La Fiscalía avanza en la recopilación de evidencias para establecer la correcta adecuación típica en la investigación por la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de ser reducido y trasladado bajo custodia policial en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha.
El caso será investigado por la justicia ordinaria, luego de que se definiera que no corresponde a la justicia penal militar adelantar las actuaciones relacionadas con la muerte de Balanta. En este momento, la Fiscalía trabaja en la recopilación de elementos que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
La muerte de Balanta generó pronunciamientos de organismos de derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su “profunda preocupación” por el caso y recordó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de una persona que se encuentra detenida.
La organización también pidió que se apliquen los estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y que se adelante una investigación exhaustiva desde la justicia ordinaria, en línea con las garantías que deben rodear este tipo de actuaciones.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el caso e indicó que, desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, ha mantenido comunicación con allegados de la familia de Balanta y les ha brindado orientación frente a la garantía de sus derechos. También señaló que ha hecho seguimiento a las manifestaciones y plantones pacíficos realizados para exigir el esclarecimiento de los hechos.
La Defensoría expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y amigos de Balanta y resaltó que sus familiares tienen derecho a conocer lo ocurrido. En ese sentido, señaló que las investigaciones deben permitir establecer la verdad y las responsabilidades a que haya lugar, con todas las garantías de acceso a la justicia.