército Nacional, confirmaron que no hubo sobrevivientes en la aeronave y que las labores de atención se efectuaron en conjunto con las autoridades locales. En medio del dolor, muchos colegas y amigos del cantante han compartido palabras de apoyo a la familia y llamados a mantener vivo su legado artístico, destacando la humildad, el carisma y la calidad musical que Yeison Jiménez dejó en la memoria colectiva del público.
Un caso de intolerancia se vivió este fin de semana en la capital del César en un partido de la Difútbol, la competencia de divisiones inferiores del fútbol profesional colombiano. Todo por la pésima reacción de un padre de familia a una decisión arbitral durante un partido de la categoria sub-15.El hecho se dio en el barrio Panamá, que, según versiones, empezó por una expulsión durante el partido que el padre de familia consideró que “era una decisión errada” que "afectaba al equipo de su hijo".“En la cancha del Barrio Panamá en Valledupar, en el Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol, el árbitro FIFA Kéiner Jiménez fue agredido por un padre de Familia de Academia Valledupar, porque uno de los jugadores de su equipo fue expulsado. El árbitro se defendió”, contó el analista José Borda, quien dio a conocer esta noticia.En el video se ve cómo el padre de familia invadió la cancha y atacó al ártbitro ante la vista de todo, incluso, uno de los jugadores le alcanzó a pegar un puño por la espalda al juez, mientras que otros intentaban separarlos en medio de la fuerte discusión. Además, el referí optó por defenderse y era detenido por sus compañeros para evitar que la situación pudiese escalar y empeorar todo.De acuerdo con la versión, el afectado fue el árbitro Kéiner Jiménez, quien cuenta con licencia FIFA y ha estado en grandes torneos, entre esos, la Liga BetPlay."El equipo debe ser suspendido por varios años"; "Al padre de familia prohibirle por un tiempo ir a canchas a partidos oficiales"; "Si uno no sabe pelear debería ser inteligente y aguantarse las ganas de que lo casquen"; "Sanción de 30 años al hijo y asunto arreglado", fueron algunos comentarios que se generaron a partir de esta tensa situación en las divisiones inferiores del fútbol colombiano.
Un miedo que ancla, llena de ansiedad y causa mucho descontrol en la vida es el miedo silencioso a perder estabilidad. No hablo solamente del miedo a quedarse sin dinero. Hablo de algo más profundo. Del miedo a que se caiga aquello que nos da sensación de control: el trabajo, la pareja, la rutina, la salud, el reconocimiento, la imagen que construimos, la vida “organizada”.De alguna manera vivimos intentando asegurar el futuro como si la existencia pudiera firmarnos un contrato de permanencia. Lo cual trae una contradicción dolorosa: mientras más queremos controlar la vida, más ansiedad sentimos. Porque la vida, por naturaleza, es movimiento. Nada permanece intacto.A veces creemos que buscamos paz, pero lo que realmente buscamos es garantía. Queremos saber que nada cambiará, que nadie se irá, que el cuerpo no fallará, que el amor no se desgastará, que el mundo seguirá obedeciendo nuestros planes. Pero la vida nunca prometió eso. Quizá una de las grandes tragedias contemporáneas es que nos enseñaron a construir seguridad, pero no a convivir con la incertidumbre. Nos volvimos expertos en producir, ahorrar, organizarnos, optimizarnos pero profundamente frágiles frente a lo inesperado. Y por eso hay personas que ya no viven: administran riesgos emocionales. No aman profundamente por miedo a sufrir. No cambian de rumbo por miedo a perder estabilidad. No descansan por miedo a quedarse atrás. No dicen lo que sienten por miedo a romper algo.Terminan atrapadas en una vida aparentemente segura, pero interiormente agotadora. Porque la estabilidad absoluta es una ilusión. Y cuando alguien convierte la estabilidad en el centro de su existencia, cualquier cambio se siente como amenaza, incluso los cambios necesarios.A veces la vida desordena precisamente aquello que habíamos convertido en refugio: una relación termina, un trabajo cambia, los hijos crecen, el cuerpo envejece, los planes se rompen. Es probable que madurar no consiste en lograr una vida donde nada se mueva. Tal vez consiste en desarrollar un corazón capaz de vivir el movimiento sin perderse a sí mismo. Porque la verdadera paz no nace de controlar todo. Nace de descubrir que incluso en medio de la incertidumbre seguimos teniendo algo esencial: la capacidad de reconstruirnos
La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024, confirmaron a la AFP los Mossos d'Esquadra.La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, ha dado varios giros hasta la detención este martes de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó la información, Jonathan Andic fue conducido a los juzgados de Martorell, a una treintena de kilómetros de Barcelona, donde se le volverá a tomar declaración.La causa, de momento, está declarada secreta, según indicaron fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.La muerte de Isak Andic, una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción.El empresario, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con su hijo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona.Su hijo Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.Investigada inicialmente como un accidente de montaña, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y realizar más pesquisas. La prensa local informó entonces de que la policía catalana estaba investigando el teléfono celular de su hijo Jonathan.Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido, entre ellos a sus otras dos hijas, según informó La Vanguardia.Actualmente, Jonathan, el primogénito, es vicepresidente del Consejo de administración de Mango.En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero al poco de que se pusiera al frente, su padre retomó las riendas.Empresa de éxitoIsak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente.Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en 4.500 millones de dólares.La empresa cuenta con más de 16.400 empleados y 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, de acuerdo con su página web.Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en su búsqueda de precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.En diciembre de 2023, Andic cedió por primera vez el 5% de su empresa a una tercera persona: su brazo derecho, Antonio Ruiz, consejero delegado del grupo y su actual timonel.Este "ejecutivo inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005, cuando se familiarizó con el proceso de creación, el diseño de las colecciones y la gestión de equipos", explica Mango en su página web."Si uno tiene claro dónde quiere llegar, y avanza siempre adelante, acaba alcanzando sus objetivos", decía Jonathan Andic en un video publicitario de la firma en 2023
De nuevo un extranjero es el protagonista de desórdenes en la capital antioqueña, donde se han reportado casos de fiestas, explotación sexual de menores de edad y hasta desórdenes en vía pública. Esta vez fue por la agresión a un menor de edad en una sala de cine de un centro comercial en El Poblado.Según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, las autoridades actuaron desde el primero momento que se conoció el caso y gracias a la rápida reacción entre la seguridad del centro comercial y la Policía Nacional, el ciudadano de nacionalidad francesa fue capturado por el delito de lesiones personales.El mandatario aseguró que entabló comunicación con la abogada de la familia del menor de edad y con su madre, a la par que indicó que dispusieron el equipo jurídico a la familia, haciendo seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia “para que este caso avance y no quede impune”.“Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, fueron las palabras de Gutiérrez, a través de su cuenta en X, donde publicó una foto del señalado agresor.Por lo pronto, se conoció que avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el hombre.
El paso vial entre Barranquilla y Galapa permanece cerrado este martes 19 de mayo por una amenaza relacionada con la posible presencia de explosivos abandonados en cercanías del puente de La Cordialidad. Las autoridades mantienen acordonado el sector mientras avanzan las inspecciones de seguridad para descartar cualquier riesgo para conductores y peatones.La situación fue reportada hacia las 5 de la mañana, cuando ciudadanos alertaron a la Policía sobre varios elementos sospechosos abandonados en la urbanización Villa Olímpica, en jurisdicción del municipio de Galapa. Según el reporte preliminar, uno de los cilindros estaba pintado de blanco y tenía un letrero alusivo al grupo ‘Los Pepes’.Otro cilindro, también pintado de blanco, fue dejado en la zona baja del puente de La Cordialidad y tendría un mensaje aparentemente relacionado con otro grupo armado. Aunque las autoridades verificaron rápidamente estos objetos y descartaron que representaran un peligro para los transeúntes, la alerta en la zona continúa activa.La principal preocupación de los expertos antiexplosivos se concentra ahora en una bolsa negra de aproximadamente 80 centímetros de alto que fue dejada sobre el puente de La Cordialidad. Ese elemento continúa siendo inspeccionado por unidades especializadas, que adelantan protocolos técnicos para determinar si contiene material explosivo.De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía, los cilindros abandonados no tendrían carga explosiva. Sin embargo, las autoridades mantienen las verificaciones en el sector como medida preventiva antes de permitir nuevamente la circulación de vehículos entre Barranquilla y Galapa.El cierre de este importante corredor vial ha provocado problemas de movilidad en la Circunvalar y otros puntos cercanos, debido a que el tránsito permanece restringido mientras culminan las labores de inspección. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la vía.