Ocho personas fueron judicializadas por su presunta participación en una organización señalada de instalar y administrar laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Vichada, Casanare y otros departamentos del oriente del país. La investigación, adelantada durante varias actividades de policía judicial, permitió establecer los posibles roles que habrían cumplido los procesados en la financiación, logística, producción y transporte de los estupefacientes.La Fiscalía señaló que al menos cuatro procedimientos permitieron incautar más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, además de insumos utilizados para su procesamiento y elementos encontrados en diferentes caletas. Estas actuaciones, sumadas a otras labores investigativas, permitieron identificar la estructura que estaría detrás de la instalación y funcionamiento de los complejos utilizados para producir el alcaloide.Los señalados integrantes fueron capturados en diligencias realizadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá, Soacha, Casanare, Boyacá y Meta. Los procesados fueron identificados como Helver Ramiro Martínez Roa, Wilson Palencia García, Heber Camilo Martínez Díaz, Pablo Enrique Martínez Gaitán, Helber Anselmo Ramos Sierra, William Pérez Sandoval, Pedro Pablo Morales Mendoza y José Senén Moreno Perilla.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, Martínez Roa sería el presunto cabecilla y financiador de la organización. Desde Bogotá, habría dirigido la construcción y disposición de los complejos destinados al procesamiento de cocaína.La investigación también señala a Wilson Palencia García como el presunto encargado de coordinar la logística, gestionar la adquisición de precursores y realizar los pagos relacionados con la operación. Entre tanto, Pedro Pablo Morales Mendoza habría cumplido funciones como enlace con la base operativa de la organización.Los demás procesados estarían presuntamente vinculados con diferentes actividades dentro del proceso de producción del alcaloide, entre ellas la adecuación de los laboratorios y el traslado de las sustancias, de acuerdo con la hipótesis investigativa.Otro de los elementos establecidos durante las labores de investigación está relacionado con los recursos destinados al montaje de los complejos. Según los elementos materiales probatorios, la estructura habría invertido hasta 150 millones de pesos para construir y poner en funcionamiento cada uno de estos sitios.
La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento la situación de los servicios públicos en Puerto Carreño, Vichada, ante las dificultades que enfrentan los habitantes y comunidades indígenas, especialmente por las fallas en el suministro de energía eléctrica y los problemas relacionados con la disposición de residuos.En materia energética, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Minas y Energía, al IPSE, a la Gobernación de Vichada y a Electrovichada cumplir estrictamente los acuerdos establecidos en marzo pasado, luego de los racionamientos que se registraron en el municipio y que derivaron incluso en vías de hecho. El procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, señaló que se requieren acciones concretas para garantizar los servicios públicos y proteger el bienestar de los habitantes de Puerto Carreño.Con esto se busca que las entidades adopten las medidas necesarias para evitar que vuelvan a presentarse apagones y problemas de abastecimiento. La exigencia apunta a garantizar que la población de Puerto Carreño pueda contar con un servicio de energía continuo, suficiente y de calidad.También, la Procuraduría pidió explicaciones al Ministerio de Vivienda y a Findeter por el retraso de 18 meses en una consultoría relacionada con la construcción del relleno sanitario de Puerto Carreño. Se trata de un proyecto que tiene una inversión estimada en 20.793 millones de pesos y que busca dar una solución al manejo de los residuos en la capital de Vichada. Sin embargo, la Procuraduría advierte que, pese a que la fase de obra presenta avances, todavía no se ha consolidado el producto final de la consultoría.Siendo esta una situación que genera riesgos sanitarios, ambientales y sociales en el territorio. Por lo que la Procuraduría exhortó a las entidades responsables a tomar decisiones que permitan superar tanto la crisis energética como los retrasos en el relleno sanitario.
En una operación conjunta, las fuerzas de seguridad destruyeron complejos dedicados al procesamiento de cocaína que afectaban directamente las finanzas de la estructura criminal "Antonio Ricaurte", del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.En un despliegue coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional, las autoridades lograron ubicar y destruir cuatro laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca en el sector de Caño Chupave, municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada.Estos complejos, identificados como parte del brazo logístico de la estructura criminal "Antonio Ricaurte" —perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC—, representaban una amenaza estratégica para la seguridad de la región.El coronel Gustavo Andrés Henao, comandante del Departamento de Policía Guainía, explicó que la operación busca frenar la expansión de estas estructuras en la zona. Según las estimaciones de inteligencia, estos cuatro laboratorios tenían una capacidad de producción que alcanzaba las cuatro toneladas de pasta base de coca al mes, lo que se traduce en una afectación directa a las finanzas ilegales de este grupo armado, calculada en aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales."Estos laboratorios aportarían directamente a las economías ilícitas de la estructura criminal, debilitando así su capacidad de acción en el territorio", señaló el coronel Henao.Según las autoridades, el alcaloide procesado en estos laboratorios era transportado principalmente a través de las rutas fluviales hacia la zona fronteriza entre los departamentos de Vichada y Guainía, con el fin de ser comercializado en mercados internacionales.Durante el operativo, además de la destrucción de la infraestructura rudimentaria, se incautó una cantidad significativa de insumos químicos, como combustibles y precursores, así como materiales logísticos necesarios para la producción, lo que impide, por ahora, que estas estructuras continúen con sus actividades ilícitas en este sector estratégico de la selva colombiana.
Una operación desarrollada en el departamento del Vichada permitió la ubicación y destrucción de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca, que eran utilizados por el Frente 44 ‘Antonio Ricaurte’ de las disidencias de las Farc para financiar sus actividades criminales.Los laboratorios fueron encontrados en zona rural del municipio de Cumaribo durante un operativo adelantado por unidades de Infantería de Marina, en coordinación con tropas del Ejército y con apoyo de la Policía. La acción fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar la existencia de estas estructuras en una zona de influencia de grupos armados ilegales.Según la información recopilada por las autoridades, los cinco laboratorios eran utilizados para transformar hoja de coca en pasta base, uno de los principales insumos dentro de la cadena de producción de cocaína. La infraestructura tendría una capacidad de producción cercana a las cuatro toneladas mensuales, las cuales estarían destinadas a las redes del narcotráfico con alcance internacional.Durante la intervención fueron destruidos más de 1.500 galones de insumos líquidos empleados en el procesamiento de sustancias ilícitas. Entre los elementos hallados se encontraban gasolina, ACPM, amoniaco y soda cáustica, sustancias comúnmente utilizadas en la producción de alcaloides.Asimismo, fueron incautados y destruidos más de 2.200 kilogramos de insumos sólidos, entre ellos cemento, cal, sulfato de amonio, fertilizantes y otros precursores químicos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios. En el lugar también fueron encontrados 1.125 kilogramos de hoja de coca que estaban listos para ser sometidos al proceso de transformación.De acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, estos complejos ilegales representaban una de las principales fuentes de ingresos para el Frente 44 ‘Antonio Ricaurte’, estructura armada criminal que mantiene presencia en esta zona del país. Las autoridades calculan que la operación generó una afectación económica superior a los 1.000 millones de pesos para esa organización.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 015 de 2025 ante el aumento de la violencia en Vichada, provocado por los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos grupos rompieron su alianza en agosto de este año, tras dos años de cooperación, y hoy se disputan el control de rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro y coltán.La alerta se focaliza en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, donde la Defensoría advierte riesgos graves de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El documento señala que la confrontación ha derivado en asesinatos, confinamientos, desplazamientos masivos e incluso uso de drones con explosivos en operaciones armadas.La entidad también alertó sobre la instrumentalización de la población civil en labores logísticas y de apoyo forzado, así como el riesgo de que otros grupos ilegales, entre ellos el Nuevo Estado Mayor Central (EMC), el ERPAC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se involucren en la disputa, lo que podría agravar la situación.La Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas al Ministerio del Interior, los ministerios de Defensa y Minas, la Gobernación del Vichada, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y la UNP, entre otras instituciones. Pidió una respuesta rápida y coordinada para proteger a las comunidades rurales e indígenas más afectadas por la violencia.Finalmente, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional a priorizar la seguridad humana, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de líderes sociales, comunidades étnicas y mujeres, principales víctimas del recrudecimiento del conflicto.
Las Fuerzas Militares de Colombia fortalecen su compromiso con el desarrollo económico y social de la Orinoquía al apoyar el transporte y comercialización de más de 1,4 toneladas de productos del departamento del Vichada, beneficiando directamente a 738 personas entre productores, apicultores y marañoneros.>>> Lea también: Médicos voluntarios viajan con la Fuerza Aeroespacial a una jornada solidaria en GuainíaGracias al trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de medios logísticos y capacidades diferenciales para garantizar el acopio y traslado de 940 kilogramos de marañón y 500 kilogramos de miel desde Puerto Carreño (Vichada) hasta Bogotá. Esta operación forma parte del proyecto “Alianza para una Comercialización Visible: Producto del Vichada”, una iniciativa que busca dar visibilidad a la oferta regional y fortalecer los encadenamientos productivos locales.Para el transporte multimodal, se emplearon una Patrulla Logística de Combate (PLC) del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51 y una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que movilizaron la carga de manera eficiente, asegurando su llegada a la capital en condiciones óptimas.El proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, el Hospital San Juan de Dios, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Fuerzas Militares de Colombia, en una articulación que refuerza la confianza institucional y promueve la seguridad humana en la región.Con esta iniciativa, las Fuerzas Militares reiteran su compromiso con el progreso del país, impulsando proyectos que integran desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad, y posicionando al Vichada como un territorio con potencial productivo para todo el país.
El rector de un internado ubicado en zona rural de Cumaribo, en el departamento del Vichada, fue imputado por un juez de control de garantías porque habría abusado sexualmente a seis estudiantes integrantes de una comunidad indígena, de las cuales cuatro serían menores de edad.Según información presentada por la Fiscalía, la cual recibió las denuncias y desplegó actividades investigativas con enfoque diferencial y prioritario, las agresiones se habrían presentado en las instalaciones del centro educativo entre el año 2024 y el 2025. Además, el hombre habría aprovechado su posición de poder, control y supervisión para cometer los diferentes delitos.Adicionalmente, para intentar ocultar su actuar ilegal, el acusado les afirmaba a los estudiantes afectados y a sus respectivas familias que tenía vínculos con grupos armados ilegales, los cuales tomarían represalias contra todas las personas que intentaran denunciarlo. Por todos estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturaron en una diligencia realizada en Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, aseguró que el rector fue imputado por un juez de control de garantías por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, siendo todas estas conductas agravadas. El acusado no aceptó los cargos imputados y deberá cumplir con una medida de aseguramiento en un centro penitenciario.
El departamento del Vichada se prepara para implementar la educación superior presencial. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y una alianza clave con la Universidad Industrial de Santander (UIS), busca iniciar actividades en febrero del 2026. Sobre la iniciativaSurge como una respuesta a las complejidades geográficas y económicas que han mantenido la educación superior "en el abandono" en la región. Según explicó el gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, la gran distancia que existe hasta ciudades cercanas como Villavicencio hace que el desplazamiento sea "costoso"."Lo que pretendemos es cortar esa brecha y que nuestros estudiantes egresados del grado 11 puedan tener una residencia, pero universitaria, que puedan continuar sus estudios superiores y vivir dentro de la institución", afirmó el gobernador en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.Educación cero costo y residencia universitariaEl centro de este proyecto será una "mega infraestructura" denominada Ciner, ubicada en Puerto Carreño, la capital de Vichada, que funcionará como el "epicentro de la educación superior".Un aspecto fundamental del anuncio es la gratuidad de los estudios. El gobernador Guevara enfatizó que, a diferencia del gasto que incurrían los padres al enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad, ahora tendrán el beneficio de la cercanía y el costo cero."El Ministerio de Educación aportará los recursos necesarios para que esta educación superior sea totalmente gratuita y se va a hacer totalmente gratis", dijo. La infraestructura para albergar este modelo de residencia universitaria ya está lista, habiendo recibido la visita de delegados del Ministerio y la UIS el pasado 6 de octubre. "Son más de dos 2.5 hectáreas construidas, donde cuentan con sus aulas de clases, con sus comedores, con todo lo que lo que requiere una universidad", indicó el mandatario.Proyección de estudiantesPara su inicio en febrero de 2026, el centro educativo proyecta recibir un aproximado de 180 alumnos e iniciará con tres o cuatro programas académicos. La selección de las carreras está siendo consensuada entre la Gobernación, el Ministerio de Educación y la universidad, priorizando aquellas que reflejen la vocación del departamento, la cual es rica en pluriculturalidad y potencial indígena campesino.El Gobernador Guevara detalló que la oferta académica buscará convertir a los estudiantes en "promocionadores del departamento". Entre los programas que aplicarían se encuentran la Ingeniería Agroindustrial, el tema turístico (dada la "flora y fauna" y los "muchos ríos" del departamento), y la Ingeniería Civil, entre otros programas dirigidos hacia la población.Escuche la entrevista aquí:
El gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, explicó en entrevista con Mañanas Blu los alcances del memorando de entendimiento firmado entre los departamentos de Guainía, Vichada y el estado Amazonas en Venezuela, un mecanismo que busca atender necesidades históricas de la región fronteriza.Según Guevara, la iniciativa no partió del Gobierno nacional, sino de los mandatarios locales:“Esto surge por las necesidades que tenemos en esta zona. Nos permitimos reunirnos con anterioridad los gobernadores de Guainía, Vichada y, lógicamente, por medio telefónico con el gobernador del Estado Amazonas, tomamos la decisión de avanzar con este memorando de entendimiento, pues porque vemos que es la salida para nuestra problemática en la región”.El gobernador señaló que el proceso contó con el acompañamiento del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, y del embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez.Energía y turismoUno de los beneficios más urgentes que esperan de este acuerdo es la reactivación de la interconexión eléctrica entre Puerto Carreño (Colombia) y Venezuela, suspendida desde 2019.“Hoy estamos en una crisis energética tenaz, estamos a puerta de quedar sin energía porque estamos sosteniendo a punta de biodiesel. Vemos con muy buenos ojos que este memorando nos permita abrir ese espacio para que haya diálogos diplomáticos y podamos volver a contar con esta interconexión”, afirmó.Además de la energía, el documento busca promover el desarrollo integral de la zona en materia social, económica y cultural. Guevara expuso un ejemplo concreto en salud:“Nosotros tenemos un paciente que necesita tomarse una radiografía en Bogotá y el solo viaje ida y vuelta cuesta un millón doscientos mil pesos. Si tenemos este memorando y podemos trabajar en conjunto, vamos allí nomás a Puerto Ayacucho, donde tienen los equipos, y no nos va a costar”.En turismo, planteó que la reapertura de vuelos hacia Puerto Ayacucho facilitaría el intercambio de visitantes entre ambas regiones, lo que dinamizaría la economía y ampliaría el comercio local.El gobernador explicó que el punto inicial para avanzar será la reactivación de consulados en la frontera:“Lo que hemos planteado y una de las tareas que establecimos entre los gobernadores y los dos embajadores es iniciar por la apertura de los consulados: el de Venezuela en Puerto Carreño y el de Colombia en Puerto Ayacucho. Ese es el mecanismo y la primera tarea que tenemos, porque de allí ya empezaríamos a abrir conversaciones sin inconveniente”.Seguridad y grupos ilegalesConsultado sobre los retos en seguridad, Guevara reconoció que no existen compromisos concretos en el memorando frente a temas como narcotráfico, disidencias o contrabando.“En el momento no, pues porque hasta ahora estamos iniciando. Estos diálogos, para que se les pueda dar continuidad, requieren que los consulados primero estén aperturados. Con este memorando abriríamos también el diálogo entre las dos fuerzas armadas, Colombia y Venezuela, y poder crear mecanismos para que la seguridad sea una bandera en esta zona”.El mandatario departamental aclaró que el memorando no reemplaza las responsabilidades del Gobierno central ni implica compromisos financieros conjuntos:“No estamos tampoco pasando por encima del Gobierno nacional, simplemente es como la herramienta, es como decir: Gobierno nacional, vean, esta es la opción que tenemos para que nuestra zona pueda contar con mayor desarrollo”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Dos departamentos de Colombia y uno de Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo. El acuerdo se dio entre Vichada, Guainía y el estado Amazonas por parte del vecino país.El documento fue firmado en Puerto Carreño y busca “fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica, y el bienestar de sus ciudadanos”.El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos.Tendrá vigencia indefinida, salvo que se tome la decisión de retirarse, y no genera obligaciones jurídicas internacionales, ya que se basa en “la voluntad política y la cooperación entre las autoridades regionales firmantes”.En la firma estuvo presente, como representante del Gobierno nacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Este acuerdo se da tres meses después de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
El Ministerio de Salud anunció cambios en el acceso a uno de los medicamentos utilizados para tratar el VIH en Colombia. Se trata del DLT, una tableta que combina tres medicamentos: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato, utilizados para controlar el virus en las personas que viven con esta condición.La principal novedad es que, a partir de la Circular Externa 033 de 2026, el medicamento podrá ser entregado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al sistema de salud, siempre que el médico tratante determine que es la opción adecuada para su condición. Anteriormente, el acceso estaba limitado a cuatro grupos específicos de población.Esto significa que ya no será necesario pertenecer a uno de esos cuatro grupos para acceder al DLT. Sin embargo, su entrega no será automática para todos los pacientes, pues será el médico quien evalúe cada caso y defina si este tratamiento es el más conveniente.Otro de los puntos establecidos por el Ministerio es que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos deberán garantizar que el medicamento llegue completo y a tiempo a quienes lo necesiten. Además, no podrán exigir trámites adicionales a los establecidos en la plataforma MIPRES que terminen retrasando el inicio del tratamiento o provocando interrupciones.El DLT fue adquirido por el Ministerio de Salud mediante una compra centralizada a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Esta estrategia busca facilitar la disponibilidad del medicamento y optimizar los recursos destinados a su adquisición.Finalmente, la Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de vigilar que las entidades responsables cumplan con estas instrucciones. También se establecieron mecanismos para hacer seguimiento a la distribución, revisar los inventarios y garantizar la reposición del medicamento cuando sea necesario.
Lo que al principio era una noche de celebración para el Club Atléico Rosario Central terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos del fútbol argentino. Los jugadores y aficionados del equipo rosarino festejaron el título de la tabla anual, invadieron la cancha y se abrazaron como campeones, sin saber que Boca Juniors estaba ganando su partido y se coronaba campeón.Todo ocurrió el sábado 7 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel. El equipo dirigido por Jorge Almirón había cumplido con su parte y ahora dependía de que Boca no ganara su compromiso contra Defensa y Justicia.Mientras en Rosario aguardaban el resultado, el partido en La Bombonera estaba empatado sin goles. Ese marcador le daba al canalla el primer puesto de la clasificación anual y la posibilidad de celebrar su segundo título consecutivo.El gol de Boca Juniors que desató la confusión en Rosario CentralLa definición cambió por completo en el minuto 90+6, cuando Enner Valencia apareció dentro del área y marcó el 1-0 para Boca, desatando la celebración de los aficionados del conjunto xeneize.Sin embargo, mientras se revisaba la jugada, en las tribunas de Rosario Central comenzó a circular la información de que el gol había sido anulado por el VAR.Según medios argentinos, desde una de las tribunas alguien comenzó a gritar que la anotación del ecuatoriano no había sido válida. La versión se extendió rápidamente entre los aficionados del estadio y llegó hasta los propios futbolistas, quienes creyeron que Boca seguía empatando.En cuestión de segundos, el Gigante de Arroyito se convirtió en una fiesta. Varios jugadores corrieron hacia los alambrados para cantar con sus hinchas, mientras algunos aficionados ingresaron al terreno de juego para celebrar el supuesto campeonato.Entre los futbolistas que participaron en los festejos estuvo el colombiano Jáminton Campaz, quien había sido titular y reemplazado al minuto 90+2.Pero la alegría duró poco, pues el gol de Enner Valencia fue validado y el xeneize terminó ganando 1-0, resultado que le permitió superar a Rosario Central en la clasificación.¿Qué dijo el DT de Rosario Central tras el festejo equivocado de Rosario Central?Las imágenes de los jugadores celebrando un título que finalmente no consiguieron se difundieron rápidamente por las redes sociales. Después del encuentro, Jorge Almirón, entrenador de Rosario Central, reconoció que el equipo se dejó llevar por la emoción de los aficionados y que la confusión provocó una celebración anticipada."Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", explicó el técnico durante la conferencia de prensa posterior al partido.El delantero Marco Ruben también se refirió a lo sucedido y aseguró que la confusión se extendió en cuestión de segundos entre quienes estaban pendientes de la definición.Ángel Di María, quien siguió el encuentro desde un palco debido a una molestia física, también vivió la frustración de una jornada en la que Rosario Central estuvo muy cerca de conseguir el campeonato.¿Cómo quedó la tabla anual de Argentina tras el triunfo de Boca Juniors?Con su victoria frente a Defensa y Justicia, Boca Juniors terminó primero en la tabla anual de Argentina con 63 puntos, mientras que Rosario Central ocupó el segundo lugar con 62 unidades.La diferencia de apenas un punto terminó siendo decisiva para definir al campeón de la Liga 2026, distinción que se entrega al equipo que encabeza la clasificación acumulada de los torneos Apertura y Clausura.De esta manera, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena celebró el título en La Bombonera, mientras que Rosario Central se quedó a las puertas de repetir la conquista de 2025.Pese al amargo desenlace, el equipo rosarino aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Los trabajadores colombianos vinculados mediante un contrato laboral tienen derecho a recibir la prima de servicios del mes de diciembre, una prestación social que corresponde a 15 días de salario por semestre laborado. Para 2026, las empresas tienen una fecha límite establecida para realizar el pago de este derecho.Los empleados deberán recibir este dinero a más tardar el 20 de diciembre. Este ingreso representa uno de los pagos adicionales que reciben durante el año y suele destinarse a cubrir gastos personales, obligaciones financieras y compras de fin de año.La prima se paga en dos desembolsos: el primero se realiza a mitad de año, con plazo máximo hasta el 30 de junio, y el segundo durante los primeros 20 días de diciembre. Cuando una persona no ha trabajado durante todo el semestre, el valor se calcula de acuerdo con el tiempo laborado.¿Cómo calcular la prima de diciembre de 2026?La liquidación corresponde normalmente al 50 % de un salario mensual cuando el trabajador completa los seis meses del periodo laborado. Para saber cuánto recibirá, debe aplicar la siguiente fórmula:Prima de servicios = (salario mensual × días trabajados) / 360.En esta operación también se debe incluir el auxilio de transporte, cuando el empleado tiene derecho a recibirlo. Para 2026, este beneficio es de $249.095 y aplica principalmente para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, equivalentes a $3.501.810.econoPor ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo de $1.750.905 más el auxilio de transporte, para un ingreso mensual de $2.000.000, y trabajó los 180 días del semestre, recibirá $1.000.000 de prima.Si el empleado laboró menos de seis meses, el resultado será proporcional al número de días que estuvo vinculado durante el periodo correspondiente.¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?Esta prestación corresponde a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, siempre que cumplan las condiciones establecidas para su reconocimiento.Por el contrario, de acuerdo con la información suministrada, no reciben prima quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, los trabajadores independientes ni quienes tienen salario integral.El pago es una obligación del empleador y está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación pueden revisar su liquidación y verificar que el valor corresponda al salario, al tiempo laborado y al auxilio de transporte, si aplica.
