La JEP ordenó el diseño de un plan de intervención forense en el área de influencia de Hidroituango, con el apoyo de EPM. El tribunal aseguró que tiene identificados 21 puntos de interés que ya se encuentran inundados por el embalse.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considera que las actuaciones desarrolladas hasta ahora no han sido suficientes para garantizar la localización y recuperación de posibles cuerpos asociados a hechos de desaparición forzada en la región.
La decisión fue adoptada por la Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que dispuso la elaboración de un plan de intervención forense para 31 puntos: 21 lugares que actualmente permanecen bajo el agua por efecto del embalse y otros 10 identificados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en jurisdicción del municipio de Sabanalarga.
En su decisión, la Sección también pidió poner la lupa sobre el manejo de los restos provenientes de antiguos cementerios comunitarios.
En particular, se refirió al traslado de 360 cuerpos procedentes de Orobajo, en Sabanalarga; Barbacoas, en Peque, y Fortuna, en Buriticá. Según la Sección, esas actuaciones no habrían observado de manera adecuada los requerimientos legales y técnicos establecidos para este tipo de procedimientos.
Sobre el proceso de exhumación de cuerpos iniciado en 2011 por parte de EPM y la Fundación SOCYA, el tribunal otorgó 15 días al operador de la central de generación de energía para que indique si estructuras que corresponderían a 30 personas siguen bajo custodia de la entidad o permanecen bajo la dirección funcional de fiscales.
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Ante las determinaciones de la Sección aún caben recursos legales, los cuales fueron aplicados por EPM y ahora será la Sección de Apelación de la JEP la que se pronuncie al respecto en una segunda instancia.