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La denuncia por un contrato de 4-72 que sigue en Procuraduría luego de dos años

Se trata de un contrato para el servicio de transporte de correspondencia en el Valle del Cauca en 2016.

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BLU Radio, 4-72 / Foto: El Espectador

El 23 de mayo de 2016 la empresa Servicio de Postales Nacionales 4-72 suscribió un contrato con la empresa Macroservicios Express de Colombia S.A.S. por el valor de $20,928,366,373 para el servicio de transporte terrestre de postales y envíos de 4-72 en la región del Valle del Cauca. El contrato se desarrolló sin inconvenientes hasta que en noviembre de ese año llegó a la oficina de la directora, Adriana Barragán, un paquete con denuncias de supuestas irregularidades con el pago a la compañía en esa región.

 

Según la denuncia, se había producido una sobrefacturación, es decir un valor por servicios que no se prestaron, de cerca de $ 3.000 millones de pesos. La directora inmediatamente ordenó una investigación a Control Interno y remitió las denuncias a la Procuraduría General. Luego de dos años de presentadas las denuncias en el Ministerio Público, fuentes aseguran que allí nunca ocurrió nada. La propia directora Barragán afirmó que no recibió respuesta de la Procuraduría.

 

Sin embargo, la oficina de Control Interno realizó el trámite debido y empezó a investigar. El 23 de mayo de 2017 le envió un documento a Barragán que reunió 12 hallazgos sobre el contrato con Macroservicios en el que se concluía que se habían probado movimientos irregulares en un software de la entidad con el fin de generar más liquidaciones de las que debían pagarse, lo que significaba que alguien dentro de 4-72 estaba involucrado.

 

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Vea también:4-72 solo responderá al Ministerio de Justicia sobre extravío de carta en caso Santrich

 

“Manipulación de los archivos de Excel utilizados para la liquidación y costo de los envíos movilizados por el gestor debido a que en el ejercicio de la auditoría se evidenció que el reporte de pago emitido por la regional, no concuerda con las cantidades de volúmenes según archivo plano “Operaciones por distribuidor” extraída de la base de datos de Sispost, reporte que se tiene en cuenta para el proceso de facturación”, dice el documento de control.

 

Los volúmenes hacen referencia a la cantidad de envíos entregados por la agencia de postales y en el extenso documento de la Oficina de Control Interno, una especie de pequeña contraloría dentro de todas las entidades del Estado, se argumentó que el software que utiliza 4-72 había sido manipulado para generarle a la empresa en el Valle más recursos, pero sin prestar los servicios. Es decir, posible dinero gratis.

 

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“Adicionalmente se evidencia que el nombre de máquina e IP administrados no corresponden a las direcciones y máquinas propias de la entidad. Con relación a las externas no se puede determinar su procedencia”, dice otro de los hallazgos en el documento.

 

Control Interno estableció que hubo cargues atípicos de servicios en algunos de los 152 municipios en donde opera 4-72 en el Valle. Se estaban generando cobros por servicios fantasma que nunca se percibieron.

 

Finalmente, el documento dio cuenta de un hallazgo que tenía que ver con una falla en el cumplimiento del contrato. “El procedimiento aplicado para la determinación de volúmenes de transporte variable por la regional occidente corresponde a un procedimiento netamente manual, sin contemplar la totalidad de los criterios (…). Que permitan determinar claramente la realidad de la gestión de los envíos”, concluye.

 

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Al darse cuenta de la posible situación irregular con el pago de los recursos, la entidad liquidó el contrato y descontó algunos valores por lo que hasta ahora el dinero no se ha perdido. Pero la empresa hizo una reclamación a 4-72 solicitando $4.000 millones de pesos por sus servicios no pagos y esa pugna aún no se ha resuelto.

 

Pese a todos estos hallazgos que recibió la Procuraduría, los denunciantes tuvieron que remitir un oficio más el pasado 15 de enero al despacho del procurador Fernando Carrillo para insistirle al ente de control una investigación de profundidad que individualice responsabilidades. La institución respondió que el caso se encuentra en las oficinas de moralidad pública y vigilancia administrativa, pero hasta ahora no hay resultados. La situación ya la conoce también la Contraloría General.

 

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