Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció este miércoles durante una audiencia de reparación integral por los daños ocasionados a la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas sociales del 22 de noviembre de 2019. La diligencia se realizó después de que la influenciadora fuera trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión.Barrera fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público, luego de que destruyera con un martillo diferentes elementos de la estación Molinos y difundiera las imágenes de lo ocurrido a través de sus redes sociales.Entre los elementos afectados estuvieron equipos de validación, puertas de vidrio, cajeros automáticos de recarga y la registradora de acceso al sistema. De acuerdo con lo expuesto en el proceso, la estación tuvo que suspender su operación durante seis días y la afectación de la infraestructura se extendió hasta el 30 de noviembre de 2019.Durante la audiencia de reparación integral, el representante de víctimas de TransMilenio explicó que el acuerdo contempla un componente económico de 100 millones de pesos y la transformación del remanente, correspondiente a 300 millones de pesos, en contenido para redes sociales.“Lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían 300 millones de pesos en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable”, explicó el representante, quien señaló que el comité de conciliación revisó aproximadamente 55 videos como parte de la propuesta.Según la representación de TransMilenio, el acuerdo permitiría que ese componente de la reparación se traduzca en contenidos relacionados con el uso adecuado del sistema de transporte, entre ellos mensajes para evitar el ingreso irregular, promover la recarga de las tarjetas y explicar el uso de los servicios disponibles.Sin embargo, durante la audiencia se precisó que existe una condición derivada de la condena contra Barrera, la inhabilidad para ejercer como influencer durante el mismo término de la pena. Por esta razón, la ejecución de los contenidos acordados quedará suspendida hasta que se cumpla la condena o cambien las condiciones que actualmente le impiden ejercer esa actividad.“Eso lo tengo muy claro, de que no se pueden utilizar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena. Cuando se cumpla la pena, se hacen los 55 videos”, aseguró Barrera durante la diligencia.La influenciadora explicó que la propuesta contempla alrededor de 55 contenidos, algunos para ser publicados en su perfil y otros mediante historias, con mensajes relacionados con el comportamiento de los usuarios en el sistema de transporte.“Yo quería reparar las víctimas, hacer las cosas bien, para terminar bien”, manifestó Barrera, quien también señaló durante la audiencia que lleva una condena de 63 meses y que ha recibido descuentos de pena.Barrera aseguró además que se encuentra a la espera de avanzar hacia la prisión domiciliaria y que, de acuerdo con lo expuesto por ella durante la diligencia, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá habría considerado aspectos relacionados con su conducta y su cartilla biográfica.Con el aval judicial del acuerdo, la reparación queda definida bajo los componentes económicos y de contenido establecidos entre las partes, aunque la ejecución de los 55 videos permanecerá condicionada por la restricción que actualmente tiene Barrera para ejercer como influencer durante el cumplimiento de su condena.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció públicamente durante una audiencia de reparación integral, luego de su traslado al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña. La creadora de contenido y empresaria continúa cumpliendo allí la condena de cinco años y dos meses de prisión por los daños ocasionados a la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas del 22 de noviembre de 2019, hechos que además fueron registrados y difundidos en redes sociales.En las imágenes, se puede ver a 'Epa colombia' con el uniforme de privada de la libertad, sin maquillaje y prestando atención a la audiencia.Precisamente, durante la audiencia, Barrera Rojas se refirió al cumplimiento de las obligaciones establecidas como parte de la reparación integral. Entre estas se encuentra la realización de 55 videos acordados con TransMilenio, cuyo propósito es generar conciencia entre los usuarios sobre la importancia de pagar el pasaje y hacer un uso adecuado del sistema de transporte público de Bogotá.‘Epa Colombia’ manifestó que tiene claro que estos contenidos y los demás compromisos de reparación solamente podrán llevarse a cabo cuando termine de cumplir la totalidad de su condena o si se levanta la inhabilitación que le impide ejercer como influenciadora durante el mismo periodo de la pena. De esta manera, explicó que actualmente existen restricciones legales que le impiden desarrollar este tipo de actividades mientras permanece privada de la libertad.El cambio de cárcelEl traslado a La Picaleña se produjo con el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Antes de llegar a este complejo penitenciario, Barrera Rojas estuvo recluida inicialmente en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, y posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía, también en la capital. Este último cambio estuvo relacionado con consideraciones de seguridad derivadas de su alto nivel de reconocimiento público.La decisión de trasladarla nuevamente de establecimiento se produjo después de que durante su permanencia en la Escuela de Carabineros se registraran situaciones que generaron alertas y llamados de atención. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron asuntos relacionados con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de normas de seguridad y disciplina, además de molestias entre algunos integrantes del personal encargado de su custodia.La condena contra Daneidy Barrera Rojas fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que actualmente continúa privada de la libertad en La Picaleña.
Tras conocerse el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, bajo riguroso esquema de seguridad en el complejo Coíba de Picaleña en el departamento del Tolima, su amiga Yina Calderón hizo público un nuevo video en donde tiene una discusión con agente al sostener que “lo que hacen con ella es una persecución”. “Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, le dice ella a uno de los agentes, al parecer, cuando le piden que salga para poder ser trasladada. Pero el video se corta rápidamente, seguramente para evitar que le decomisen el celular al momento de abondar su celda.La influencer y empresaria enfrenta una condena por las protestas del 2019 por atacar una estación de TransMilenio, además de grabarse destruyendo uno de los torniquetes de la zona. Algunas personas cercanas a ella han pedido ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para revise el caso y el trato tenga un mejor destino.Es importante recordar que, en diálogo con Blu Radio, Francisco Bernabé, quien es el abogado de la influenciadora, aseguró que ya se han hecho efectivos dos pagos: uno por 50 millones de pesos a una aseguradora y el de 7 millones a Recaudos Bogotá, asegura que ya están ‘sentados en la mesa’ con TransMilenio para reparar los 360 millones de pesos que fueron demandados, tal vez una de las sumas más jugosas que tendría que pagar Epa.Por ahora, Barrera Rojas seguirá recluida cumpliendo con la condena que le fue impuesta, pese a la insistencia de familias y amigos de Epa de que se mejoren sus condiciones penitenciarias en esta situación.
La Superintendencia de Industria y Comercio multó con más de 140 millones de pesos a la empresa de productos para el cabello de la influencer Epa Colombia, Productos EPA Colombia S.A.S., por vulnerar los derechos de los consumidores.Los análisis se centraron en los productos acondicionador Kolors (Post Cuidado) y Keratina (verde) 300 ml.La entidad revisó la página web de la compañía y encontró, por ejemplo, que no existía información completa para los consumidores sobre cómo ejercer el derecho de retracto, en qué página web puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o cómo se puede ejercer el derecho de retracto.Además, la entidad resaltó que en algunos productos se indica a los consumidores que la compañía no se hace responsable cuando el consumidor los adquiere a través de terceros, lo que en la práctica estaría limitando el derecho a la garantía."La SIC recuerda a los proveedores que las ventas por internet deben garantizar a los consumidores información clara, completa y oportuna, así como el respeto de los derechos reconocidos por el Estatuto del Consumidor", señaló la entidad.Productos EPA Colombia S.A.S. tiene la posibilidad de apelar la decisión.
La abogada Wendy Herrera, defensora de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, habló en entrevista con La Red sobre el estado de la creadora de contenido tras su sorpresivo traslado a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, y entregó detalles sobre las acciones jurídicas que adelanta para buscar su libertad.El traslado se produjo el pasado 7 de agosto, luego de que Barrera publicara un video en redes sociales en el que denunció una supuesta persecución en su contra. “Dejo esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días”, dijo la empresaria horas antes de ser llevada al centro penitenciario de la capital del Tolima.Según Herrera, el traslado no habría sido ordenado por el presidente de la República, sino por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). “Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado, ese traslado lo autorizó el Inpec”, aseguró la abogada.La defensora sostuvo además que su representada no constituye un riesgo para la sociedad ni para la víctima del caso por el que fue condenada. “Daneidy Barrera no representa un peligro para Colombia, ni mucho menos para la víctima, en este caso TransMilenio”, afirmó.Herrera también se refirió a las condiciones en las que se encontraba Epa Colombia antes de ser trasladada. De acuerdo con lo relatado por la propia Barrera, habría sufrido episodios que la abogada calificó como “tortura psicológica” y una persecución que, según su versión, se habría anunciado desde meses atrás.“Ha sido víctima de tortura psicológica”, manifestó Herrera, quien explicó que, desde abril, supuestamente le venían advirtiendo que el 7 de agosto sería trasladada.¿Cómo está Epa Colombia en la cárcel de Ibagué?La abogada reconoció que Barrera no se encuentra bien emocionalmente, aunque señaló que actualmente está segura y acompañada por otras mujeres privadas de la libertad.“La cárcel de Ibagué es una cárcel que tiene una muy buena directora, un grupo de acompañamiento, de apoyo jurídico”, explicó Herrera. Y agregó: “No te puedo decir que está bien porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel”.Uno de los principales factores que estaría afectando a la empresaria es la imposibilidad de compartir con su hija pequeña. Según su abogada, Barrera presenta ansiedad crónica y atraviesa un fuerte proceso psicológico.La defensora insistió en que su representada necesita atención profesional para afrontar la situación. “Daneidy requiere acompañamiento médico para poder superar este episodio”, afirmó.Durante la entrevista, Herrera también respondió a las versiones que surgieron en julio sobre presuntos privilegios que habría tenido Epa Colombia durante su reclusión en la Escuela de Carabineros de Bogotá, entre ellos la realización de supuestos procedimientos estéticos.La abogada fue enfática en señalar que no puede confirmar esos hechos porque no era la representante legal de Barrera cuando ocurrieron y, por ahora, no conoce las denuncias correspondientes.“No puedo ir más allá de lo que a mí me compete porque son hechos que no me constan. Yo no era su abogada en ese momento”, explicó.No obstante, aseguró que los hechos están bajo investigación. En ese contexto, cuestionó las condiciones de control que existían en el lugar y mencionó que, según el relato de su defendida, allí se habrían realizado diferentes actividades.“Ella me cuenta y me relata de que ahí personas se inyectaban bótox, se hacen procedimientos, celebran bautizos, celebran fiestas”, dijo Herrera, quien recalcó que será responsabilidad de las autoridades determinar qué ocurrió realmente.La defensa busca reducir el tiempo de condenaEpa Colombia permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025 y cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno.Herrera explicó que actualmente trabaja en las alternativas jurídicas para conseguir una reducción de la pena, entre ellas revisar las horas de trabajo que le han sido reconocidas a Barrera.“La reducción de la pena es un derecho que tenemos todos los colombianos”, sostuvo la abogada. Según explicó, su defendida trabajaba en una granja, pero algunas de esas horas no habrían sido reconocidas.“Estoy en esa tarea de poder saber cuál es la razón, el porqué se le está negando, y ajustarlo”, manifestó.Finalmente, Herrera defendió el proceso de resocialización de Barrera y aseguró que espera que pueda recuperar pronto su libertad. “Daneidy es una mujer trabajadora, cometió un delito en su momento, pero ella reparó el daño”, dijo.La abogada cerró su intervención destacando la personalidad de su representada y asegurando que, una vez recupere su libertad, espera que pueda continuar con sus proyectos. “Es una mujer berraca y trabajadora”, concluyó.
La madre de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, reaccionó al reciente traslado de su hija al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo la condena impuesta por los hechos ocurridos en 2019.Martha Cecilia Rojas se pronunció a través de sus redes sociales y compartió un mensaje en el que elevó una oración por la libertad de la empresaria, al tiempo que manifestó su preocupación por las condiciones en las que deberá continuar privada de la libertad.“Señor, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas, no es posible tanta maldad. Toca corazones como el del presidente, que tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad”, escribió la madre de la influenciadora.En su publicación, Rojas también hizo referencia al tiempo que, según indicó, lleva su hija privada de la libertad. Aseguró que ya son 19 meses tras las rejas y defendió la trayectoria de Barrera Rojas como empresaria y madre.“Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad, ella es una mujer empresaria, madre, que no merece tanta maldad. Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista”, manifestó.La madre de Epa Colombia también cuestionó la severidad de la condena y recordó que los hechos por los que su hija fue procesada se remontan a las manifestaciones de 2019, cuando protagonizó actos de vandalismo contra infraestructura de TransMilenio.“Ella que hace 6 años rompió unos vidrios que los ha triplicado pagando con plata y cárcel”, expresó Rojas, quien de esta manera volvió a insistir en que la empresaria ya ha asumido las consecuencias por los daños ocasionados.Preocupación por su traslado a IbaguéEl pronunciamiento de Martha Cecilia Rojas se conoció después de que se confirmara que Barrera Rojas fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, hasta el centro penitenciario de Ibagué.La empresaria había permanecido anteriormente en el centro penitenciario femenino El Buen Pastor y posteriormente fue trasladada a la sede policial. Sin embargo, las autoridades penitenciarias determinaron su traslado al establecimiento ubicado en la capital del Tolima, en medio de reportes e investigaciones relacionados con presuntas irregularidades y posibles incumplimientos de los reglamentos durante su permanencia en la sede policial.La decisión generó preocupación entre sus familiares, especialmente por la distancia de Ibagué frente al entorno que tenía en Bogotá.“Ahora está en un sitio de cárcel que no se sabe quién sigue con esa maldad, solo sé que hay una justicia divina”, escribió la madre de la empresaria al finalizar su mensaje.Por su parte, Epa Colombia también se pronunció tras el cambio de centro de reclusión. En una publicación difundida en sus redes sociales aseguró que atravesaba un momento especialmente difícil y manifestó su confianza en Dios para afrontar la situación.La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno. Su defensa ha solicitado alternativas para el cumplimiento de la pena, incluida la detención domiciliaria, pero la condena fue ratificada y los beneficios solicitados no fueron concedidos.
Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, se pronunció a través de sus redes sociales luego de ser trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo la condena que le fue impuesta por los hechos ocurridos en 2019.La empresaria compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que dejó ver el difícil momento que atraviesa tras el cambio de centro de reclusión. “Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo”, escribió.En la misma publicación, Barrera Rojas hizo referencia a su confianza en Dios y pidió fortaleza para afrontar la situación. “Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones”, manifestó, antes de agregar que espera que todo termine pronto.“Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto”, señaló la influenciadora, quien cerró su mensaje con una frase de esperanza: “Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”.Epa Colombia fue trasladada a una cárcel de IbaguéEl traslado de la empresaria se produjo en las últimas horas, luego de que se conociera la decisión de las autoridades penitenciarias de cambiar su lugar de reclusión. Barrera Rojas se encontraba anteriormente en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, después de haber pasado por el centro penitenciario femenino El Buen Pastor.La medida se dio en el marco de las primeras decisiones adoptadas por la nueva administración nacional en materia carcelaria y puso fin a la permanencia de Epa Colombia en la sede policial de Bogotá.De acuerdo con la información suministrada, la decisión estuvo relacionada con reportes e investigaciones sobre presuntas irregularidades y posibles faltas a los reglamentos penitenciarios durante su permanencia en ese lugar.Antes de que se concretara el traslado también se conoció un video publicado por Noticias Caracol, en el que la influenciadora aparecía con ropa deportiva de color naranja y negro. En esa grabación manifestó sentirse víctima de una persecución y aseguró que estaba siendo “minimizada, discriminada y humillada”.La condena que cumple la empresariaLa situación judicial de Epa Colombia se remonta a 2019, cuando fue involucrada en actos de vandalismo contra TransMilenio. Desde entonces, el caso marcó un giro en la vida de la influenciadora, quien años atrás había alcanzado reconocimiento nacional gracias a un video viral en el que apoyaba a la Selección Colombia.Posteriormente, Barrera Rojas consolidó una carrera como influenciadora y empresaria en el sector de la belleza, particularmente por la comercialización de productos para el cuidado del cabello, entre ellos sus reconocidas keratinas.Actualmente cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio de transporte público y daño en bien ajeno.Su defensa, encabezada por la abogada Wendy Herrera, había solicitado alternativas para el cumplimiento de la condena, entre ellas la posibilidad de que la empresaria permaneciera bajo detención domiciliaria. No obstante, según la información suministrada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en enero y no concedió los beneficios solicitados.Con el reciente traslado, Epa Colombia continuará cumpliendo su pena en el pabellón femenino del centro carcelario ubicado en la capital del Tolima, mientras su mensaje publicado en redes sociales refleja la postura de la empresaria frente al difícil momento que atraviesa.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, alcanzó la fama en 2016 gracias a un video viral en el que apoyaba a la Selección Colombia. Con el paso de los años, consolidó su carrera como influenciadora y empresaria en el sector de la belleza, especialmente con sus productos para el cuidado del cabello, como sus reconocidas keratinas. Sin embargo, en 2019, su vida dio un giro tras verse involucrada en actos de vandalismo contra TransMilenio.A raíz de ese caso y mientras cumple la condena impuesta por la justicia, recientemente se conoció que Epa Colombia sería trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, Tolima, donde continuará cumpliendo su pena. El traslado se produjo en las últimas horas.La influenciadora se encontraba recluida anteriormente en la Escuela de Carabineros, luego de haber pasado por la cárcel El Buen Pastor. Su traslado se conoció en medio de las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias para definir su lugar de reclusión.Mientras era trasladada, en sus redes sociales apareció un mensaje en el que expresó el difícil momento que estaba atravesando y pidió fortaleza y protección. En la publicación se lee:“Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto.Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”.Video de Epa Colombia minutos antes de traslado a IbaguéAntes de su traslado, también se conoció un video publícado por Noticias Caracol en el que Epa Colombia aparece con ropa deportiva de color naranja y negro. En la grabación manifestó sentirse víctima de una persecución y aseguró que estaba siendo “minimizada, discriminada y humillada”.La defensa de la influenciadora, encabezada por la abogada Wendy Herrera, había solicitado alternativas frente a su reclusión, entre ellas la posibilidad de cumplir la pena bajo detención domiciliaria. Sin embargo, según la información suministrada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en enero y no concedió los beneficios solicitados.Barrera cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los hechos ocurridos en 2019.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, será trasladada de la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, donde deberá continuar cumpliendo su condena.La creadora de contenido y empresaria fue sentenciada a cinco años y dos meses de prisión por la destrucción de una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019. La condena fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.Barrera Rojas inicialmente estuvo recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Sin embargo, debido a su alto nivel de reconocimiento público y a las consideraciones de seguridad asociadas con su caso, fue trasladada a la Escuela de Carabineros.Ahora, las autoridades determinaron un nuevo cambio de establecimiento, después de los episodios registrados durante su permanencia en esa guarnición.De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se presentaron comportamientos que generaron alertas, llamados de atención y molestias entre el personal encargado de su custodia.Entre los asuntos reportados estuvieron situaciones relacionadas con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de las normas de seguridad y disciplina.Por esta razón, se ordenó que la empresaria continúe privada de la libertad en La Picaleña, en Ibagué. Este complejo penitenciario cuenta con un pabellón destinado a mujeres, donde deberá permanecer mientras cumple el tiempo restante de su condena.Implicada en la muerte de Marcelo Pecci también cambia de cárcelEl traslado de ‘Epa Colombia’ hace parte de una serie de movimientos de personas privadas de la libertad que permanecían en la Escuela de Carabineros de Bogotá.Entre ellos también está Margareth Chacón Zúñiga, quien será trasladada nuevamente a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en la capital del país.Chacón cumple una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 mientras se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, cerca de Cartagena.La justicia colombiana determinó que Chacón participó en la financiación y coordinación del homicidio. La mujer había sido capturada por Interpol en El Salvador y posteriormente fue procesada y condenada en Colombia.Con este traslado, Chacón dejará la Escuela de Carabineros y regresará a El Buen Pastor, donde continuará cumpliendo la pena impuesta por la justicia.Los cambios de establecimiento se conocen en medio de los movimientos penitenciarios ordenados en los últimos días y en medio del cambio de mando presidencial.
Una nueva imagen de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, volvió a generar conversación en redes sociales. La fotografía fue compartida por su abogada, Wendy Herrera, quien acompaña la defensa de la influencer y empresaria desde hace varias semanas, y llamó la atención por el evidente cambio físico de la creadora de contenido durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad.La publicación estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó. “¡Una cartagenera te liberará, Epa Colombia!”, escribió la jurista, reafirmando su compromiso con la estrategia jurídica que busca obtener la libertad de Barrera Rojas.En la imagen, Epa Colombia aparece sonriendo junto a su defensora, aunque varios usuarios en redes sociales aseguraron que luce diferente a como se le veía antes de ingresar a prisión, lo que dio pie a múltiples comentarios sobre su apariencia.Herrera también aprovechó la publicación para compartir un mensaje que, según indicó, fue enviado por la empresaria a los colombianos. “Daneidy Barrera les envía un mensaje a todos los colombianos: los quiere mucho y seguirá construyendo país y generando oportunidades para muchas personas”, escribió la abogada en sus redes sociales.La situación judicial de Epa Colombia cambió por completo luego de que fuera condenada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 en Bogotá. En ese entonces se difundió un video en el que aparecía destruyendo parte de una estación de TransMilenio, imágenes que provocaron un amplio debate nacional y derivaron en un proceso judicial que concluyó con una sentencia en su contra.La justicia la declaró responsable de los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. Desde entonces, la influencer permanece recluida, mientras su equipo de defensa continúa adelantando acciones legales para intentar modificar su situación.El caso también ha estado rodeado de pronunciamientos por parte de Wendy Herrera, quien en varias oportunidades ha manifestado que, a su juicio, durante el proceso se habrían presentado vulneraciones a los derechos de su cliente. Incluso, el pasado 3 de julio denunció públicamente que no le fue permitido reunirse con Daneidy Barrera, situación que cuestionó a través de sus redes sociales.La abogada ha reiterado que agotará los mecanismos legales disponibles para buscar la libertad de la empresaria y ha sostenido que existen circunstancias que, según su criterio, deben ser revisadas por las autoridades judiciales.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde "solo se valora a los trabajadores por su eficiencia" y afirmó que "privar a una persona del trabajo es herir su dignidad", en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo "se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"."Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia", explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.El pontífice también indicó que el desempleo "es un auténtico drama en la vida de quien lo padece" porque "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".Desde que Milei llegó a la presidencia, en diciembre de 2023, hasta la actualidad, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.El papa indicó que "la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad".El papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir".Indicó que este es el camino "para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro" y "que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral".León XIV también reivindicó la tarea de los movimientos sociales, que impulsó siempre Francisco."Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y recordó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", que produjo un fuerte aplauso.
El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, quedó en el centro de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República por la utilización de recursos públicos del proyecto para pagar su esquema de seguridad personal.En el informe final de auditoría, el organismo de control estableció un presunto daño patrimonial de $114’337.909, correspondiente a los pagos realizados a la empresa Seguridad Atlas Ltda. por el servicio de protección del funcionario.El contrato, según este informe, fue suscrito el 26 de agosto de 2025 por un valor total de $126’190.060. Este documento según el ente de control, incluía un conductor escolta armado, un vehículo blindado y otros elementos para garantizar la seguridad y los desplazamientos del gerente.Sin embargo, para la Contraloría, este gasto no tenía relación directa con la finalidad de los recursos del Patrimonio Autónomo Aerocafé y tampoco contaba con una autorización expresa para destinar dinero del proyecto a la protección personal de su gerente.De acuerdo con el informe, los pagos cuestionados se realizaron entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 y sumaron los $114’337.909 que el organismo estableció como presunto daño patrimonial.Uno de los puntos centrales de la auditoría tiene que ver con las decisiones del Comité Fiduciario de Aerocafé. Según la revisión de las actas 73 y 76, el organismo de control concluyó que no hubo una aprobación expresa para contratar un esquema de seguridad personal, un vehículo blindado o servicios de protección para Fernando Merchán.La Contraloría señaló que, durante las discusiones, se había planteado que la evaluación del nivel de riesgo y la definición de las medidas de protección debían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).El informe también cuestionó que se utilizaran recursos inicialmente destinados a honorarios técnicos para financiar gastos de transporte, seguridad y otros conceptos administrativos.Frente a estos señalamientos, la Unidad de Gestión de Aerocafé defendió la contratación. En su respuesta a la auditoría, argumentó que los gastos de seguridad y funcionamiento del gerente hacían parte de las actividades administrativas necesarias para garantizar la conducción y continuidad del proyecto.No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo y concluyó que no encontró una disposición legal ni una autorización expresa que habilitara el uso de los recursos del patrimonio autónomo para pagar la protección personal del funcionario.El caso de la seguridad personal de Merchán hace parte de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría a Aerocivil y al Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre las vigencias 2024 y 2025.En total, el organismo de control identificó diez hallazgos administrativos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal por $667’988.551, siete con posible alcance disciplinario y uno con presunta incidencia penal.Además del contrato de seguridad, la auditoría cuestionó otros gastos relacionados con el catering para el lanzamiento oficial del proyecto, contratos de publicidad y comunicación, y servicios de articulación social.Frente a esto, la Contraloría emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a los asuntos evaluados y anunció que los hallazgos serán trasladados a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades.
La Fiscalía llamó a juicio a cinco personas investigadas por su presunta participación en los hechos de tortura ocurridos antes de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón.Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solangie Trujillo.Los delitos atribuidos, de acuerdo con la participación señalada por la Fiscalía, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio. De manera paralela, se avanza en una posible negociación judicial por parte de uno de los procesados.La investigación de la Fiscalía establece que los hechos se habrían iniciado a través de un engaño digital que comenzó en TikTok y continuó en Instagram mediante perfiles falsos. Bajo esta hipótesis, Juan Felipe Rincón fue llevado el 24 de noviembre de 2024 hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.Para llegar hasta el lugar habría sido utilizada una menor identificada como S.V.B.R., quien, según el ente investigador, fue inducida al consumo de estupefacientes e instrumentalizada para el desarrollo del plan.La Fiscalía sostiene que la agresión habría sido planeada a partir de señalamientos realizados por Katherine Andrea Sotelo Torres, quien acusó al joven de haber sostenido conversaciones con su hija de 10 años. De acuerdo con la investigación, estos señalamientos no habían sido verificados.Una vez Rincón llegó al inmueble, habría sido atacado físicamente. La Fiscalía señala que la agresión comenzó con Sotelo Torres y posteriormente fue continuada por otros participantes. El joven sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, la espalda y las extremidades.Durante los hechos también intervino el escolta de Rincón. En medio de la situación se produjo un disparo que impactó al joven en el tórax y le causó la muerte en el lugar.Después de estos hechos, la investigación estableció que el teléfono celular de la víctima habría sido ocultado en Ciudad Bolívar. Según la hipótesis de la Fiscalía, el dispositivo fue envuelto en papel aluminio con el propósito de bloquear su señal de rastreo.La responsabilidad relacionada con el disparo que produjo la muerte de Juan Felipe Rincón continúa siendo objeto de investigación. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar quién accionó el arma.
