La audiencia de acusación contra José David López Celis, procesado por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, fue aplazada para octubre luego de que su defensa solicitara tiempo para definir un preacuerdo o allanamiento a cargos, después de un acercamiento con la Fiscalía.
Laura Valentina Lozano, de 21 años, era estudiante universitaria y patinadora artística. Fue asesinada en la madrugada del 21 de febrero en el norte de Bogotá. José David López fue capturado en agosto, después de que inicialmente hubiera quedado en libertad tras ser detenido en flagrancia.
Durante la audiencia, el abogado defensor Carlos Cantillo explicó que la solicitud surgió a partir de una conversación con los padres del procesado, quienes le manifestaron que su hijo había pedido explorar las posibilidades de un preacuerdo o de un allanamiento a cargos.
“Obedece a una conversación que sostuve con los papás de José David, donde me manifestaban que él les había dicho que se explorara esas dos posibilidades, mirar un preacuerdo o la posibilidad de un allanamiento a cargos”, explicó el abogado.
Cantillo agregó que posteriormente se reunió con López Celis para conocer directamente su posición y que, tras hablar con la fiscal del caso, recibió información sobre las condiciones que eventualmente tendría un preacuerdo. Sin embargo, señaló que todavía debía volver a conversar con su defendido para que este tomara una decisión conociendo las implicaciones.
La representación de víctimas, encabezada por la abogada María Fernanda Chica, cuestionó que estos acercamientos no le hubieran sido comunicados y manifestó que ya había tenido conocimiento de un contacto previo que no había prosperado. Frente a esto, la Fiscalía explicó que, al no existir todavía una decisión del procesado, no consideró necesario formalizar dicha información ante las demás partes.
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La discusión llevó a una precisión de la Procuraduría sobre las posibilidades jurídicas en este caso. La procuradora Patricia Chávez advirtió que, por tratarse de un feminicidio, no es posible negociar un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias.
“Un llamado de atención tanto a la Fiscalía como al señor defensor, en atención a que en este tipo de procesos y de acuerdo a lo establecido en la Ley Rosa Elvira Cely, no es posible porque tiene expresa prohibición legal, no podrá celebrarse preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias”, señaló.
La representante del Ministerio Público explicó que la alternativa que puede evaluar el procesado es un allanamiento a cargos, que constituye una decisión unilateral y debe ser manifestada directamente por él.
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“Lo único que se puede estar hablando es un posible allanamiento, y esa decisión es de carácter unilateral del procesado”, sostuvo la procuradora, quien pidió permitir una nueva oportunidad para que la defensa converse con López Celis y, si no existe allanamiento, continuar con el trámite ordinario del proceso.
La juez coincidió en que no es viable un preacuerdo y explicó que un eventual allanamiento podría realizarse en diferentes momentos del proceso, siempre que el procesado lo manifieste de manera expresa, libre, consciente y voluntaria.
“Para el caso que nos ocupa, tal y como lo ha referido el representante del Ministerio Público, pues, no podría darse viabilidad frente a un preacuerdo”, indicó la juez.
La funcionaria agregó que, frente a un eventual allanamiento, corresponde al despacho verificar que se cumplan las condiciones legales para su validación. Por ahora, la audiencia de acusación quedó aplazada para octubre, cuando se definirá si López Celis manifiesta su voluntad de aceptar cargos o si continúa el trámite de acusación en su contra.
La juez también hizo un llamado para que exista comunicación entre la Fiscalía y la representación de víctimas sobre los acercamientos o decisiones que puedan producirse durante el proceso, con el propósito de que esta última conozca las actuaciones que se adelanten.