La salida de Sandra Ortiz de la cárcel por vencimiento de términos volvió a poner sobre la mesa el debate por los tiempos de la justicia y las estrategias de defensa en los procesos penales de alto perfil en Colombia. Este martes 12 de mayo, en Mañanas Blu, el abogado de la exconsejera presidencial, Mauricio Camacho, defendió la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía.El penalista aseguró que la libertad de su clienta no significa impunidad y sostuvo que el proceso ha estado marcado por una cantidad desbordada de pruebas y restricciones para ejercer la defensa. Incluso, señaló que “esto tiene más pruebas que el juicio final”.Abogado de Sandra Ortiz cuestionó manejo de la FiscalíaCamacho explicó que la libertad por vencimiento de términos está contemplada en la ley y recordó que la Fiscalía tenía 240 días desde la radicación del escrito de acusación para llevar a Sandra Ortiz a juicio.“Si ello no alcanza, pues la regla es que tiene que quedar en libertad y eso fue lo que sucedió”, afirmó el abogado en diálogo con Blu Radio.El jurista también respondió a las críticas sobre supuestas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Según dijo, buscar pruebas y revisar el expediente hace parte del derecho legítimo de cualquier procesado.“La actividad defensiva que yo dirijo en mi oficina de salir a buscar los medios de prueba en manera alguna es una maniobra dilatoria”, aseguró.“Esto tiene más pruebas que el juicio final”: afirma abogadoUno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Camacho habló del volumen de material probatorio entregado por la Fiscalía en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.“La Fiscalía tomó la decisión (...) de descubrir 107.429 archivos que pesan 1.166 carpetas. ¿Cuántas pruebas habrán por Dios? Esto tiene más pruebas que el juicio final”, afirmó.El abogado sostuvo que ese cúmulo de información hace prácticamente imposible preparar una defensa rápida y reiteró que todavía siguen revisando documentación reservada relacionada con el caso.Además, aseguró que cuentan con elementos que podrían poner en duda la versión de Pedro Castro, señalado como supuesto prestamista en el entramado de corrupción.Defensa de Sandra Ortiz insiste en que el juicio apenas comienzaCamacho insistió en que Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, pero ahora en libertad. También reveló que la exfuncionaria permanece afectada emocionalmente tras pasar más de un año detenida. “Ella tiene que asumir esta triste hora desde la libertad”, dijo.El abogado finalmente cuestionó lo que calificó como un trato desigual frente a otros implicados del caso, señalando que mientras algunos han dado entrevistas y publicado versiones públicas de sus procesos, a su clienta y a su equipo se les impuso una “mordaza” para hablar ante medios de comunicación.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
En medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, denunció en audiencia supuestas presiones por parte de la Fiscalía para vincular a ministros del Gobierno en sus declaraciones. Según afirmó, el caso en su contra tendría un trasfondo político y no estrictamente jurídico.Durante la diligencia, Ortiz aseguró que recibió advertencias directas por parte de un coordinador del ente acusador. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, señaló, al tiempo que indicó contar con soportes documentales que, según dijo, fueron remitidos a la Fiscalía a través de su defensa. En ese sentido, agregó: “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.La exfuncionaria también cuestionó las garantías dentro del proceso y sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno. “Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, afirmó.En paralelo, su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, presentó una recusación contra la jueza 08 penal especializada de Bogotá, al considerar que no existen condiciones de imparcialidad en el desarrollo del proceso. El jurista argumentó que su clienta ha sido sometida a situaciones que afectan su integridad. “Para que una persona se dirija a un juez en esa situación es porque lo que está padeciendo (…) está siendo casi que, comillas, humillada frente a un escenario”, expresó, y agregó que la actuación judicial habría impactado la imparcialidad del trámite.Por su parte, el fiscal del caso se opuso a la recusación y defendió la actuación de la jueza, al señalar que las decisiones adoptadas hacen parte de la dirección normal de una audiencia. “La juez lo que está haciendo es ejerciendo la dirección de la audiencia, dicta órdenes, requiere a las partes, fija una posición, y eso es absolutamente normal”, sostuvo.En caso de que la recusación sea negada, la decisión pasará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si la jueza continúa al frente del proceso.
Al despacho del procurador General, Gregorio Eljach, llegó una carta por parte de los abogados de la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, presuntamente involucrada en el descalabro a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, y a quien hace pocos días le negaron la libertad por vencimiento de términos.En su escrito, Sandra Ortiz pide a la Procuraduría oponerse a la aplicación del principio de oportunidad a favor de Olmedo de López y Sneyder Pinilla, en medio del proceso penal que la involucra. Según la defensa, tanto López como Pinilla habrían reconocido su participación en hechos delictivos, pero estarían buscando beneficios judiciales a través de versiones que, presuntamente, no serían veraces.“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, señaló la carta.La defensa de la exfuncionaria pone de presente en la solicitud varios puntos, uno de ellos tiene que ver con una información entregada por la empresa de telefonía Movistar, según la cual una línea telefónica atribuida a Sneyder Pinilla no habría registrado actividad en el periodo en el que supuestamente se ubicaron movimientos relevantes para el caso.“Así mismo esta defensa conoció como el supuesto prestamista Pedro Castro Espinosa, mismo que al parecer logro entregar 4 mil millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla, cuyo origen del dinero nunca pudo explicar en la Corte Suprema de Justicia, esta siendo investigado por el delito de Lavado de Activos”, explicó el abogado de Ortiz.
La juez 5 con función de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz Nova, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia judicial, la jueza determinó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa, al establecer que habían transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha actual sin que se iniciara el juicio oral. Este cálculo incluyó el descuento de varios periodos relacionados con solicitudes de aplazamiento presentadas por la propia defensa, así como hechos fortuitos que ocasionaron retrasos en el proceso.En la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad señalando que, según su análisis, habían transcurrido más de 400 días desde la etapa procesal correspondiente al escrito de acusación y que su defendida acumulaba más de 500 días privada de la libertad. El defensor argumentó que estos tiempos superaban los límites establecidos por la ley para el inicio del juicio oral, lo que, a su juicio, justificaba la concesión de la libertad por vencimiento de términos.En la audiencia también intervino el delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien solicitó que se avalara la libertad por vencimiento de términos a favor de Ortiz. El representante del Ministerio Público argumentó que algunas de las solicitudes de aplazamiento realizadas por la defensa fueron autorizadas con el propósito de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, en medio de cambios de representantes judiciales y novedades relacionadas con la obtención de información relevante para el proceso.Sin embargo, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas se opusieron a la interpretación presentada por la defensa. Estas partes señalaron que el conteo de días debía excluir varios periodos relacionados con actuaciones promovidas por la propia defensa y otros trámites procesales que, conforme a la normativa vigente, no se incluyen dentro del cálculo para determinar el vencimiento de términos.El proceso penal contra Sandra Ortiz se relaciona con su actuación como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, la exfuncionaria habría participado en el direccionamiento de recursos públicos dentro del entramado de corrupción investigado en la UNGRD.Según el ente acusador, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que dichos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
Sandra Ortiz, quien en la actualidad está recluida en un centro de reclusión por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD, acaba de perder otra batalla jurídica porque el Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la Ortiz con la cual buscaba finalizar con el proceso seguido en su contra.El 4 de marzo una juez de la República negó la preclusión del proceso, así las cosas, queda en firme el juicio contra la exalta consejera presidencial para las regiones.Hace unos días Sandra Ortiz, en medio de una audiencia, criticó a la Fiscalía por el manejo que le ha dado a su caso, incluso, la defensa de la exalta funcionaria pidió la libertad de su defendida por vencimiento de términos.Los argumentos del abogado de Sandra Ortiz para pedir su libertadSegún explicó la defensa de la exalta consejera presidencial para las regiones, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La tesis de la Fiscalía es que Sandra Ortiz habría desempeñado un rol clave en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, ella presuntamente fue la intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas. Entre esos, Ivan Name, expresidente del Senado quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por el mismo escándalo.
Fue suspendida la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad a favor de la exfuncionaria, argumentando que se habrían superado los términos establecidos por la ley para el inicio del juicio. Según explicó, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.En su intervención, la defensa insistió en que los plazos legales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal habrían sido superados ampliamente, por lo que solicitó la libertad inmediata de la exconsejera. En ese sentido, el abogado manifestó que “la ciudadana Sandra Eliana Ortiz ha superado con creces el factor objetivo que le imponía ese canon quinto del 317. Solicito que usted ordene la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova y, para esos efectos, profiera la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación 26 de Carabineros del Parque Nacional y se restablezca el derecho que tiene esta ciudadana de afrontar el drama de su vida en libertad”.La audiencia no concluyó durante esta jornada y fue suspendida, por lo que continuará el próximo 16 de abril a las 9 de la mañana, cuando se retomará el análisis de los argumentos presentados por la defensa y las posiciones que adopten las demás partes dentro del proceso.Esta diligencia se produce en medio de un historial de solicitudes similares presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, entre ellas peticiones de libertad por vencimiento de términos y solicitudes de preclusión del proceso, las cuales no han prosperado hasta el momento dentro del expediente judicial.Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la UNGRD. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que esos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
La juez octava penal del circuito especializada de Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y dejó en firme el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La petición había sido formulada por el penalista Mauricio Camacho, quien argumentó que la Fiscalía no fue clara frente a un supuesto tráfico de influencias para adicionar un contrato en Repelón, Atlántico. Según la defensa, el convenio referido en el escrito de acusación habría sido ejecutado en Girón, Santander, y no en el municipio señalado por el ente acusador.En el documento presentado, se explica que la defensa sostuvo: “la Fiscalía jamás ha dudado de la nomenclatura del contrato vertido en el escrito de acusación, y ante la respuesta de la UNGRD, aquel concluyó que su representada fue acusada por un hecho inexistente, pues según el escrito de acusación, el lugar de ejecución del mencionado contrato se delimitó en el municipio de Repelón – Atlántico, en tanto que, conforme a lo informado por la UNGRD, aquel negocio jurídico tuvo lugar en Girón – Santander”.Sin embargo, la jueza especializada Carmen Helena Ortiz consideró que ese argumento no desvirtúa la acusación. En su decisión señaló: “De ese modo, el despacho advierte que la presunta inexistencia de un contrato, su eventual error en la nomenclatura o el lugar de ejecución, no se constituyen como apreciación objetiva suficiente para concluir que, por ello, no se materializaron los múltiples eventos planteados por la Fiscalía, los cuales, como se indicó en líneas anteriores, podrían entrelazarse con los elementos esenciales de cada tipo penal acusado”.Con esta determinación, el proceso judicial contra Sandra Ortiz continúa su curso. En las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias dentro del juicio que enfrenta por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD.
La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova, anunció que presentará una acción de hábeas corpus, luego de que el Juzgado 26 con función de control de garantías negara nuevamente la solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el hábeas corpus es un mecanismo constitucional orientado exclusivamente a la protección del derecho fundamental a la libertad personal. Según precisó, una vez se presenta esta acción, el juez competente cuenta con un plazo máximo de 36 horas para determinar si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal.La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 rechazara una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa, en la que se alegaba el vencimiento de los términos procesales. Con esta determinación, Ortiz continúa privada de la libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.Camacho recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025 la jueza 79 de control de garantías también había negado la libertad de su defendida. Frente a esa decisión, la defensa había interpuesto un recurso de apelación, el cual posteriormente fue retirado. Según explicó el abogado, la decisión de desistir de la apelación obedeció a los tiempos de resolución en segunda instancia. “En el caso de Sandra Ortiz, la segunda instancia no se demora días, como dice el código, sino meses. Si me esperaba a que resolvieran la apelación, me la iban a resolver en marzo”, afirmó.Tras retirar la apelación, la defensa presentó una nueva solicitud de libertad, que fue negada. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad por vencimiento de términos no se cumple. Entre los argumentos expuestos, se señaló que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación, promovida por la defensa, debe descontarse de los días atribuibles al Estado.Asimismo, el despacho tuvo en cuenta el aplazamiento de la audiencia preparatoria, solicitado por la propia defensa de Ortiz, bajo el argumento de que no se habían logrado recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretendía descubrir en el juicio. Para el juez, ese tiempo también debe descontarse al procesado dentro del conteo de términos.Sandra Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es investigada por su presunta participación en el direccionamiento irregular de recursos públicos de la UNGRD. Según la Fiscalía, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que esos dineros estaban destinados al pago de sobornos para direccionar una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
Un escalador tuvo que ser auxiliado después de quedar atrapado a más de 2.000 metros de altura mientras descendía del Campanile di Val Montanaia, en la región italiana de Friuli-Venecia Julia.De acuerdo con los reportes locales, el hombre había iniciado el descenso acompañado por una mujer. Durante la maniobra de rápel, ambos tomaron por error una ruta diferente a la prevista desde una gran repisa conocida como el ballatoio. El escalador, que descendía primero, terminó suspendido después de recorrer aproximadamente 50 metros.La emergencia se prolongó durante unas 12 horas. El hombre se mantuvo consciente durante todo el incidente y únicamente presentó una ligera sensación de hormigueo.¿Cómo fue el rescate del escalador?La alerta fue recibida por personas que se encontraban en la base de la montaña, quienes llegaron hasta el Refugio Pordenone y entregaron información sobre la situación. A partir de esos datos fueron movilizados equipos especializados de rescate en montaña, el servicio regional de rescate en helicóptero y una ambulancia.El primer intento para llegar hasta el escalador se realizó mediante el torno de un helicóptero. Sin embargo, la operación no pudo concretarse por la escasa visibilidad existente cerca de la cima y por el riesgo de desprendimientos de rocas que podía generar la corriente de aire producida por los rotores.Ante esa dificultad, los equipos regresaron a la base de operaciones en Pinedo y prepararon una alternativa para llegar hasta el punto donde se encontraba el hombre.¿Cómo lograron sacar al hombre que estaba suspendido?La segunda intervención se realizó utilizando cuerdas de 200 metros. Tres rescatistas fueron trasladados hasta la cara este de la aguja y, después de atravesar la repisa, consiguieron llegar hasta el escalador.Los especialistas aseguraron al hombre, lo liberaron de las cuerdas en las que había quedado suspendido y posteriormente lo acompañaron durante el descenso hasta la base del Campanile di Val Montanaia.Toda la operación se desarrolló en plena oscuridad. Según el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico, después de completar la intervención, el escalador y la mujer que lo acompañaba descendieron a pie por el sendero junto con los rescatistas.A ellos se sumaron otros cuatro técnicos de rescate en montaña que habían ascendido previamente para apoyar el operativo.De acuerdo con las autoridades, la situación también implicaba un riesgo asociado al tiempo prolongado que el hombre permaneció sujeto al arnés. La permanencia durante largos periodos en esa posición puede provocar el denominado trauma por suspensión, una condición potencialmente grave relacionada con las dificultades en la circulación sanguínea.
Al menos 400 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores y varios menores de edad, quedaron en medio de los cruentos combates entre los grupos ilegales Comuneros del Sur, Autodefensa Unidas de Nariño y las disidencias de las FARC Franco Benavides, en hechos que se produjeron en la zona rural del municipio de Linares, en el occidente de Nariño, en donde varias viviendas y un trapiche quedaron reducidos a cenizas.Alex Gonzales, secretario de Paz y Convivencia Ciudadana de la gobernación de Nariño, rechazó este hecho y dijo a Blu Radio que los combates se registran desde el pasado viernes 21 de agosto y aseguró que la comunidad sí estuvo en inminente riesgo porque un trapiche de producción de panela que era el sustento de los habitantes de al menos dos veredas fue destruido en su totalidad y los proyectiles de bala alcanzaron algunas viviendas del corregimiento de Tabiles en el sector rural de Linares.Gonzales dijo que la confrontación armada por la disputa del dominio territorial en esa parte del occidente de Nariño obedece a que esta zona es un corredor estratégico para llegar al Pacífico o a la frontera con Ecuador.Manifestó que la destrucción de un trapiche comunitario es un hecho que afecta a las comunidades que viven de la producción de panela y señaló que los responsables, sean quienes sean, deberán responder a los campesinos porque es el único medio de sustento que tienen y ahora han quedado totalmente desamparados.Aseguró que desde el mismo instante en que se conocieron los hechos, se dispuso de un Puesto de Mando Unificado para analizar la situación, pues consideró que los grupos armados ilegales no pueden exponer a las comunidades a ningún riesgo.Según el secretario de Paz y Convivencia Ciudadana, decenas de familias tuvieron que esconderse en la montaña para poner a salvo sus vidas por culpa de la intensidad de los combates.Mientras tanto, habitantes de la zona que pidieron el anonimato por temor a las represalias dijeron que: “No se puede poner a la comunidad en alto riesgo y exigimos que el frente Comuneros del Sur diga cuál es su voluntad de paz o solo estaban buscando cómo fortalecer su lucha armada”.Esta región del occidente de Nariño desde hace más de dos meses ha sido escenario de combates entre los grupos ilegales que intentan dominar la zona de los abades, en donde hay minas de oro y otros preciosos minerales, dijo una angustiada madre de familia.A través de mensajes en las redes sociales, los habitantes de las veredas Bella Florida, El Tablón, La Cocha, Tambillo de Bravos y del corregimiento de Tabiles dicen que la movilidad está prohibida después de las 6:00 de la tarde y que hay mucho temor porque los combates se prolonguen ahora en contra de la fuerza pública que llegó en las últimas horas para recuperar el control de este territorio de Nariño.Unidades del batallón Boyacá de la brigada 23 del Ejército ya se encuentran en la zona para recuperar el control de esta parte del occidente de Nariño.
La directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que durante el gobierno anterior la contratación por prestación de servicios del Estado creció de manera extraordinaria.“Entre agosto de 2022 y junio de 2025 pasó de 221.201 a 418.805 contratos frente al período comparable anterior, y su valor pasó de $8 a $15 billones”, explicó Restrepo Cañavera.Aseguró también que el ICBF no fue ajeno a este crecimiento, puesto que en 2022 registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mientras que para 2024 llegó a tener 9.795 contratistas bajo esta modalidad.Restrepo Cañavera aseguró que en el ICBF ya comenzaron a investigar por qué creció de esa manera la contratación, cuántos de esos contratos eran necesarios, qué resultados generaron y qué recibió la entidad a cambio.Además, señaló que están revisando la contratación con rigor. “Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados”, aclaró.La directora también afirmó que el país conocerá los resultados de esta revisión. “Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada”, escribió.Asimismo, afirmó que, si encuentran hechos irregulares, estos serán documentados y puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, cuando corresponda, la Fiscalía General de la Nación.Finalmente, aseguró que “El ICBF no es el cajero de nadie” y que la institución trabaja por el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y no por el beneficio de políticos, contratistas o intereses particulares.
El chance Dorado Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo, operado por Paga Todo, permite participar con distintas combinaciones numéricas.Resultado del Dorado Noche hoy 23 de agosto de 2026En esta ocasión, el número ganador del 23 de agosto de 2026 fue el (resultado en breve), una combinación clave para quienes participaron.Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Cómo se juega Dorado NochePara participar, los jugadores deben elegir un número y apostar a diferentes modalidades disponibles. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea en orden exacto o en combinaciones parciales, dependiendo de la apuesta seleccionada.Las modalidades disponibles son:4 cifras directo: el participante gana si acierta las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.4 cifras combinado: premia a quienes coincidan con las cuatro cifras sin importar el orden.3 últimas cifras directo: la apuesta consiste en acertar las tres cifras finales exactamente como salen en el sorteo.3 últimas cifras combinado: permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.2 últimas cifras o pata: se enfoca en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.1 cifra o uña: el premio se obtiene acertando solo la última cifra del resultado.Premios del chance Dorado NocheLos pagos dependen de la modalidad elegida y del valor apostado por cada jugador. Según la información de Paga Todo, estos son algunos de los premios establecidos:4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor jugado.1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.Horarios oficiales del sorteoDorado Noche realiza sus sorteos los fines de semana y días festivos en los siguientes horarios:Sábados: 10:15 p. m.Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.Requisitos para reclamar premiosLa empresa operadora indicó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben cobrarse en puntos autorizados.Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:Ser mayores de edad.Presentar el tiquete original diligenciado correctamente.Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.
Este domingo 23 de agosto se atienden dos incendios forestales activos en el departamento de Cundinamarca. Los organismos de socorro adelantan labores de control en los municipios de Puerto Salgar y Bojacá, con el propósito de contener las llamas y evitar que las emergencias se extiendan.En Puerto Salgar, el incendio se registra en la vereda La Viuda, donde los organismos de socorro trabajan para controlar la emergencia.En Bojacá, otro incendio forestal se presenta en la vereda Barro Blanco, en límites con el municipio de Mosquera. En este punto, los cuerpos de bomberos de ambos municipios se encuentran realizando las labores necesarias para controlar el fuego.Restricción del paso en la vía Mosquera–La MesaEl incendio registrado en la vereda Barro Blanco se presenta sobre la vía nacional Mosquera–La Mesa. Debido a la emergencia y como medida de seguridad para facilitar las labores de los organismos de socorro, se mantiene restringido un carril de la carretera mientras continúan las acciones de control.Las autoridades solicitan a los usuarios de esta vía transitar con precaución y atender las indicaciones de los organismos que se encuentran en el lugar de la emergencia.Incendio en Girardot fue liquidadoEn el municipio de Girardot, el incendio forestal registrado en la vereda Altos de Chicalá ya fue liquidado. La emergencia dejó una afectación aproximada de dos hectáreas.La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, en articulación con los organismos municipales de gestión del riesgo y los cuerpos de socorro, continúa trabajando para atender de manera oportuna las emergencias que se presenten en los diferentes municipios del departamento y fortalecer las acciones de respuesta frente a los incendios forestales.