En una decisión de gran celeridad, la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro, el cual buscaba trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida cautelar responde a una aparente contradicción entre la norma gubernamental y la reciente Ley 2381 de 2024.
Los hechos se desencadenaron de la siguiente manera: la semana pasada el Gobierno nacional emitió el polémico decreto; el jueves se interpuso la demanda de nulidad; ayer lunes el despacho del magistrado Carlos Hernández la admitió y, finalmente, este martes se comunicó la decisión de suspender sus efectos.
Ante esta agilidad, el exconsejero de Estado Carlos Alberto Zambrano explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que "es posible que, dada la importancia del tema y la urgencia de decidir sobre el mismo (...) haya sido posible adelantar o tomar esa decisión en un tiempo tan corto".
El núcleo de la disputa radica en el artículo 76 de la Ley 2381 (Reforma Pensional). Según Zambrano, dicho parágrafo ordena que los recursos de ahorro individual de quienes opten por cambiar de régimen permanezcan en sus cuentas hasta que se consolide el derecho a la pensión.
Por el contrario, el decreto suspendido ordenaba el traslado inmediato a la entidad pública. Sobre esto, el experto señaló: "El decreto que acaba de expedir el gobierno (...) resulta de bulto contrario a ese parágrafo de ese artículo 76".
La figura de la suspensión provisional no es nueva ni extraordinaria, pues busca proteger la integridad del sistema legal. Zambrano aclaró que se aplica para evitar que el ordenamiento se vea afectado por normas dudosas.
"Si hay una norma que en apariencia es contraria al ordenamiento jurídico, no hay razón para mantenerla vigente mientras se decide de fondo", esto con el fin de evitar un "ordenamiento jurídico contaminado con una norma contraria a derecho".
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Aunque esta medida frena el traslado de los recursos de manera temporal, el Consejo de Estado deberá ahora realizar un estudio profundo para determinar si anula definitivamente el decreto o si, tras un análisis detallado, levanta la suspensión y avala su vigencia.
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