La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento la situación de los servicios públicos en Puerto Carreño, Vichada, ante las dificultades que enfrentan los habitantes y comunidades indígenas, especialmente por las fallas en el suministro de energía eléctrica y los problemas relacionados con la disposición de residuos.En materia energética, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Minas y Energía, al IPSE, a la Gobernación de Vichada y a Electrovichada cumplir estrictamente los acuerdos establecidos en marzo pasado, luego de los racionamientos que se registraron en el municipio y que derivaron incluso en vías de hecho. El procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, señaló que se requieren acciones concretas para garantizar los servicios públicos y proteger el bienestar de los habitantes de Puerto Carreño.Con esto se busca que las entidades adopten las medidas necesarias para evitar que vuelvan a presentarse apagones y problemas de abastecimiento. La exigencia apunta a garantizar que la población de Puerto Carreño pueda contar con un servicio de energía continuo, suficiente y de calidad.También, la Procuraduría pidió explicaciones al Ministerio de Vivienda y a Findeter por el retraso de 18 meses en una consultoría relacionada con la construcción del relleno sanitario de Puerto Carreño. Se trata de un proyecto que tiene una inversión estimada en 20.793 millones de pesos y que busca dar una solución al manejo de los residuos en la capital de Vichada. Sin embargo, la Procuraduría advierte que, pese a que la fase de obra presenta avances, todavía no se ha consolidado el producto final de la consultoría.Siendo esta una situación que genera riesgos sanitarios, ambientales y sociales en el territorio. Por lo que la Procuraduría exhortó a las entidades responsables a tomar decisiones que permitan superar tanto la crisis energética como los retrasos en el relleno sanitario.
En una operación conjunta, las fuerzas de seguridad destruyeron complejos dedicados al procesamiento de cocaína que afectaban directamente las finanzas de la estructura criminal "Antonio Ricaurte", del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.En un despliegue coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional, las autoridades lograron ubicar y destruir cuatro laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca en el sector de Caño Chupave, municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada.Estos complejos, identificados como parte del brazo logístico de la estructura criminal "Antonio Ricaurte" —perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC—, representaban una amenaza estratégica para la seguridad de la región.El coronel Gustavo Andrés Henao, comandante del Departamento de Policía Guainía, explicó que la operación busca frenar la expansión de estas estructuras en la zona. Según las estimaciones de inteligencia, estos cuatro laboratorios tenían una capacidad de producción que alcanzaba las cuatro toneladas de pasta base de coca al mes, lo que se traduce en una afectación directa a las finanzas ilegales de este grupo armado, calculada en aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales."Estos laboratorios aportarían directamente a las economías ilícitas de la estructura criminal, debilitando así su capacidad de acción en el territorio", señaló el coronel Henao.Según las autoridades, el alcaloide procesado en estos laboratorios era transportado principalmente a través de las rutas fluviales hacia la zona fronteriza entre los departamentos de Vichada y Guainía, con el fin de ser comercializado en mercados internacionales.Durante el operativo, además de la destrucción de la infraestructura rudimentaria, se incautó una cantidad significativa de insumos químicos, como combustibles y precursores, así como materiales logísticos necesarios para la producción, lo que impide, por ahora, que estas estructuras continúen con sus actividades ilícitas en este sector estratégico de la selva colombiana.
Una operación desarrollada en el departamento del Vichada permitió la ubicación y destrucción de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca, que eran utilizados por el Frente 44 ‘Antonio Ricaurte’ de las disidencias de las Farc para financiar sus actividades criminales.Los laboratorios fueron encontrados en zona rural del municipio de Cumaribo durante un operativo adelantado por unidades de Infantería de Marina, en coordinación con tropas del Ejército y con apoyo de la Policía. La acción fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar la existencia de estas estructuras en una zona de influencia de grupos armados ilegales.Según la información recopilada por las autoridades, los cinco laboratorios eran utilizados para transformar hoja de coca en pasta base, uno de los principales insumos dentro de la cadena de producción de cocaína. La infraestructura tendría una capacidad de producción cercana a las cuatro toneladas mensuales, las cuales estarían destinadas a las redes del narcotráfico con alcance internacional.Durante la intervención fueron destruidos más de 1.500 galones de insumos líquidos empleados en el procesamiento de sustancias ilícitas. Entre los elementos hallados se encontraban gasolina, ACPM, amoniaco y soda cáustica, sustancias comúnmente utilizadas en la producción de alcaloides.Asimismo, fueron incautados y destruidos más de 2.200 kilogramos de insumos sólidos, entre ellos cemento, cal, sulfato de amonio, fertilizantes y otros precursores químicos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios. En el lugar también fueron encontrados 1.125 kilogramos de hoja de coca que estaban listos para ser sometidos al proceso de transformación.De acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, estos complejos ilegales representaban una de las principales fuentes de ingresos para el Frente 44 ‘Antonio Ricaurte’, estructura armada criminal que mantiene presencia en esta zona del país. Las autoridades calculan que la operación generó una afectación económica superior a los 1.000 millones de pesos para esa organización.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 015 de 2025 ante el aumento de la violencia en Vichada, provocado por los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos grupos rompieron su alianza en agosto de este año, tras dos años de cooperación, y hoy se disputan el control de rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro y coltán.La alerta se focaliza en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, donde la Defensoría advierte riesgos graves de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El documento señala que la confrontación ha derivado en asesinatos, confinamientos, desplazamientos masivos e incluso uso de drones con explosivos en operaciones armadas.La entidad también alertó sobre la instrumentalización de la población civil en labores logísticas y de apoyo forzado, así como el riesgo de que otros grupos ilegales, entre ellos el Nuevo Estado Mayor Central (EMC), el ERPAC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se involucren en la disputa, lo que podría agravar la situación.La Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas al Ministerio del Interior, los ministerios de Defensa y Minas, la Gobernación del Vichada, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y la UNP, entre otras instituciones. Pidió una respuesta rápida y coordinada para proteger a las comunidades rurales e indígenas más afectadas por la violencia.Finalmente, la entidad hizo un llamado al Gobierno nacional a priorizar la seguridad humana, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de líderes sociales, comunidades étnicas y mujeres, principales víctimas del recrudecimiento del conflicto.
Las Fuerzas Militares de Colombia fortalecen su compromiso con el desarrollo económico y social de la Orinoquía al apoyar el transporte y comercialización de más de 1,4 toneladas de productos del departamento del Vichada, beneficiando directamente a 738 personas entre productores, apicultores y marañoneros.>>> Lea también: Médicos voluntarios viajan con la Fuerza Aeroespacial a una jornada solidaria en GuainíaGracias al trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de medios logísticos y capacidades diferenciales para garantizar el acopio y traslado de 940 kilogramos de marañón y 500 kilogramos de miel desde Puerto Carreño (Vichada) hasta Bogotá. Esta operación forma parte del proyecto “Alianza para una Comercialización Visible: Producto del Vichada”, una iniciativa que busca dar visibilidad a la oferta regional y fortalecer los encadenamientos productivos locales.Para el transporte multimodal, se emplearon una Patrulla Logística de Combate (PLC) del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51 y una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que movilizaron la carga de manera eficiente, asegurando su llegada a la capital en condiciones óptimas.El proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, el Hospital San Juan de Dios, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Fuerzas Militares de Colombia, en una articulación que refuerza la confianza institucional y promueve la seguridad humana en la región.Con esta iniciativa, las Fuerzas Militares reiteran su compromiso con el progreso del país, impulsando proyectos que integran desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad, y posicionando al Vichada como un territorio con potencial productivo para todo el país.
El rector de un internado ubicado en zona rural de Cumaribo, en el departamento del Vichada, fue imputado por un juez de control de garantías porque habría abusado sexualmente a seis estudiantes integrantes de una comunidad indígena, de las cuales cuatro serían menores de edad.Según información presentada por la Fiscalía, la cual recibió las denuncias y desplegó actividades investigativas con enfoque diferencial y prioritario, las agresiones se habrían presentado en las instalaciones del centro educativo entre el año 2024 y el 2025. Además, el hombre habría aprovechado su posición de poder, control y supervisión para cometer los diferentes delitos.Adicionalmente, para intentar ocultar su actuar ilegal, el acusado les afirmaba a los estudiantes afectados y a sus respectivas familias que tenía vínculos con grupos armados ilegales, los cuales tomarían represalias contra todas las personas que intentaran denunciarlo. Por todos estos hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo capturaron en una diligencia realizada en Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, aseguró que el rector fue imputado por un juez de control de garantías por los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual, siendo todas estas conductas agravadas. El acusado no aceptó los cargos imputados y deberá cumplir con una medida de aseguramiento en un centro penitenciario.
El departamento del Vichada se prepara para implementar la educación superior presencial. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y una alianza clave con la Universidad Industrial de Santander (UIS), busca iniciar actividades en febrero del 2026. Sobre la iniciativaSurge como una respuesta a las complejidades geográficas y económicas que han mantenido la educación superior "en el abandono" en la región. Según explicó el gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, la gran distancia que existe hasta ciudades cercanas como Villavicencio hace que el desplazamiento sea "costoso"."Lo que pretendemos es cortar esa brecha y que nuestros estudiantes egresados del grado 11 puedan tener una residencia, pero universitaria, que puedan continuar sus estudios superiores y vivir dentro de la institución", afirmó el gobernador en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.Educación cero costo y residencia universitariaEl centro de este proyecto será una "mega infraestructura" denominada Ciner, ubicada en Puerto Carreño, la capital de Vichada, que funcionará como el "epicentro de la educación superior".Un aspecto fundamental del anuncio es la gratuidad de los estudios. El gobernador Guevara enfatizó que, a diferencia del gasto que incurrían los padres al enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad, ahora tendrán el beneficio de la cercanía y el costo cero."El Ministerio de Educación aportará los recursos necesarios para que esta educación superior sea totalmente gratuita y se va a hacer totalmente gratis", dijo. La infraestructura para albergar este modelo de residencia universitaria ya está lista, habiendo recibido la visita de delegados del Ministerio y la UIS el pasado 6 de octubre. "Son más de dos 2.5 hectáreas construidas, donde cuentan con sus aulas de clases, con sus comedores, con todo lo que lo que requiere una universidad", indicó el mandatario.Proyección de estudiantesPara su inicio en febrero de 2026, el centro educativo proyecta recibir un aproximado de 180 alumnos e iniciará con tres o cuatro programas académicos. La selección de las carreras está siendo consensuada entre la Gobernación, el Ministerio de Educación y la universidad, priorizando aquellas que reflejen la vocación del departamento, la cual es rica en pluriculturalidad y potencial indígena campesino.El Gobernador Guevara detalló que la oferta académica buscará convertir a los estudiantes en "promocionadores del departamento". Entre los programas que aplicarían se encuentran la Ingeniería Agroindustrial, el tema turístico (dada la "flora y fauna" y los "muchos ríos" del departamento), y la Ingeniería Civil, entre otros programas dirigidos hacia la población.Escuche la entrevista aquí:
El gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, explicó en entrevista con Mañanas Blu los alcances del memorando de entendimiento firmado entre los departamentos de Guainía, Vichada y el estado Amazonas en Venezuela, un mecanismo que busca atender necesidades históricas de la región fronteriza.Según Guevara, la iniciativa no partió del Gobierno nacional, sino de los mandatarios locales:“Esto surge por las necesidades que tenemos en esta zona. Nos permitimos reunirnos con anterioridad los gobernadores de Guainía, Vichada y, lógicamente, por medio telefónico con el gobernador del Estado Amazonas, tomamos la decisión de avanzar con este memorando de entendimiento, pues porque vemos que es la salida para nuestra problemática en la región”.El gobernador señaló que el proceso contó con el acompañamiento del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, y del embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez.Energía y turismoUno de los beneficios más urgentes que esperan de este acuerdo es la reactivación de la interconexión eléctrica entre Puerto Carreño (Colombia) y Venezuela, suspendida desde 2019.“Hoy estamos en una crisis energética tenaz, estamos a puerta de quedar sin energía porque estamos sosteniendo a punta de biodiesel. Vemos con muy buenos ojos que este memorando nos permita abrir ese espacio para que haya diálogos diplomáticos y podamos volver a contar con esta interconexión”, afirmó.Además de la energía, el documento busca promover el desarrollo integral de la zona en materia social, económica y cultural. Guevara expuso un ejemplo concreto en salud:“Nosotros tenemos un paciente que necesita tomarse una radiografía en Bogotá y el solo viaje ida y vuelta cuesta un millón doscientos mil pesos. Si tenemos este memorando y podemos trabajar en conjunto, vamos allí nomás a Puerto Ayacucho, donde tienen los equipos, y no nos va a costar”.En turismo, planteó que la reapertura de vuelos hacia Puerto Ayacucho facilitaría el intercambio de visitantes entre ambas regiones, lo que dinamizaría la economía y ampliaría el comercio local.El gobernador explicó que el punto inicial para avanzar será la reactivación de consulados en la frontera:“Lo que hemos planteado y una de las tareas que establecimos entre los gobernadores y los dos embajadores es iniciar por la apertura de los consulados: el de Venezuela en Puerto Carreño y el de Colombia en Puerto Ayacucho. Ese es el mecanismo y la primera tarea que tenemos, porque de allí ya empezaríamos a abrir conversaciones sin inconveniente”.Seguridad y grupos ilegalesConsultado sobre los retos en seguridad, Guevara reconoció que no existen compromisos concretos en el memorando frente a temas como narcotráfico, disidencias o contrabando.“En el momento no, pues porque hasta ahora estamos iniciando. Estos diálogos, para que se les pueda dar continuidad, requieren que los consulados primero estén aperturados. Con este memorando abriríamos también el diálogo entre las dos fuerzas armadas, Colombia y Venezuela, y poder crear mecanismos para que la seguridad sea una bandera en esta zona”.El mandatario departamental aclaró que el memorando no reemplaza las responsabilidades del Gobierno central ni implica compromisos financieros conjuntos:“No estamos tampoco pasando por encima del Gobierno nacional, simplemente es como la herramienta, es como decir: Gobierno nacional, vean, esta es la opción que tenemos para que nuestra zona pueda contar con mayor desarrollo”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Dos departamentos de Colombia y uno de Venezuela firmaron un nuevo memorando de entendimiento para la cooperación y coordinación en áreas como cultura, educación, salud, comercio, deporte y turismo. El acuerdo se dio entre Vichada, Guainía y el estado Amazonas por parte del vecino país.El documento fue firmado en Puerto Carreño y busca “fortalecer los lazos de cooperación binacional para promover el desarrollo integral, la integración social y económica, y el bienestar de sus ciudadanos”.El acuerdo establece mecanismos de coordinación mediante representantes oficiales, reuniones periódicas y comisiones técnicas para temas prioritarios. También define áreas de cooperación como el intercambio pedagógico, campañas de salud, ferias binacionales y turismo sostenible. El financiamiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada parte y de apoyos externos.Tendrá vigencia indefinida, salvo que se tome la decisión de retirarse, y no genera obligaciones jurídicas internacionales, ya que se basa en “la voluntad política y la cooperación entre las autoridades regionales firmantes”.En la firma estuvo presente, como representante del Gobierno nacional, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Este acuerdo se da tres meses después de la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela.
En el departamento del Vichada, donde se lleva a cabo la elección atípica del gobernador, se han hecho varios anuncios, uno de ellos de boca del registrador nacional.Hernán Penagos se refirió al decreto de la consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro y todos sus ministros.Allí, Penagos aseguró que a comienzos de esta semana la entidad emitirá un pronunciamiento de fondo.“Estamos estudiando con juicio y rigor la información del decreto y las demás comunicaciones que hemos recibido, y al inicio de esta semana que empieza, la Registraduría se pronunciará de fondo sobre el asunto”, aseveró el registrador.Pero además, Penagos reveló que a la Registraduría han llegado siete solicitudes para que aplique la excepción de inconstitucionalidad y no convoque a esa jornada.“A la Registraduría han llegado algo así como seis o siete solicitudes de declaratoria de la excepción de inconstitucionalidad, múltiples derechos de petición”, dijo.El pasado viernes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro envió oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el decreto con el que convoca a una consulta popular.Con este paso, se activó el proceso de análisis jurídico que deberá adelantar la Registraduría para definir si da inicio o no al trámite del calendario electoral.Este decreto, que ha generado un fuerte debate político y judicial en el país, enfrenta diez demandas y una tutela ante el Consejo de Estado, donde piden su nulidad.Sobre la consulta popular, el procurador general Gregorio Eljach, dijo que hay que dejar que el Consejo de Estado tome las determinaciones sin presiones.
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió. Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot. La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.
