Fiscalía pide al presidente Gustavo Petro reactivar capturas contra jefes del Frente 33
Entre junio y diciembre de 2025 se han emitido múltiples órdenes de captura e imputaciones contra integrantes de esta estructura armada por delitos considerados de alta gravedad, entre ellos homicidio en persona protegida y conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía General de la Nación envió una solicitud formal al presidente Gustavo Petro para reactivar las órdenes de captura contra varios integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, argumentando el deterioro de la situación humanitaria en la región del Catatumbo y otros hechos delictivos. En el documento se nombra a Carlos Eduardo García Téllez, alias 'Andrey Avendaño', Jonathan Jair Narváez Quintero, Farby Édison Parra Parra, alias 'Richard', Javier Alonso Velosa García, alias 'John Mechas'.
En el documento, la Fiscalía expone que la solicitud se fundamenta en la situación que se registra en esa zona del país, donde las condiciones de seguridad y convivencia no habrían mejorado pese a las medidas adoptadas previamente.
Fiscalía General de la Nación
Foto: Google Maps
Según el texto remitido al Ejecutivo, las decisiones se sustentan en hechos “originados en la actividad de los grupos armados en la región del Catatumbo, y en particular del Frente 33, así como en la observación de la Defensoría del Pueblo de lo que allí se vive, y lo que se relata en fuentes abiertas; ni la actitud de paz de los beneficiarios de las medidas de suspensión de órdenes de captura refleja una genuina actitud de convivencia pacífica, ni la situación de los habitantes de la zona del Catatumbo ha mejorado y, en cambio, se ha deteriorado a niveles de crisis humanitaria”.
La solicitud también hace referencia a cifras que evidenciarían la magnitud de la violencia en esa región, relacionadas con hechos que han sido objeto de investigación judicial. En ese sentido, el documento señala que “se han documentado 180 víctimas de homicidio, entre las cuales se encuentran 135 civiles, 5 menores de edad, 7 firmantes de paz, 16 líderes sociales, 17 integrantes de la Fuerza Pública y 47 tentativas de homicidio”. Asimismo, se advierte sobre otros delitos que afectan a la población civil, como el reclutamiento forzado de menores y el confinamiento de comunidades.
Dentro de los hechos descritos, la Fiscalía también indicó que se ha registrado “reclutamiento ilícito de 51 menores de edad, así como la muerte violenta de niños en medio de las hostilidades”. A esto se suma el confinamiento de comunidades enteras en zonas rurales del Catatumbo, situación que ha sido reportada por organismos de control y autoridades locales. En el documento se precisa que se reportó el “confinamiento de por lo menos 800 personas en el municipio El Tarra, a partir de la contienda desatada desde el 24 de diciembre pasado”.
De acuerdo con el ente acusador, entre junio y diciembre de 2025 se han emitido múltiples órdenes de captura e imputaciones contra integrantes de esta estructura armada por delitos considerados de alta gravedad, entre ellos homicidio en persona protegida y conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estas decisiones judiciales, según la Fiscalía, hacen parte de las investigaciones adelantadas contra los presuntos cabecillas del Frente 33 por hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado en esa región del país.
El documento también aborda la discusión jurídica sobre la autoridad competente para revocar la suspensión de las órdenes de captura previamente decretadas. Frente a este punto, la Fiscalía señaló que, según interpretaciones de otras entidades, la decisión no estaría en manos del ente investigador. En ese sentido, el texto indica que “tanto la Defensora del Pueblo como el Consejero Comisionado de Paz consideran que dicha facultad no se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación; colocándola en cabeza del Presidente de la República”.
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