Las declaraciones de integrantes del esquema de seguridad de Sandra Ortiz y un informe de Policía Judicial que cruzó información de GPS con datos de teléfonos celulares hacen parte de los elementos que tiene en su poder la Fiscalía dentro de la investigación por la presunta entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name, quien para ese momento era presidente del Senado y que confrontan nuevas versiones entregadas por la exconsejera para las regiones del gobierno Petro.La investigación buscó establecer qué ocurrió los días 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá y determinar si Ortiz participó en la entrega del dinero. De acuerdo con el material de la investigación, los testimonios de personas que integraban su esquema de seguridad permiten reconstruir algunos de los desplazamientos realizados durante esas fechas. Yennifer Labastidas, integrante del esquema, se refirió al desplazamiento de Ortiz hacia el apartamento de Name el 12 de octubre. La testigo también describió otro desplazamiento relacionado con el apartamento de Name al día siguiente. Según su relato, el 13 de octubre Ortiz llegó al edificio Bassel 1 acompañada por otra persona, mientras los integrantes del esquema permanecieron en el exterior.“Recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el Dr. Name, en el momento no tenía claro quién era él, cuando llegamos al edificio Bassel 1, como es protocolo de seguridad todos nos descendemos de los vehículos antes de que ella baje”, declaró. La integrante del esquema agregó que Ortiz descendió de la camioneta acompañada por un hombre, quien sería Sneyder Pinilla y que ambos ingresaron al edificio.“Desciende ella de la camioneta en compañía de otra persona, su contextura delgada, no muy alto, de cabello oscuro, no muy moreno, trigueño, no recuerdo si llevaban algo, Sandra siempre llevaba su bolso de mano, ingresan al edificio los tres”, relató. El testimonio hace parte de los elementos con los que los investigadores buscan establecer la trazabilidad de los movimientos de Ortiz durante las fechas en las que, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría producido la entrega de los 3.000 millones de pesos, en dos momentos de 1.500 millones cada uno.A estos testimonios se suma un informe de Policía Judicial de 53 páginas que cruzó información de las coordenadas geográficas o señales GPS de los vehículos de los esquemas de seguridad con información obtenida de teléfonos celulares.Los investigadores señalaron que los GPS de los vehículos asignados al esquema de seguridad de Ortiz “sí cuentan con la información suficiente para representar las trayectorias de los vehículos”. Los movimientos del 12 de octubre se divide en la llegada del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla a las Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz. Después, el desplazamiento con el dinero en efectivo hasta el edificio Bassel I, donde estaba ubicado el apartamento del senador Iván Name. Las ubicaciones registradas también definieron las rutas del 13 de octubre de 2023 cuando se dio la segunda entrega de 1.500 millones de pesos. Las declaraciones de Ortiz también hacen parte del análisis del proceso, en medio de las diferentes versiones que ha entregado sobre su relación con Iván Name y su papel en los hechos investigados, inicialmente catalogándose como mensajera, mientras que ahora hace referencias a montajes judiciales e irregularidades.
La salida de Sandra Ortiz de la cárcel por vencimiento de términos volvió a poner sobre la mesa el debate por los tiempos de la justicia y las estrategias de defensa en los procesos penales de alto perfil en Colombia. Este martes 12 de mayo, en Mañanas Blu, el abogado de la exconsejera presidencial, Mauricio Camacho, defendió la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía.El penalista aseguró que la libertad de su clienta no significa impunidad y sostuvo que el proceso ha estado marcado por una cantidad desbordada de pruebas y restricciones para ejercer la defensa. Incluso, señaló que “esto tiene más pruebas que el juicio final”.Abogado de Sandra Ortiz cuestionó manejo de la FiscalíaCamacho explicó que la libertad por vencimiento de términos está contemplada en la ley y recordó que la Fiscalía tenía 240 días desde la radicación del escrito de acusación para llevar a Sandra Ortiz a juicio.“Si ello no alcanza, pues la regla es que tiene que quedar en libertad y eso fue lo que sucedió”, afirmó el abogado en diálogo con Blu Radio.El jurista también respondió a las críticas sobre supuestas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Según dijo, buscar pruebas y revisar el expediente hace parte del derecho legítimo de cualquier procesado.“La actividad defensiva que yo dirijo en mi oficina de salir a buscar los medios de prueba en manera alguna es una maniobra dilatoria”, aseguró.“Esto tiene más pruebas que el juicio final”: afirma abogadoUno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Camacho habló del volumen de material probatorio entregado por la Fiscalía en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.“La Fiscalía tomó la decisión (...) de descubrir 107.429 archivos que pesan 1.166 carpetas. ¿Cuántas pruebas habrán por Dios? Esto tiene más pruebas que el juicio final”, afirmó.El abogado sostuvo que ese cúmulo de información hace prácticamente imposible preparar una defensa rápida y reiteró que todavía siguen revisando documentación reservada relacionada con el caso.Además, aseguró que cuentan con elementos que podrían poner en duda la versión de Pedro Castro, señalado como supuesto prestamista en el entramado de corrupción.Defensa de Sandra Ortiz insiste en que el juicio apenas comienzaCamacho insistió en que Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, pero ahora en libertad. También reveló que la exfuncionaria permanece afectada emocionalmente tras pasar más de un año detenida. “Ella tiene que asumir esta triste hora desde la libertad”, dijo.El abogado finalmente cuestionó lo que calificó como un trato desigual frente a otros implicados del caso, señalando que mientras algunos han dado entrevistas y publicado versiones públicas de sus procesos, a su clienta y a su equipo se les impuso una “mordaza” para hablar ante medios de comunicación.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
En medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, denunció en audiencia supuestas presiones por parte de la Fiscalía para vincular a ministros del Gobierno en sus declaraciones. Según afirmó, el caso en su contra tendría un trasfondo político y no estrictamente jurídico.Durante la diligencia, Ortiz aseguró que recibió advertencias directas por parte de un coordinador del ente acusador. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, señaló, al tiempo que indicó contar con soportes documentales que, según dijo, fueron remitidos a la Fiscalía a través de su defensa. En ese sentido, agregó: “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.La exfuncionaria también cuestionó las garantías dentro del proceso y sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno. “Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, afirmó.En paralelo, su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, presentó una recusación contra la jueza 08 penal especializada de Bogotá, al considerar que no existen condiciones de imparcialidad en el desarrollo del proceso. El jurista argumentó que su clienta ha sido sometida a situaciones que afectan su integridad. “Para que una persona se dirija a un juez en esa situación es porque lo que está padeciendo (…) está siendo casi que, comillas, humillada frente a un escenario”, expresó, y agregó que la actuación judicial habría impactado la imparcialidad del trámite.Por su parte, el fiscal del caso se opuso a la recusación y defendió la actuación de la jueza, al señalar que las decisiones adoptadas hacen parte de la dirección normal de una audiencia. “La juez lo que está haciendo es ejerciendo la dirección de la audiencia, dicta órdenes, requiere a las partes, fija una posición, y eso es absolutamente normal”, sostuvo.En caso de que la recusación sea negada, la decisión pasará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si la jueza continúa al frente del proceso.
Al despacho del procurador General, Gregorio Eljach, llegó una carta por parte de los abogados de la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, presuntamente involucrada en el descalabro a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, y a quien hace pocos días le negaron la libertad por vencimiento de términos.En su escrito, Sandra Ortiz pide a la Procuraduría oponerse a la aplicación del principio de oportunidad a favor de Olmedo de López y Sneyder Pinilla, en medio del proceso penal que la involucra. Según la defensa, tanto López como Pinilla habrían reconocido su participación en hechos delictivos, pero estarían buscando beneficios judiciales a través de versiones que, presuntamente, no serían veraces.“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, señaló la carta.La defensa de la exfuncionaria pone de presente en la solicitud varios puntos, uno de ellos tiene que ver con una información entregada por la empresa de telefonía Movistar, según la cual una línea telefónica atribuida a Sneyder Pinilla no habría registrado actividad en el periodo en el que supuestamente se ubicaron movimientos relevantes para el caso.“Así mismo esta defensa conoció como el supuesto prestamista Pedro Castro Espinosa, mismo que al parecer logro entregar 4 mil millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla, cuyo origen del dinero nunca pudo explicar en la Corte Suprema de Justicia, esta siendo investigado por el delito de Lavado de Activos”, explicó el abogado de Ortiz.
La juez 5 con función de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz Nova, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia judicial, la jueza determinó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa, al establecer que habían transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha actual sin que se iniciara el juicio oral. Este cálculo incluyó el descuento de varios periodos relacionados con solicitudes de aplazamiento presentadas por la propia defensa, así como hechos fortuitos que ocasionaron retrasos en el proceso.En la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad señalando que, según su análisis, habían transcurrido más de 400 días desde la etapa procesal correspondiente al escrito de acusación y que su defendida acumulaba más de 500 días privada de la libertad. El defensor argumentó que estos tiempos superaban los límites establecidos por la ley para el inicio del juicio oral, lo que, a su juicio, justificaba la concesión de la libertad por vencimiento de términos.En la audiencia también intervino el delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien solicitó que se avalara la libertad por vencimiento de términos a favor de Ortiz. El representante del Ministerio Público argumentó que algunas de las solicitudes de aplazamiento realizadas por la defensa fueron autorizadas con el propósito de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, en medio de cambios de representantes judiciales y novedades relacionadas con la obtención de información relevante para el proceso.Sin embargo, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas se opusieron a la interpretación presentada por la defensa. Estas partes señalaron que el conteo de días debía excluir varios periodos relacionados con actuaciones promovidas por la propia defensa y otros trámites procesales que, conforme a la normativa vigente, no se incluyen dentro del cálculo para determinar el vencimiento de términos.El proceso penal contra Sandra Ortiz se relaciona con su actuación como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, la exfuncionaria habría participado en el direccionamiento de recursos públicos dentro del entramado de corrupción investigado en la UNGRD.Según el ente acusador, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que dichos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
Sandra Ortiz, quien en la actualidad está recluida en un centro de reclusión por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD, acaba de perder otra batalla jurídica porque el Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la Ortiz con la cual buscaba finalizar con el proceso seguido en su contra.El 4 de marzo una juez de la República negó la preclusión del proceso, así las cosas, queda en firme el juicio contra la exalta consejera presidencial para las regiones.Hace unos días Sandra Ortiz, en medio de una audiencia, criticó a la Fiscalía por el manejo que le ha dado a su caso, incluso, la defensa de la exalta funcionaria pidió la libertad de su defendida por vencimiento de términos.Los argumentos del abogado de Sandra Ortiz para pedir su libertadSegún explicó la defensa de la exalta consejera presidencial para las regiones, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La tesis de la Fiscalía es que Sandra Ortiz habría desempeñado un rol clave en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, ella presuntamente fue la intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas. Entre esos, Ivan Name, expresidente del Senado quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por el mismo escándalo.
Fue suspendida la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad a favor de la exfuncionaria, argumentando que se habrían superado los términos establecidos por la ley para el inicio del juicio. Según explicó, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.En su intervención, la defensa insistió en que los plazos legales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal habrían sido superados ampliamente, por lo que solicitó la libertad inmediata de la exconsejera. En ese sentido, el abogado manifestó que “la ciudadana Sandra Eliana Ortiz ha superado con creces el factor objetivo que le imponía ese canon quinto del 317. Solicito que usted ordene la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova y, para esos efectos, profiera la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación 26 de Carabineros del Parque Nacional y se restablezca el derecho que tiene esta ciudadana de afrontar el drama de su vida en libertad”.La audiencia no concluyó durante esta jornada y fue suspendida, por lo que continuará el próximo 16 de abril a las 9 de la mañana, cuando se retomará el análisis de los argumentos presentados por la defensa y las posiciones que adopten las demás partes dentro del proceso.Esta diligencia se produce en medio de un historial de solicitudes similares presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, entre ellas peticiones de libertad por vencimiento de términos y solicitudes de preclusión del proceso, las cuales no han prosperado hasta el momento dentro del expediente judicial.Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la UNGRD. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que esos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
La juez octava penal del circuito especializada de Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y dejó en firme el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La petición había sido formulada por el penalista Mauricio Camacho, quien argumentó que la Fiscalía no fue clara frente a un supuesto tráfico de influencias para adicionar un contrato en Repelón, Atlántico. Según la defensa, el convenio referido en el escrito de acusación habría sido ejecutado en Girón, Santander, y no en el municipio señalado por el ente acusador.En el documento presentado, se explica que la defensa sostuvo: “la Fiscalía jamás ha dudado de la nomenclatura del contrato vertido en el escrito de acusación, y ante la respuesta de la UNGRD, aquel concluyó que su representada fue acusada por un hecho inexistente, pues según el escrito de acusación, el lugar de ejecución del mencionado contrato se delimitó en el municipio de Repelón – Atlántico, en tanto que, conforme a lo informado por la UNGRD, aquel negocio jurídico tuvo lugar en Girón – Santander”.Sin embargo, la jueza especializada Carmen Helena Ortiz consideró que ese argumento no desvirtúa la acusación. En su decisión señaló: “De ese modo, el despacho advierte que la presunta inexistencia de un contrato, su eventual error en la nomenclatura o el lugar de ejecución, no se constituyen como apreciación objetiva suficiente para concluir que, por ello, no se materializaron los múltiples eventos planteados por la Fiscalía, los cuales, como se indicó en líneas anteriores, podrían entrelazarse con los elementos esenciales de cada tipo penal acusado”.Con esta determinación, el proceso judicial contra Sandra Ortiz continúa su curso. En las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias dentro del juicio que enfrenta por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD.
La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova, anunció que presentará una acción de hábeas corpus, luego de que el Juzgado 26 con función de control de garantías negara nuevamente la solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el hábeas corpus es un mecanismo constitucional orientado exclusivamente a la protección del derecho fundamental a la libertad personal. Según precisó, una vez se presenta esta acción, el juez competente cuenta con un plazo máximo de 36 horas para determinar si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal.La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 rechazara una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa, en la que se alegaba el vencimiento de los términos procesales. Con esta determinación, Ortiz continúa privada de la libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.Camacho recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025 la jueza 79 de control de garantías también había negado la libertad de su defendida. Frente a esa decisión, la defensa había interpuesto un recurso de apelación, el cual posteriormente fue retirado. Según explicó el abogado, la decisión de desistir de la apelación obedeció a los tiempos de resolución en segunda instancia. “En el caso de Sandra Ortiz, la segunda instancia no se demora días, como dice el código, sino meses. Si me esperaba a que resolvieran la apelación, me la iban a resolver en marzo”, afirmó.Tras retirar la apelación, la defensa presentó una nueva solicitud de libertad, que fue negada. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad por vencimiento de términos no se cumple. Entre los argumentos expuestos, se señaló que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación, promovida por la defensa, debe descontarse de los días atribuibles al Estado.Asimismo, el despacho tuvo en cuenta el aplazamiento de la audiencia preparatoria, solicitado por la propia defensa de Ortiz, bajo el argumento de que no se habían logrado recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretendía descubrir en el juicio. Para el juez, ese tiempo también debe descontarse al procesado dentro del conteo de términos.Sandra Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es investigada por su presunta participación en el direccionamiento irregular de recursos públicos de la UNGRD. Según la Fiscalía, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que esos dineros estaban destinados al pago de sobornos para direccionar una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
MiLoto realiza este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes, 9 de noviembre de 2026 es: 31 - 04 - 21 - 30 - 32.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este lunes, 9 de noviembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $600 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.