Ocho personas fueron judicializadas por su presunta participación en una organización señalada de instalar y administrar laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Vichada, Casanare y otros departamentos del oriente del país. La investigación, adelantada durante varias actividades de policía judicial, permitió establecer los posibles roles que habrían cumplido los procesados en la financiación, logística, producción y transporte de los estupefacientes.
La Fiscalía señaló que al menos cuatro procedimientos permitieron incautar más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, además de insumos utilizados para su procesamiento y elementos encontrados en diferentes caletas. Estas actuaciones, sumadas a otras labores investigativas, permitieron identificar la estructura que estaría detrás de la instalación y funcionamiento de los complejos utilizados para producir el alcaloide.
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Los señalados integrantes fueron capturados en diligencias realizadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá, Soacha, Casanare, Boyacá y Meta. Los procesados fueron identificados como Helver Ramiro Martínez Roa, Wilson Palencia García, Heber Camilo Martínez Díaz, Pablo Enrique Martínez Gaitán, Helber Anselmo Ramos Sierra, William Pérez Sandoval, Pedro Pablo Morales Mendoza y José Senén Moreno Perilla.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, Martínez Roa sería el presunto cabecilla y financiador de la organización. Desde Bogotá, habría dirigido la construcción y disposición de los complejos destinados al procesamiento de cocaína.
La investigación también señala a Wilson Palencia García como el presunto encargado de coordinar la logística, gestionar la adquisición de precursores y realizar los pagos relacionados con la operación. Entre tanto, Pedro Pablo Morales Mendoza habría cumplido funciones como enlace con la base operativa de la organización.
Los demás procesados estarían presuntamente vinculados con diferentes actividades dentro del proceso de producción del alcaloide, entre ellas la adecuación de los laboratorios y el traslado de las sustancias, de acuerdo con la hipótesis investigativa.
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Otro de los elementos establecidos durante las labores de investigación está relacionado con los recursos destinados al montaje de los complejos. Según los elementos materiales probatorios, la estructura habría invertido hasta 150 millones de pesos para construir y poner en funcionamiento cada uno de estos sitios.