El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó que durante las jornadas del 7 y 8 de agosto de 2026 fueron trasladadas más de 400 Personas Privadas de la Libertad (PPL) de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) a cargo de la entidad. Los movimientos hacen parte de operativos adoptados por razones de seguridad y organización del sistema penitenciario.
De acuerdo con el INPEC, los traslados se realizaron mediante los correspondientes actos administrativos y tienen como objetivos preservar la seguridad nacional, mantener el orden interno de los establecimientos, descongestionar la infraestructura carcelaria y garantizar la vida e integridad de los internos y del personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Mientras se conocen los detalles de estos movimientos, este lunes avanza un nuevo operativo de traslados en Barranquilla, que contempla el traslado de varios presos considerados de alto perfil hacia otros establecimientos penitenciarios.
Entre los movimientos que ya se habían conocido está el traslado de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, así como de cabecillas vinculados a irregularidades registradas en la cárcel de Itagüí.
A este grupo se suma Sergio Andrés Pastor, integrante de la Primera Línea, conocido como alias 19, quien se encuentra condenado por los delitos de tortura y concierto para delinquir.
También fueron trasladados otros señalados cabecillas de organizaciones criminales y personas responsables, según los procesos en su contra, de múltiples homicidios. Entre ellos se encuentran Héctor Fernando Pérez, alias ‘Tomate’; Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’; John Keneber Cárdenas Murillo, alias ‘Kenner’, señalado como jefe de sicarios en Ibagué; Rafael Escobar Patiño, alias ‘Monstrico’; Marlon Herrera Zárate, alias ‘W’, y Charly de Jesús Torres, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, entre otros.
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El INPEC explicó que estos movimientos también estuvieron relacionados con solicitudes presentadas por los propios internos o sus familiares, además de alertas de seguridad emitidas por las direcciones de los establecimientos penitenciarios.
Otro de los criterios considerados fue la clasificación de riesgo de un grupo de internos catalogados como de alta peligrosidad.