En la noche de este martes fue legalizada la captura del ex subcontralor de Antioquia Rubén Darío Naranjo y de su esposa, María Elena Escobar, quienes fueron detenidos este lunes en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por el caso que la Fiscalía ha denominado “Contraloría de Bolsillo”.
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Durante esta primera fase de las audiencias preliminares, Rubén Darío Naranjo manifestó que hasta este martes estuvo en su cargo como subcontralor, cumpliéndose lo que había dicho su abogado defensor, Jesús Yepes, quien ya había anunciado que Naranjo renunciaría al cargo.
La Fiscalía inició la imputación de cargos contra el exfuncionario, que deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, tráfico de influencias, violación al régimen legal o constitucional, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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El ente acusador argumenta que el exsubcontralor "violó el interés general de su cargo y asumió su cargo para un interés particular", refiriéndose también al periodo entre agosto de 2018 y junio de 2019, tiempo en el que estuvo como contralor encargado.
Además, lo involucran con un caso de tráfico de influencias en el municipio de Valparaíso para resolver un proceso relacionado con una querella por servidumbre de agua. También con el presunto favorecimiento en auditorías al hospital Santa Margarita de Copacabana, luego de que le dieran varios contratos a una de sus sobrinas.
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También fueron relacionados los hechos ocurridos con el alcalde de Jardín, que hizo contratos con las empresas de la familia Naranjo, al igual que el alcalde del municipio de La Pintada.
A la esposa del ex subcontralor, María Elena Escobar, les fueron imputados cargos por los delitos de peculado, contrato sin el lleno de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente por los hechos relacionados con dos contratos con el municipio de La Pintada, en los que, al parecer, hubo apropiación de 47 millones de pesos.
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