Cinco meses han pasado desde el famoso concierto del vallenatero Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Itagüí y se siguen conociendo sanciones para los involucrados en el hecho, esta vez desde la cadena de custodia.Según confirmó en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación, suspendió e inhabilitó por seis meses a los dragoneantes del Inpec, Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, por omitir sus funciones de control y registro.En fallo de primera instancia, el ente de control determinó que los funcionarios incumplieron el deber de hacer las anotaciones y los registros correspondientes al ingreso de la agrupación musical del mencionado artista al establecimiento carcelario, el pasado 8 de abril, en la minuta correspondiente.De momento, las faltas de los dragoneantes fueron calificadas como graves cometidas a título de culpa grave. A juicio de la Procuraduría, la conducta de los disciplinados “tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el INPEC”.El ente de control señaló que impuso la sanción, luego de aplicar la reducción correspondiente por la confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la etapa de instrucción y, precisó que el proceso contra los demás investigados continúa en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.Aunque ya todos los cabecillas que participaban de la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional anterior fueron trasladados a otras cárceles desde el día de la posesión de ABelardo De La Espriella, hay que recordar que cuando estalló la polémica se conocieron otras denuncias sobre las condiciones en las que permanecerían algunos de los recluidos en este penal.En su momento, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que incluso se habrían realizado modificaciones en las celdas y que algunos patios tendrían condiciones alejadas de las de un establecimiento penitenciario convencional. En una inspección al pabellón de máxima seguridad fueron decomisadas botellas de licor, sustancias psicoactivas, dos módems de internet, cargadores de celular y otros accesorios tecnológicos.
El cantante de vallenato Nelson Velásquez se pronunció luego de que la Fiscalía abriera una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El ente acusador indaga si el pago de dicho concierto, realizado el pasado 8 de abril en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí, provino de fuentes vinculadas al narcotráfico y estructuras criminales de Medellín.A través de un comunicado, el cantante aclaró que su participación respondió exclusivamente a un contrato gestionado por su equipo de trabajo. Según Velásquez, la información que recibió indicaba que la actividad contaba con todas las autorizaciones legales y se enmarcaba en los parámetros habituales para eventos de carácter cultural dentro de centros penitenciarios."Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad", afirmó el artista. Además, fue enfático en señalar que no tuvo intervención alguna en la organización, logística o en los permisos que permitieron su ingreso y el de su equipo al penal.Pese a que las autoridades investigan el ingreso irregular de licor y equipos prohibidos al pabellón donde se festejaba el cumpleaños de alias 'Pocho', Velásquez reiteró que su rol se limitó estrictamente a la ejecución musical. El artista subrayó que no tiene relación con hechos ajenos a su profesión y que su carrera siempre ha estado apegada a la ley.Finalmente, el cantante manifestó su respeto por las instituciones colombianas y su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. "Manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes", concluyó.Entretanto, el Inpec avanza en la sanción de 11 funcionarios y el presidente Petro ordenó el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá.
Un fiscal delegado de la seccional de Medellín abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión y ordenó el desarrollo de actividades de policía judicial para determinar posibles responsabilidades de funcionarios encargados de la vigilancia y control en la Cárcel de Itagüí, luego de evidenciar presuntas irregularidades relacionadas con la autorización y realización de actividades no permitidas al interior del centro penitenciario por la parranda vallenata.Según la información conocida, el objetivo principal de la indagación es establecer si existieron omisiones por parte de funcionarios responsables del control del penal que habrían permitido la realización de actividades no autorizadas, así como el ingreso de elementos y la ejecución de obras que no contarían con aval institucional. En desarrollo de estas órdenes, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación han adelantado varias diligencias de inspección dentro del establecimiento carcelario, con el propósito de identificar posibles irregularidades atribuibles a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a directivas del centro de reclusión.Uno de los puntos más llamativos dentro de la actuación judicial es la decisión de compulsar copias para que se investigue al cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta determinación fue adoptada con el propósito de que la delegada contra las Finanzas Criminales adelante verificaciones encaminadas a establecer si el artista tendría algún nexo irregular relacionado con la adquisición de dinero o bienes.El caso tomó relevancia pública luego de conocerse que en la cárcel se habría realizado una fiesta vallenata con la participación del artista mencionado, evento que, según denuncias conocidas, habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos. De acuerdo con las versiones que dieron origen a la investigación, invitados habrían ingresado al establecimiento sin los controles estrictos que exige un penal de alta seguridad, situación que encendió las alertas sobre posibles excesos y fallas en los protocolos internos.A esta polémica se suma un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que reveló la existencia de obras no autorizadas dentro del penal. Entre los hallazgos reportados se encuentran apartamentos de lujo, pisos de mármol y una capilla, además de elementos como aires acondicionados, televisores, teléfonos celulares y consolas de videojuegos, lo que evidenciaría un nivel de privilegios incompatible con las condiciones que deben regir en un centro de reclusión de máxima seguridad.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas de bandas criminales de Medellín que protagonizaron una fiesta irregular en la cárcel de Itagüí. La medida responde al escándalo generado por el ingreso sin control de artistas, vehículos de alta gama y personal externo al centro penitenciario el pasado miércoles 8 de abril."Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema", sentenció el mandatario. La decisión impacta directamente a jefes delictivos que, pese a participar en mesas de paz con el Gobierno Nacional, habrían coordinado el evento donde se documentó la presencia del cantante Nelson Velásquez.Detalles de la fiesta en la cárcel de ItagüíSegún denuncias de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el artista vallenato ingresó al penal hacia las 11:30 de la mañana y permaneció allí hasta después de las 4:00 de la tarde. Cámaras de seguridad del recinto captaron movimientos irregulares, incluyendo la gestión del acceso por parte de dos hombres ajenos al INPEC.Además, se reportó el ingreso de al menos 16 vehículos de alta gama cuyos ocupantes no habrían sido sometidos a las requisas obligatorias. Carrasquilla sugirió en declaraciones radiales que la celebración podría estar vinculada a una posible libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo', señalado excabecilla de 'La Oficina'.La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para identificar a los funcionarios que facilitaron este evento, el cual no contaba con autorizaciones del INPEC ni del Ministerio de Defensa.Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, anunció el relevo del director encargado del penal y del comandante de vigilancia. Actualmente, siete funcionarios enfrentan investigaciones internas mientras una comisión especial desde Bogotá determina las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron la vulneración del régimen penitenciario.
El reciente escándalo ocurrido en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, donde cabecillas criminales habrían organizado una fiesta con música en vivo, licor y presuntos sobornos a guardianes, ha desatado una nueva ola de indignación en el país. Sin embargo, más allá de la anécdota, expertos advierten que este episodio revela una crisis estructural mucho más profunda en el sistema carcelario colombiano.El analista y docente universitario Luis Fernando Trejos aseguró que este tipo de hechos “pone sobre la mesa un debate largamente aplazado” sobre la corrupción y la ineficacia del sistema penitenciario. Según explicó, lo ocurrido en Itagüí no es un caso aislado, sino parte de un patrón repetido: “Seguramente no va a ser el único escándalo que gira en torno a las cárceles y algunos desmanes que ocurren al interior de las mismas”.El episodio, que ha sido comparado con los excesos de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, revive cuestionamientos históricos sobre el control real del Estado en los centros de reclusión. Para Trejos, el problema central radica en una “corrupción estructural que hay dentro del Inpec”, la entidad encargada de la vigilancia penitenciaria.El analista fue contundente al señalar que el sistema ha fracasado en su misión principal: “Lo que vemos es que las cárceles en Colombia no resocializan a los delincuentes”. Por el contrario, advierte que muchas veces se convierten en espacios donde las estructuras criminales se fortalecen y continúan operando. “La cárcel no contiene el delito, no limita las capacidades criminales”, afirmó.Trejos también cuestionó la falta de voluntad política para abordar el problema de fondo. “No hemos ni siquiera empezado a dar el debate”, señaló, agregando que las discusiones suelen quedarse en la indignación mediática sin traducirse en reformas concretas. En ese sentido, planteó interrogantes de gran calado: “¿Liquidamos el Inpec? ¿Creamos otro organismo? ¿Qué vamos a hacer realmente con el sistema carcelario?”.El experto subrayó además el impacto que esta situación tiene sobre las víctimas. “Cuando la cárcel funciona más como una especie de resort o de hotel, uno se hace la pregunta: ¿a quién están castigando?”, expresó. Incluso advirtió que estas condiciones pueden generar un efecto perverso: “El castigo no es un castigo, sino que al contrario pareciera que hay una especie de premiación por la comisión de hechos criminales”.En medio del debate, también han surgido comparaciones con modelos de mano dura como el implementado por Nayib Bukele en El Salvador. No obstante, Trejos marcó distancia al señalar que existen diferencias institucionales clave: “En El Salvador hay un régimen autoritario… aquí tenemos un sistema de pesos y contrapesos que limita ese tipo de medidas”.Finalmente, el analista insistió en la urgencia de abrir una discusión seria y sostenida sobre el tema. “Entre más nos demoremos en dar ese debate de fondo, más nos vamos a demorar en ver resultados”, concluyó.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió provisionalmente por tres meses a once funcionarios de la Cárcel La Paz, en el municipio colombiano de Itagüí, Antioquia (noroeste), por irregularidades tras el escándalo por una fiesta celebrada esta semana con reclusos en ese centro penitenciario."Se apartarán del cargo a 11 funcionarios penitenciarios que se encontraban de servicio en ese momento por no haber cumplido con su función", dijo el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, en un video divulgado este sábado tras un operativo sorpresa en esa cárcel.Como resultado del operativo, las autoridades incautaron equipos de comunicación no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos dentro del penal. Entre los funcionarios suspendidos hay diez dragoneantes y un teniente.El caso se produce después de que se conociera la realización de una fiesta dentro del penal, en la que se presentó el cantante vallenato Nelson Velásquez, en un evento presuntamente no autorizado por el Gobierno y en el que, según denuncias, hubo consumo de alcohol y presencia de prostitutas.Por estos hechos, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió una investigación para determinar qué funcionarios permitieron el ingreso del artista.La cárcel La Paz, prisión de alta y media seguridad, alberga a cabecillas de bandas criminales de Medellín, algunos de ellos vinculados a los diálogos de 'paz urbana' impulsados por el Gobierno dentro de su política de 'paz total', lo que ha intensificado las críticas sobre los controles en el sistema penitenciario.Este episodio se suma a otros similares en cárceles colombianas en las últimas décadas. Uno de los más recordados es el de la cárcel La Catedral (Antioquia), donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de los años 90 en condiciones de lujo que evidenciaron la debilidad del Estado ante su poder.
Siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre la polémica parranda vallenata que se habría realizado el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre los controles de seguridad dentro de los centros penitenciarios del país.En la noche de este viernes se conoció un video que muestra el momento exacto en que el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó al establecimiento carcelario. De acuerdo con la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien denunció públicamente la situación, el artista llegó alrededor de las 11:30 de la mañana y permaneció en el lugar hasta después de las 4:00 de la tarde.Las imágenes de cámaras de seguridad también evidenciarían movimientos irregulares en el acceso al penal. En uno de los registros se observa la presencia de dos hombres que, al parecer, no pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes estarían controlando el ingreso y salida de los asistentes al evento.Según la denuncia de la concejala Carrasquilla, a la celebración ingresaron al menos 16 vehículos de alta gama por la puerta del establecimiento penitenciario. Los ocupantes de estos automotores, de acuerdo con la versión entregada por la funcionaria, habrían accedido sin ser sometidos a los controles de requisa habituales en este tipo de instalaciones.La polémica se intensificó al conocerse que la parranda vallenata se habría realizado sin autorización del INPEC ni del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, lo que abrió un debate sobre los protocolos de seguridad dentro de la cárcel de Itagüí.Ante la gravedad de lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades disciplinarias. El procurador general Gregorio Eljach confirmó que la investigación busca identificar a los funcionarios que habrían permitido o facilitado el ingreso irregular de artistas y visitantes al penal.Por su parte, el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, informó que tras conocerse los hechos se adoptaron varias medidas administrativas. Entre ellas se encuentra el cambio inmediato del director encargado del establecimiento penitenciario y el traslado del comandante de vigilancia.Asimismo, la entidad abrió investigaciones internas contra siete funcionarios que, presuntamente, estarían vinculados con lo ocurrido, y ordenó el envío de una comisión desde Bogotá para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron el ingreso del cantante y la realización de la celebración.En medio de la controversia, la concejala Carrasquilla también aseguró en declaraciones al programa Mañanas Blu que la fiesta estaría relacionada con la eventual salida en libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, señalado como excabecilla de la estructura criminal conocida como La Oficina.
La millonaria parranda vallenata que hicieron al interior de la cárcel de Itagüí y en donde los anfitriones habrían sido los voceros de bandas delincuenciales que negocian la Paz Total con el Gobierno nacional no ha parado de generar reacciones en todo el país, ya que en el Congreso de la República se citó a un control político por los hechos ocurridos recientemente.Hay que recordar que en la fiesta estuvo Nelson Velásquez al que supuestamente se le pagaron cerca de 100 millones de pesos y, además, en videos que han salido a la luz se logra apreciar que en el centro penitenciario hubo tarima, comida y bebidas alcohólicas, lo que provocó el relevo del director encargado de la Cárcel La Paz.El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que el Ministerio de Justicia y el Inpec deberán responder por la polémica parranda vallenata y otras situaciones al interior de los centros penitenciarios."Hechos como los recientemente conocidos en la cárcel de Itaguí. Con fiestas al interior sin ningún tipo de control, nos retornan a los peores años, al mejor estilo de la catedral en manos de Pablo Escobar. La salida sin control, el desafío a la institucionalidad", mencionó el congresista.Por ahora y mientras los implicados en presuntas irregularidades responden ante el Congreso de la República, hay que indicar que la Procuraduría General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades en las irregularidades durante la escandalosa parranda vallenata en el Sur del Valle de Aburrá.Por su parte, el Inpec también hace las pesquisas correspondientes contra siete funcionarios del centro penitenciario que estarían involucrados en la fiesta protagonizada por el cantante Nelson Velásquez.
Una fuerte controversia tras la divulgación de videos y fotografías que evidenciarían una parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez dentro de la cárcel de Itagüí, en Antioquia. El concejal de Medellín Andrés Tobón, uno de los denunciantes del hecho, aseguró que lo ocurrido refleja el nivel de privilegios que tendrían algunos criminales dentro del sistema penitenciario y cuestionó la responsabilidad de las autoridades.En entrevista con el periodista Néstor Morales, en Mañanas Blu, el concejal calificó el episodio como una “vergüenza” y señaló que la fiesta, que habría incluido tarima, comida, licor y la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, demuestra que algunos delincuentes mantienen poder incluso tras las rejas.“Una vergüenza definitivamente. Y después de escuchar lo que tenía por decir el ministro de Justicia queda uno muchísimo más preocupado”, afirmó Tobón al referirse a las explicaciones iniciales del Gobierno sobre lo ocurrido.Según las denuncias, el evento habría sido organizado dentro del penal con recursos que incluirían pagos millonarios y presuntos sobornos a funcionarios penitenciarios.Presuntos pagos y complicidades dentro del penalDe acuerdo con la información que ha circulado públicamente y que también llegó al concejal, detrás de la organización de la fiesta habría una estructura que facilitó tanto la contratación del artista como las condiciones para el evento dentro del centro carcelario.“La información que se ha conocido es que habría una persona encargada detrás no solamente del pago a Nelson Velásquez de los 100 millones de pesos de los cuales se ha hablado, sino también del supuesto soborno a dragoneantes, inspectores e incluso al subdirector”, aseguró Tobón durante la entrevista.El concejal advirtió que reducir la responsabilidad a algunos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sería insuficiente. A su juicio, el caso revela un problema estructural dentro del sistema.“Imposible que esto se vaya a quedar simple y llanamente en que unos dragoneantes del INPEC sean los culpables y lavémonos las manos”, afirmó, insistiendo en que deben investigarse responsabilidades más amplias.“La parranda es la cereza del pastel”Para Tobón, el episodio no es un hecho aislado sino la evidencia de condiciones privilegiadas que algunos líderes criminales tendrían en el penal de Itagüí. Durante la conversación, cuestionó lo que calificó como condiciones de lujo dentro de la cárcel y criticó que algunos detenidos vinculados a estructuras criminales tengan espacios y comodidades impropias de un centro penitenciario.“Las condiciones de lujo que tienen allá adentro en sus habitaciones, no celdas, en sus oficinas… la parranda vallenata es la cereza del pastel que nos demuestra que en este país los criminales se pusieron la justicia de ruana”, expresó.Sus declaraciones se dan en medio del debate sobre la política de “paz total” del Gobierno nacional, que ha impulsado procesos de diálogo con estructuras criminales en distintas regiones del país.¿Quién es alias “Douglas”?Uno de los nombres que ha surgido en medio de la polémica es el de alias “Douglas”, señalado por Tobón como uno de los criminales más influyentes dentro del mundo del crimen organizado en Medellín.Según el concejal, Douglas sería el máximo cabecilla de La Terraza, una histórica organización criminal vinculada con narcotráfico, homicidios y formación de redes de sicariato. “Douglas es el peor criminal del mundo del crimen organizado que existe hoy en Colombia, es el máximo representante de una estructura conocida como La Terraza”, afirmó Tobón.El concejal también recordó que el líder criminal fue condenado en 2009 por diversos delitos y que actualmente enfrenta investigaciones relacionadas con desplazamiento forzado, homicidio y extorsión.Según explicó, se trata de una estructura que durante décadas ha tenido incidencia en Medellín y otras regiones del país, con redes que incluso habrían operado en mercados internacionales del narcotráfico.Debate político por la mesa de negociaciónEl caso también ha reavivado el debate político sobre la relación entre el Gobierno y las organizaciones criminales con las que se busca avanzar en procesos de negociación. Mientras algunos sectores del oficialismo han señalado que los detenidos no pueden ser catalogados como “capos”, Tobón considera que esa postura contradice la naturaleza de las conversaciones impulsadas por el propio Estado.“Montan una mesa de negociación con estructuras de crimen organizado de alto impacto… y cuando se evidencia que no respetan la justicia, entonces dicen que no son capos sino unos simples angelitos”, criticó el concejal.Para el dirigente político, el episodio de la parranda vallenata pone en duda la efectividad de los controles en las cárceles y la coherencia del discurso gubernamental frente al tratamiento de las organizaciones criminales.Tras la difusión de los videos y fotografías del evento, las autoridades anunciaron revisiones internas para esclarecer lo ocurrido dentro del penal de Itagüí. Sin embargo, el concejal insiste en que la investigación debe ir más allá de sanciones administrativas contra funcionarios del INPEC y analizar posibles responsabilidades institucionales y políticas.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, calificó de "penoso" el escándalo provocado por una fiesta privada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde un grupo vallenato en el que cantó Nelson Velásquez ingresó para amenizar un festejo con licores y catering destinado a cabecillas de bandas criminales que participan en procesos de paz.El alto funcionario fue enfático en desmarcar al Gobierno de cualquier autorización para este evento, señalando que se trató de un abuso de los beneficios carcelarios otorgados en el marco de las negociaciones sociojurídicas. Excusas públicas y rechazo del GobiernoEl ministro Cuervo inició su intervención con una disculpa formal ante la opinión pública, reconociendo la gravedad de lo ocurrido dentro del penal. "Aprovecho la oportunidad para rechazar ese tipo de eventos. No tiene por qué pasar y no puede pasar, digamos, es penoso y ofrezco en nombre del gobierno y del ministerio, pues excusas al país", afirmó el funcionario.Según el jefe de la cartera de Justicia, este hecho genera especulaciones negativas que afectan la credibilidad de la mesa de negociación con los grupos ilegales del Valle de Aburrá. Fallas en los filtros y posible corrupciónLa investigación preliminar indica que el ingreso del grupo musical y los suministros prohibidos se dio aprovechando el régimen especial de visitas que tienen los 23 negociadores los días miércoles. "Ahí donde fallaron los filtros porque estas personas se hubieran podido entrar sin problema... pero hubo entrada de Licor, entrada de catering y eso fue pues problemático", explicó el ministro. Cuervo no descartó que detrás de estas fallas operativas existan actos de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). "Para que ingresaran licor, para que ingresaran otros elementos que están prohibidos por el régimen disciplinario del Inpec, tuvieron que haber pasado cosas... y una de las posibles causas, sin duda, claro, es corrupción de personal de la Guardia Penitenciaria". Consecuencias inmediatas y diálogos suspendidosTras conocerse el video de la parranda, el Gobierno tomó decisiones radicales. El director de la cárcel de Itagüí y el comandante de guardia fueron removidos de sus cargos de forma inmediata, y se inició una investigación disciplinaria contra siete dragoneantes. Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió poner un "alto en el camino" a las conversaciones. "La oficina del Alto Comisionado decidió suspender estos diálogos hasta tanto se conozca más información", puntualizó Cuervo. Escuche aquí la entrevista:
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este sábado en Panamá que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, teme su retorno al país, pero advirtió que "nada" impedirá que los venezolanos sean libres."El régimen de Rodríguez no quiere que yo esté presente, teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", declaró Machado a la cadena local TVN."Pero Venezuela será libre y no hay nada que pueda hacer Delcy Rodríguez ni su régimen para impedirlo", agregó Machado cuando acudió este sábado a un centro de acopio instalado en la capital panameña tras el terremoto de 7,7 que sacudió a Panamá el viernes, sin registro de muertos pero sí de cerca de una treintena de heridos y daños materiales.Esta es la segunda vez que Machado ofrece declaraciones a medios panameños desde que se encuentra en el país, al que llama su "segundo hogar", y en el que está al menos desde el 29 de junio pasado, día en el que difundió un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela luego del potente doblete sísmico que asoló el litoral central caribeño del país el día 24 de ese mes, dejando miles de muertos y desaparecidos.La primera fue el pasado 5 de julio, en el marco de una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las víctimas del doble terremoto en Venezuela.A finales de septiembre Machado intentó tres veces salir de Panamá sin éxito, ya que Curazao, Bonaire y Aruba - islas caribeñas muy cercanas a Venezuela - negaron el permiso de aterrizaje al vuelo privado que la llevaría a Venezuela, como dijo a EFE una persona que tuvo acceso a lo sucedido y que pidió el anonimato."Yo, como ustedes saben, estoy haciendo todo, todo, todo lo que está en mis manos para superar todos los obstáculos y regresar tan pronto como sea posible a mi país, que es donde mi deber es estar", declaró Machado.Al ser preguntada sobre cómo seguiría su plan de regreso a Venezuela, la líder opositora venezolana se limitó a responder: "Hasta ahora no ha sido posible, esa es la respuesta".Sobre Panamá, recalcó que el país centroamericano resguarda "las actas de la soberanía, de la libertad de Venezuela", en referencia a las actas de votación que la oposición venezolana considera una prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024."En la historia de Venezuela estará el nombre del Panamá y del presidente (José Raúl) Mulino, que se la ha jugado por la democracia y por la libertad", agregó.Si ha habido - continuó Machado - "un país que ha acogido con los brazos abiertos en su corazón a mis compatriotas ha sido Panamá, y lo ha hecho conmigo también" y tras el terremoto del viernes toca ahora a los venezolanos derramar su solidaridad con el país centroamericano, explicó.Este mismo sábado, el presidente Mulino reveló a periodistas, durante un recorrido por zonas del interior afectadas por el terremoto, que conversó con la presidenta interina de Venezuela."Hoy tuve una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que me puso a disposición por toda la experiencia" del país, dijo brevemente Mulino, cuyo gobierno no ha reconocido oficialmente a la Administración interina venezolana.Rodríguez expresó el viernes en sus redes sociales su solidaridad y ofreció ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7 que generó daños de infraestructura en localidades cercanas al epicentro del temblor, situado en una zona costera del sur del país.
Las declaraciones las hizo desde Cali, durante un encuentro con registradores del Valle del Cauca que se preparan para las elecciones territoriales de 2027. Allí, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó los procedimientos que se desarrollan durante las jornadas electorales y el trabajo de los ciudadanos que participan como jurados de votación.“Les puedo asegurar mirándolos a los ojos, es decir, meto las manos al fuego por el proceso electoral colombiano, porque es absolutamente transparente”, afirmó Penagos.El registrador sostuvo, además, que el procesamiento de los resultados, el trabajo de los jurados de votación, el preconteo y los escrutinios hacen parte de los procedimientos que permiten dar garantías sobre el desarrollo de las elecciones en Colombia.En ese sentido, insistió en que los resultados divulgados por la Registraduría no deberían generar dudas y defendió el trabajo que realizan los funcionarios de la entidad en los diferentes municipios del país.“Han estado en cada municipio de Colombia, ejerciendo su tarea con autoridad, haciéndose respetar y cumpliendo las labores de su cargo y yo se los destaco mucho, más que como registrador, como colombiano”, agregó.Asimismo, el registrador reconoció a los equipos territoriales, a quienes atribuyó una parte fundamental del trabajo que desarrolla la Registraduría para garantizar el funcionamiento del sistema electoral.Según el funcionario, la labor de estos equipos contribuye a que la ciudadanía reconozca a la entidad como una institución clave para la democracia colombiana.Es por esto por lo que Penagos pidió a los registradores continuar trabajando de manera coordinada y mantener el compromiso con sus funciones, de cara a los próximos comicios territoriales, que tendrán lugar el próximo año.“Lo que nos queda en este tiempo es hacerlo muy bien, trabajar en equipo y seguir construyendo para que la ciudadanía vea en esta entidad lo que es una entidad con competencias, una entidad con gente muy valiosa y una entidad que, sin duda, es el fiel de la balanza de la democracia en nuestro país”, concluyó.
Una jornada de compras terminó en una emergencia en Corea del Sur, luego de que parte del techo de un establecimiento comercial cediera de manera repentina mientras decenas de personas permanecían en su interior. La caída de los materiales tomó por sorpresa a los clientes, quienes trataron de escapar para evitar ser alcanzados por los escombros.El accidente dejó decenas de personas lesionadas y movilizó a los organismos de emergencia, mientras las autoridades investigan qué habría provocado el colapso de la estructura.Así ocurrió el derrumbe que dejó 38 personas heridasEl hecho se registró a las 10:16 a. m. del 10 de octubre, en un edificio de cuatro pisos situado en Gwaneum-dong, dentro del distrito de Buk-gu, en la ciudad surcoreana de Daegu.De acuerdo con medio locales, en el segundo piso del inmueble se desarrollaba una actividad comercial dedicada a la venta de utensilios de cocina. En ese momento, 66 personas se encontraban en el establecimiento, entre ellas numerosos adultos mayores.La emergencia comenzó cuando varios materiales del techo empezaron a desprenderse. La situación generó momentos de angustia entre los asistentes, que buscaron una salida mientras partes de la estructura caían a su alrededor.Aunque todas las personas lograron abandonar el edificio, 38 resultaron heridas. Nueve de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos para recibir atención, según los reportes conocidos sobre el accidente.La situación requirió el apoyo de los bomberos, quienes explicaron que algunas de las víctimas sufrieron rasguños y otras lesiones durante la caída de los materiales y los intentos por ponerse a salvo.Adultos mayores relataron los momentos de terrorEntre los testimonios conocidos está el de una mujer de 77 años, quien contó al periódico The Chosun Daily cómo consiguió escapar de la zona afectada.Según su relato, el interior del establecimiento quedó prácticamente a oscuras cuando comenzó el derrumbe. Ante la caída de los materiales, tuvo que avanzar arrastrándose y usar las manos y los brazos para protegerse de los elementos que seguían desprendiéndose.Otro cliente, un hombre de 79 años, aseguró que la emergencia se desarrolló en cuestión de segundos. Al darse cuenta de que el techo comenzaba a hundirse, salió corriendo para evitar quedar atrapado.El testigo afirmó que la estructura terminó de desplomarse con un fuerte estruendo en menos de 10 segundos, por lo que los presentes tuvieron que reaccionar rápidamente.¿Qué pudo causar el colapso del techo?Las autoridades surcoreanas abrieron una investigación para establecer por qué cedió la estructura y determinar si el accidente estuvo relacionado con problemas de conservación del inmueble o con posibles fallas estructurales.Entre las hipótesis que se analizan están el desgaste de los materiales utilizados en el revestimiento del techo y las posibles filtraciones de agua. Estas últimas habrían podido aumentar el peso soportado por la estructura, aunque todavía no se ha confirmado que alguna de estas circunstancias haya provocado el derrumbe.Según The Korea Times, el inmueble fue construido en 1994. En su planta baja funcionaba anteriormente una tienda de alimentos que dejó de operar en septiembre de 2026.Tras el accidente, los organismos de emergencia desplegaron 60 integrantes del personal y 14 unidades para revisar el lugar y verificar que no hubiera personas atrapadas entre los escombros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre o llamarlo "el océano de las Américas"."Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", bromeó durante un mitin en Clarksville, en el estado de Tennessee, entre risas y aplausos.El mandatario aseguró que EE.UU. necesita un océano y un gran río a su nombre después de ordenar que el Golfo de México fuera rebautizado como el golfo de América y el lago de Ontario como el lago de América."Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río", aseveró.Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson, que atraviesa Nueva York, cuyo nombre homenajea al explorador Henry Hudson."Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo", dijo Trump al respecto.También rechazó la posibilidad de cambiar el nombre del río Misisipi.El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos utilizados por las agencias federales y ya es decisión de las empresas privadas seguirlo o no, aun así, hasta ahora ha encontrado bastante respaldo.Además del golfo y el lago, Trump sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América".Esta propuesta, en cambio, no parece ser igual de sencilla que la de los accidentes geográficos ya que puede que se tuviera que consultar a los habitantes de ese estado y una reforma de la Constitución del estado.
Una cámara de seguridad registró los momentos de tensión que vivieron un hombre y un niño pequeño durante un ataque de un toro. La grabación muestra cómo el adulto intenta mantener al animal alejado del menor mientras recibe varias embestidas en el patio de una vivienda.Las imágenes permiten seguir la secuencia del incidente, desde el primer impacto hasta la llegada de dos mujeres que se encontraban dentro de la casa y que salen cuando el hombre y el niño están en peligro.¿Cómo ocurrió el ataque del toro en India?El video muestra el momento en que el animal arremete por la espalda contra el hombre, quien lleva al pequeño en brazos. La fuerza del impacto hace que el adulto suelte al niño, que cae al suelo y se golpea fuertemente el rostro.Tras la caída, el hombre parece quedar aturdido por unos instantes, pero intenta recuperarse mientras el toro continúa atacándolo. En medio de la situación, busca distraer al animal para evitar que se dirija hacia el menor, que permanece en el suelo.La grabación muestra cómo el toro golpea varias veces al adulto. Pese a las embestidas, el hombre logra reponerse y desplazarse hacia un costado del patio de la vivienda, con la intención de alejar al animal del pequeño.Durante esos segundos, el niño permanece en el suelo sin realizar movimientos que, según se aprecia en el video, atraigan la atención del toro. El hombre intenta mantener al animal ocupado y evitar que este se acerque al pequeño.¿Cómo lograron poner a salvo al niño y al hombre?En otro momento del registro, el toro vuelve a dirigirse hacia el adulto, quien se ubica junto a un poste para atraer su atención. El animal cambia de dirección y emprende otro camino, lo que permite que el hombre y el bebé eviten una situación mucho mayor.Solo después de estos momentos de tensión, dos mujeres que se encontraban dentro de la vivienda salen al patio. Ambas recogen al niño y lo llevan al interior de la casa junto con el hombre, que se ve bastante golpeado tras los embates del animal. El incidente tuvo lugar en Raipur, India, y las imágenes fueron difundidas en las redes sociales.