La oficina central de Interpol en Francia negó la solicitud de la Fiscalía para reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, señalado como el cerebro del desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El organismo internacional argumentó que tiene prohibido intervenir en asuntos de naturaleza política, blindando la movilidad global del exfuncionario, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia colombiana y bajo asilo político en Nicaragua.
¿Por qué Interpol negó la circular roja a Carlos Ramón González?
La decisión de la Interpol se fundamenta en sus estatutos de neutralidad. Según voceros de la Fiscalía General de la Nación, la organización internacional notificó que no reincorporará a González en sus listados de búsqueda global debido a su estatus de asilado político en Nicaragua, otorgado por el régimen de Daniel Ortega.
Aunque la circular fue retirada inicialmente el pasado 7 de abril, esta nueva negativa ratifica que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) no podrá ser capturado en el exterior por la policía internacional. No obstante, las autoridades colombianas aclararon que la orden de captura nacional sigue vigente, lo que implicaría su detención inmediata si llegara a ingresar al territorio colombiano.
González, quien también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es investigado por la Fiscalía por tres delitos principales: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
La investigación señala que González habría ordenado el pago de sobornos por 4.000 millones de pesos en efectivo a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo de estos pagos, presuntamente extraídos de recursos de la UNGRD, era asegurar el trámite de las reformas pensional y laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El exfuncionario ha logrado evadir la extradición gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno nicaragüense. A pesar de que el Ministerio de Justicia inició los trámites de extradición en agosto, el régimen de Ortega se negó rotundamente a colaborar, ratificando la condición de refugiado de González. Esta situación se suma a la polémica por el apoyo que habría recibido desde funcionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua para gestionar su documentación de residencia mientras la justicia colombiana lo requería.
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