La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa generando opiniones divididas entre las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Mientras que para algunos núcleos familiares representa la oportunidad de esclarecer crímenes impunes y acceder a medidas de reparación, para otros sectores constituye una fuente de insatisfacción frente a la verdad obtenida, las sanciones aplicadas y el uso de los recursos públicos.
El hallazgo de la verdad y la reparación tras años de impunidad
Para la familia de Jhon Jarvi Cañas, la intervención de la JEP ofreció respuestas que la justicia ordinaria no logró brindar durante casi dos décadas.
Según relató su tía Esneda, antes de las actuaciones de la jurisdicción especial, "la justicia ordinaria lo único que nos dijo fue es que ahí lo mataron porque era guerrillero".
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Cañas fue engañado en la terminal de transportes de Medellín por miembros del Ejército bajo órdenes de un coronel de apellido Guzmán, quienes lo trasladaron hacia Dabeiba con falsas promesas de empleo antes de ser ejecutado y presentado como un falso positivo.
Tras las comparecencias ante la JEP, la familia pudo constatar detalles sobre sus últimos momentos y las circunstancias de su muerte. En cuanto a las medidas de justicia restaurativa, la familia destacó la realización de obras de infraestructura y monumentos en municipios como Dabeiba y en la Terminal del Norte de Medellín.
A pesar de que no se ejecutaron obras específicas en su pueblo natal, la Sierra (Puerto Nare), la familia manifestó satisfacción con los avances alcanzados: "Nosotros como familias en ese instante es cuando nosotros decimos también nos sentimos restaurados con eso, aunque no haya sido en el pueblo de nosotros".
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Sigifredo López y las críticas a las versiones de las Farc
En contraste, el exdiputado del Valle del Cauca y sobreviviente de secuestro, Sigifredo López, expresó una postura crítica frente a los resultados obtenidos en el Caso 01. López calificó su experiencia ante la entidad como "una completa decepción" y sostuvo que los exintegrantes de las Farc intentaron mantener relatos falsos sobre la muerte de sus compañeros de cautiverio.
López señaló que le correspondió confrontar las declaraciones de los comparecientes que atribuían los decesos a enfrentamientos con grupos no identificados.
Al respecto afirmó: "Mire, aquí están las necropsias donde se demuestra que fueron asesinados a quemarropa a 1, 2, 3 metros de distancia donde se demuestra que cada uno cuerpo tenía 14, 17 y hasta 23 impactos de fusil, que eso fue una masacre".
El exdiputado cuestionó igualmente el alcance de las sanciones propias y los trabajos con sentido reparador, manifestando que "la cortina de la justicia transicional lo que se esconde es una gran impunidad", al considerar que actividades comunitarias o culturales no reparan de manera efectiva el daño sufrido por las víctimas.
Más allá de su caso particular, López criticó la relación entre el presupuesto asignado a la JEP y sus resultados procesales. Argumentó que la entidad cuenta con un elevado número de funcionarios y contratistas y enfatizó que "en 7 años y medio, en 8 años han producido tan solo cuatro sentencias".
Escuche aquí la entrevista:
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