Daneidy Barrera Rojas, la polémica influenciadora conocida como ‘Epa Colombia’, no será trasladada a la cárcel El Buen Pastor, a pesar de las quejas por supuesto mal comportamiento y lujos indebidos al interior de su centro de reclusión. Este medio confirmó, a través de varias fuentes cercanas al proceso, que solo se le hará un llamado de atención y que, además, tendrá que firmar un acta de compromiso de buen comportamiento.Los supuestos escándalos y lujos de ‘Epa Colombia’ en la Escuela de CarabinerosLa polémica estalló cuando salió a la luz pública un informe en el que se advierten posibles beneficios indebidos relacionados con comodidades, lujos y visitas a Daneidy Barrera Rojas en su sitio especial de reclusión, donde deberá cumplir una pena de cinco años de cárcel, que fue ratificada en enero de 2025 por la Corte Suprema de Justicia tras ese video donde se le ve, con martillo en mano, rompiendo las puertas y lectores de tarjetas de la estación de TransMilenio de Molinos, al sur de Bogotá.En su momento, el INPEC anunció una serie de acciones para investigar a profundidad los episodios en los que estaría involucrada ‘Epa Colombia’.El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró en su momento que no podían existir tratamientos diferenciales dentro del sistema penitenciario que vulneren el principio de igualdad entre las personas privadas de la libertad.En principio, Daneidy Barrera Rojas estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y, luego de varios meses, su defensa pidió que, por seguridad, ella fuera enviada a una guarnición.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó la apertura de una investigación interna por presuntas irregularidades en las condiciones de reclusión de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, quien actualmente permanece en la estación de la Escuela de Carabineros de Bogotá.De acuerdo con el funcionario, la decisión se tomó tras la elaboración de un informe en el que se advierten posibles beneficios indebidos relacionados con comodidades, lujos y visitas. “Se hizo ese informe, dirigido al señor ministro de Justicia, y estamos trabajando con el Gobierno nacional para trabajar y precisamente establecer una decisión frente a eso”, señaló.El director del Inpec fue enfático en que no pueden existir tratamientos diferenciales dentro del sistema penitenciario que vulneren el principio de igualdad entre las personas privadas de la libertad. “Aquí no podemos tener internos o presos de condiciones especiales frente a la comodidad, frente a los lujos, y ese es nuestro trabajo constante desde el Inpec”, afirmó. En ese sentido, agregó que “el año pasado hicimos 25.000 operativos evitando celulares, evitando fiestas, evitando lujos, evitando comodidades excesivas, claro, respetando derechos humanos, respetando la dignidad humana, pero no puede haber aquí estratificación de personas, todos deben cumplir con el régimen penitenciario”.Según explicó Gutiérrez, el informe recoge información obtenida en articulación con la Policía Nacional “Advierte de varias comodidades, de lujos, de visitas y demás, y a partir de eso y de un trabajo que se ha hecho con la Policía Nacional, quienes tienen allá la custodia directa, recolectando la información de todas las posibles infracciones a la ley, se hizo ese informe”, indicó.Cabe recordar que Daneidy Barrera Rojas fue trasladada a la Escuela de Carabineros de Bogotá luego de haber sido recluida inicialmente en la cárcel El Buen Pastor. Este cambio obedeció a decisiones judiciales relacionadas con su seguridad, teniendo en cuenta su nivel de reconocimiento público.La empresaria y creadora de contenido cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión, ratificada en enero de 2025, por los daños ocasionados a la infraestructura de una estación de TransMilenio.
Un juez de ejecución de penas le negó a Daneidy Barrera Rojas, 'Epa Colombia', la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de justicia restaurativa. Ella seguirá privada de la libertad tras la confirmación de su pena a 5 años de cárcel por parte de la Corte Suprema de Justicia tras haber vandalizado una estación de Transmilenio en 2019.Epa Colombia hizo esta solicitud basada en la Ley 2477 de 2025, que introdujo una serie de reformas orientadas a descongestionar los juzgados, agilizar los procesos judiciales y fortalecer el enfoque de justicia restaurativa, con mayor protagonismo para las víctimas.Esta iniciativa, que recibió el guiño de la Corte Suprema, no le fue útil a la influenciadora condenada por delitos relacionados con el vandalismo por el episodio en el marco del estallido social de 2019 cuando se grabó y subió a sus redes sociales un vídeo pegándole con un martillo a las puertas y registradoras de la estación Molinos, sur de Bogotá.Sin embargo, el juez negó la petición tras estudiarla, lo que significa que Barrera Rojas seguirá recluida en un sitio especial purgando la pena de 5 años y 2 meses.Con esta decisión, la influenciadora fracasó una vez más en el intento por recuperar su libertad, ya que en el pasado interpuso una serie de recursos como tutelas, poniendo de presente su condición de madre de una menor de edad.Sin embargo, la defensa de ‘Epa Colombia’ sigue dándole pelea, pues sus abogados recientemente le pidieron a la Corte Constitucional seleccionar para revisión la tutela en la que cuestiona la legalidad de la condena en su contra por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, por el cual ella está privada de su libertad.
Diana Celis, exnovia de Epa Colombia, fue robada junto a una amiga cuando se encontraba dentro de un carro en la ciudad de Bogotá. La deportista contó en sus redes sociales detalles del robo y manifestó que, por fortuna, no sufrieron ningún daño físico. "Bogotá está imposible, está insegura, está re mal. ¿Cómo es posible que al frente de la casa de mi amiga, con un revolver, un hombre se monte al carro y me apunte con una pistola. Nos robó, de milagro no se llevó el carro", indicó Celis vía Instagram. Celis también publicó un video en el que se al delincuente subirse al carro y, adicionalmente, subió fotos de esta persona en su moto, con el fin de que, si lo ven por la calle, se cuiden y llamen a la policía. Le puede interesar: Diana Celis le habría mandando dura critica a Epa Colombia: "Fue mentirosa y manipuladora""No ha llegado diciembre y ya todos están alborotados", expresó la futbolista. Finalmente, Diana Celis pidió al alcalde de Bogotá más control en la seguridad de la ciudad. "Que el alcalde y la gente hagan mucho más por esta ciudad", finalizó.Vea aquí el video de sus declaraciones:
Daneidy Barrera Rojas, la influenciadora conocida como 'Epa Colombia', pagaría $100 millones en efectivo a TransMilenio en medio de un acuerdo conciliatorio para reparar los daños causados el 22 de noviembre de 2019 a la infraestructura de la estación Molinos, durante el paro nacional.El acuerdo, según la empresa de transporte, ya fue presentado ante los jueces para su aprobación y tiene como fin resarcir las afectaciones que superan los $467 millones y por ello, además del aporte económico, habrá otras actividades simbólicas, incluidas las excusas públicas.“La participación en actividades de carácter simbólico, pedagógico y social, que incluyen: ofrecer excusas públicas a la ciudadanía, la elaboración y difusión de videos educativos para promover la cultura ciudadana y el cuidado del sistema y la realización de labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales”, informó TransMilenio como uno de los compromisos.¿Y la condena de Epa Colombia?Esto, sin embargo, no implica cambios en la condena o medida de aseguramiento que hoy cumple de cinco años de prisión por los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir y daño a bien ajeno. Actualmente 'Epa Colombia' está en la estación de Carabineros de la Policía en Bogotá.
El recurso fue presentado por el abogado Víctor Mosquera, quien argumentó que la influenciadora fue víctima de una deficiente defensa técnica en la etapa de aceptación de cargos, lo que la llevó a reconocer un delito que, según la defensa, no correspondía a su actuación.Señala que las conductas reprochadas, golpear con un martillo las puertas de una estación de Transmilenio y pintar grafitis contra el Gobierno, se enmarcan en un escenario de vandalismo y protesta social, pero “no cumplen con los elementos propios del terrorismo definidos en la normativa nacional e internacional”.En marzo de 2020, “Epa Colombia” fue condenada en primera instancia por daño en bien ajeno agravado y perturbación en el transporte público, recibiendo una pena 43 meses de cárcel, aunque se le concedió suspensión condicional de la pena.Sin embargo, en 2021 el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente ese fallo, agregó el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y elevó la condena a 5 años y 2 meses de cárcel, imponiéndole además una multa cercana a 500 salarios mínimos y la prohibición de ejercer como youtuber o influenciadora durante el mismo periodo.La Corte Suprema de Justicia, en enero este año, confirmó la condena y ordenó su captura inmediata. Desde entonces, Barrera permanece recluida en una estación de carabineros de Bogotá.La tutela concretamente busca que la Corte Constitucional unifique jurisprudencia frente a tres aspectos centrales. El primero tiene que ver con la criminalización de la protesta social, pues según la defensa, los jueces confundieron actos de vandalismo con conductas terroristas.Además, el derecho a la defensa técnica, que habría sido vulnerado por la recomendación de aceptar cargos sin un sustento jurídico claro.El caso de “Epa Colombia” es uno de los más mediáticos derivados del estallido social de 2019, y la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional podría sentar un precedente clave sobre los límites del derecho penal en contextos de protesta social.
Francisco Bernate, abogado de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, aclaró en Recap Blu que el hallazgo de teléfonos celulares en su lugar de reclusión, entre ellos uno que sería de la empresaria, no impactará en el régimen de visitas que tiene con su hija.La razón principal es que Barrera no se encuentra en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario (como El Buen Pastor o La Picota), sino en una estación de Policía. "En un escenario de una penitenciaría normal eso podría conllevar, digamos, un internamiento especial y en esas condiciones especiales, pues sí se les restringe el acceso a estas visitas. En la medida en que ya no es está en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario, sino en una estación de Policía, donde digamos los reglamentos en ese sentido no son tan precisos, esa no es una posibilidad", dijo el togado.Por lo tanto, Bernate aseguró que Daneidy Barrera continuará disfrutando de la visita de su familia y de quienes tienen su representación hoy en día, sin que este suceso tenga un impacto en esos encuentros. No obstante, el abogado sí anticipa que el hallazgo del celular probablemente generará un ambiente "absolutamente tenso" en el lugar de reclusión y afectará la fuerza de cualquier gestión legal que busque mitigar su situación, ya que "pierde la fuerza" y la solidaridad pública."Cuando pasan estas cosas, claramente pierde la fuerza, vas perdiendo adeptos, vas perdiendo fuerza", aseveró Bernate. Cabe recordar que Bernate, quien gestionó el traslado de Barrera, ha manifestado que desde el 20 de agosto no tiene mayor contacto con ella ni con sus familiares, aunque siempre está dispuesto a colaborar si es necesario, reconociendo que otros colegas están llevando a cabo su defensa actualmente.Sobre las visitas con su hijaHay que recordar que una de las razones fundamentales que motivaron el traslado de Daneidy Barrera de la cárcel El Buen Pastor a una estación de la Policía Nacional en la avenida Circunvalar de Bogotá, donde actualmente se encuentra, fue precisamente su condición de madre. Escuche la entrevista aquí:
Un operativo de control penitenciario volvió a poner bajo la lupa el manejo de los centros de detención especiales en Colombia. Este miércoles, 3 de septiembre, la Policía halló tres teléfonos móviles y un cargador durante una inspección sorpresa en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde están recluidas Epa Colombia y la exasesora Sandra Ortíz en Bogotá.La diligencia se desarrolló en las instalaciones, luego de que las autoridades recibieron reportes sobre la realización de llamadas y comunicaciones no autorizadas desde ese lugar. Los hallazgos confirmaron la existencia de dispositivos electrónicos en un área donde su uso está estrictamente prohibido. Uno de ellos pertenecía a la influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia.¿De quién eran los celulares?De inmediato se abrió una indagación interna para esclarecer cómo lograron ingresar los equipos y a qué otros internos pertenecían estos móviles, además de Epa Colombia.Esta situación genera especial atención porque en ese centro de reclusión permanecen figuras públicas procesadas por casos de alto impacto, entre ellas la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), y la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, condenada en un caso previo por daños a bienes públicos de TransMilenio.Para las autoridades este episodio evidencia las dificultades estructurales en el control penitenciario, incluso en lugares de reclusión que albergan a personajes de alto perfil político y social, y el debate sobre la efectividad de las medidas de seguridad en los espacios donde permanecen detenidos procesados por corrupción y delitos de connotación pública.
Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Cárcel el Buen Pastor hacia la Escuela de Carabineros en Bogotá. Lo anterior, tras la solicitud del abogado de la influenciadora condenada a 5 años y 2 meses de cárcel por destruir una estación de TransMilenio en 2019.El abogado de Barrera, Francisco Bernate, aclaró que no fue un juez quien autorizó el traslado, sino el propio Ministerio de Justicia e Inpec, tras una investigación interna que concluyó que la empresaria corría riesgos de seguridad y enfrentaba barreras para recibir la atención médica necesaria. El Ministerio de Defensa, por conducto de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, habilitó finalmente un cupo en la Escuela de Carabineros de Bogotá.En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre se refirió al traslado, explicando que la decisión se tomó por razones de seguridad. "Los abogados de Epa Colombia desde hace varias semanas habían hecho solicitudes al gobierno nacional para un cambio de reclusión... alegan razones de seguridad, de amenazas contra su vida, contra su integridad", indicó el ministro.La detenida fue trasladada de la cárcel del Buen Pastor a una estación de policía, la Escuela de Carabineros, donde, según Montealegre, se garantizará su seguridad. El ministro desmintió que este traslado represente un trato preferencial o "machismo judicial". "Ella tiene en primer lugar y la razón fundamental para el traslado es que tiene problemas de seguridad", enfatizó, señalando que estos traslados son comunes en casos de riesgo inminente y no son exclusivos de figuras públicas.Montealegre aprovechó la oportunidad para destacar un problema estructural del sistema penitenciario colombiano: la presencia de casi 20.000 personas privadas de la libertad en estaciones de policía debido a la falta de capacidad en las cárceles. Además, criticó la "mala política criminal" y el "populismo punitivo" que han llevado a penas desproporcionadas en el sistema colombiano, como en el caso de EPA Colombia. "La condena que se le impuso a Epa Colombia... es una pena supremamente alta que no se corresponde, no es proporcional a la gravedad de los hechos", afirmó, atribuyendo esto a una política punitivista de décadas y no a la justicia misma.Escuche aquí la entrevista:
En entrevista con Recap Blu, el abogado de Epa Colombia, Francisco Bernate, entregó detalles sobre las difíciles condiciones que estaba viviendo su clienta en la Cárcel El Buen Pastor y que llevó a presentar una solicitud para que fuera trasladada este miércoles a la Escuela de Carabineros en Bogotá.Según el abogado, la notoriedad que tiene su clienta no siempre ha generado un impacto positivo dentro del penal cuando concedía entrevistas, se viralizaba un video de ella e, incluso, cuando el presidente Gustavo Petro o algún ministro se refería a su condena de cinco años y cuestionaba el sistema judicial del país."Cada vez que el presidente de la República o el ministro de Defensa, que fueron las dos personas que hablaron abiertamente de esta situación y hablaban, digamos, en los consejos de ministros y demás del traslado, pues obviamente las restantes reclusas no toman eso como algo muy positivo de qué bueno, por ti y demás, sino pues la reacción puede ser precisamente la contraria, ¿no? ¿Por qué usted sí y nosotros no? Entonces digamos que eso también generó dificultades para ella en el lugar donde está recluida y tal vez lo mejor era que ella estuviera en otro lugar, porque esa visibilidad y el estar permanentemente en boca ni más ni menos que el presidente de la República, pues obviamente al interior de una institución como una cárcel, no eran situaciones propiamente bienvenidas", explicó la defensa de la influenciadora en Blu Radio.Bernate explicó que la permanencia de Daneidy Barrera en El Buen Pastor estaba deteriorando de manera visible su salud física y mental. Señaló que la falta de atención médica adecuada, las condiciones de salubridad y el ambiente hostil dentro del penal obligaron a interponer varias tutelas en busca de garantizar sus derechos, aunque la mayoría de solicitudes fueron negadas.¿Por qué trasladaron a Epa Colombia?El abogado aclaró que no fue un juez quien autorizó el traslado, sino el propio Ministerio de Justicia e Inpec, tras una investigación interna que concluyó que la empresaria corría riesgos de seguridad y enfrentaba barreras para recibir la atención médica necesaria. El Ministerio de Defensa, por conducto de la Dirección de Centros de Reclusión Militar, habilitó finalmente un cupo en la Escuela de Carabineros de Bogotá.Finalmente, el abogado recalcó que la decisión de traslado responde a una situación “extrema y dramática”. Añadió que, además de la soledad y las restricciones de visitas familiares, a Epa Colombia se le negaron espacios de resocialización como capacitaciones en peluquería, lo que profundizó su deterioro emocional. “Era evidente que en ese lugar no estaba segura ni en condiciones dignas para cumplir su condena”, concluyó.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
