La salida de Sandra Ortiz de la cárcel por vencimiento de términos volvió a poner sobre la mesa el debate por los tiempos de la justicia y las estrategias de defensa en los procesos penales de alto perfil en Colombia. Este martes 12 de mayo, en Mañanas Blu, el abogado de la exconsejera presidencial, Mauricio Camacho, defendió la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía.El penalista aseguró que la libertad de su clienta no significa impunidad y sostuvo que el proceso ha estado marcado por una cantidad desbordada de pruebas y restricciones para ejercer la defensa. Incluso, señaló que “esto tiene más pruebas que el juicio final”.Abogado de Sandra Ortiz cuestionó manejo de la FiscalíaCamacho explicó que la libertad por vencimiento de términos está contemplada en la ley y recordó que la Fiscalía tenía 240 días desde la radicación del escrito de acusación para llevar a Sandra Ortiz a juicio.“Si ello no alcanza, pues la regla es que tiene que quedar en libertad y eso fue lo que sucedió”, afirmó el abogado en diálogo con Blu Radio.El jurista también respondió a las críticas sobre supuestas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Según dijo, buscar pruebas y revisar el expediente hace parte del derecho legítimo de cualquier procesado.“La actividad defensiva que yo dirijo en mi oficina de salir a buscar los medios de prueba en manera alguna es una maniobra dilatoria”, aseguró.“Esto tiene más pruebas que el juicio final”: afirma abogadoUno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Camacho habló del volumen de material probatorio entregado por la Fiscalía en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.“La Fiscalía tomó la decisión (...) de descubrir 107.429 archivos que pesan 1.166 carpetas. ¿Cuántas pruebas habrán por Dios? Esto tiene más pruebas que el juicio final”, afirmó.El abogado sostuvo que ese cúmulo de información hace prácticamente imposible preparar una defensa rápida y reiteró que todavía siguen revisando documentación reservada relacionada con el caso.Además, aseguró que cuentan con elementos que podrían poner en duda la versión de Pedro Castro, señalado como supuesto prestamista en el entramado de corrupción.Defensa de Sandra Ortiz insiste en que el juicio apenas comienzaCamacho insistió en que Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, pero ahora en libertad. También reveló que la exfuncionaria permanece afectada emocionalmente tras pasar más de un año detenida. “Ella tiene que asumir esta triste hora desde la libertad”, dijo.El abogado finalmente cuestionó lo que calificó como un trato desigual frente a otros implicados del caso, señalando que mientras algunos han dado entrevistas y publicado versiones públicas de sus procesos, a su clienta y a su equipo se les impuso una “mordaza” para hablar ante medios de comunicación.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
En medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, denunció en audiencia supuestas presiones por parte de la Fiscalía para vincular a ministros del Gobierno en sus declaraciones. Según afirmó, el caso en su contra tendría un trasfondo político y no estrictamente jurídico.Durante la diligencia, Ortiz aseguró que recibió advertencias directas por parte de un coordinador del ente acusador. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, señaló, al tiempo que indicó contar con soportes documentales que, según dijo, fueron remitidos a la Fiscalía a través de su defensa. En ese sentido, agregó: “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.La exfuncionaria también cuestionó las garantías dentro del proceso y sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno. “Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, afirmó.En paralelo, su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, presentó una recusación contra la jueza 08 penal especializada de Bogotá, al considerar que no existen condiciones de imparcialidad en el desarrollo del proceso. El jurista argumentó que su clienta ha sido sometida a situaciones que afectan su integridad. “Para que una persona se dirija a un juez en esa situación es porque lo que está padeciendo (…) está siendo casi que, comillas, humillada frente a un escenario”, expresó, y agregó que la actuación judicial habría impactado la imparcialidad del trámite.Por su parte, el fiscal del caso se opuso a la recusación y defendió la actuación de la jueza, al señalar que las decisiones adoptadas hacen parte de la dirección normal de una audiencia. “La juez lo que está haciendo es ejerciendo la dirección de la audiencia, dicta órdenes, requiere a las partes, fija una posición, y eso es absolutamente normal”, sostuvo.En caso de que la recusación sea negada, la decisión pasará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si la jueza continúa al frente del proceso.
Al despacho del procurador General, Gregorio Eljach, llegó una carta por parte de los abogados de la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, presuntamente involucrada en el descalabro a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, y a quien hace pocos días le negaron la libertad por vencimiento de términos.En su escrito, Sandra Ortiz pide a la Procuraduría oponerse a la aplicación del principio de oportunidad a favor de Olmedo de López y Sneyder Pinilla, en medio del proceso penal que la involucra. Según la defensa, tanto López como Pinilla habrían reconocido su participación en hechos delictivos, pero estarían buscando beneficios judiciales a través de versiones que, presuntamente, no serían veraces.“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, señaló la carta.La defensa de la exfuncionaria pone de presente en la solicitud varios puntos, uno de ellos tiene que ver con una información entregada por la empresa de telefonía Movistar, según la cual una línea telefónica atribuida a Sneyder Pinilla no habría registrado actividad en el periodo en el que supuestamente se ubicaron movimientos relevantes para el caso.“Así mismo esta defensa conoció como el supuesto prestamista Pedro Castro Espinosa, mismo que al parecer logro entregar 4 mil millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla, cuyo origen del dinero nunca pudo explicar en la Corte Suprema de Justicia, esta siendo investigado por el delito de Lavado de Activos”, explicó el abogado de Ortiz.
La juez 5 con función de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz Nova, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia judicial, la jueza determinó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa, al establecer que habían transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha actual sin que se iniciara el juicio oral. Este cálculo incluyó el descuento de varios periodos relacionados con solicitudes de aplazamiento presentadas por la propia defensa, así como hechos fortuitos que ocasionaron retrasos en el proceso.En la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad señalando que, según su análisis, habían transcurrido más de 400 días desde la etapa procesal correspondiente al escrito de acusación y que su defendida acumulaba más de 500 días privada de la libertad. El defensor argumentó que estos tiempos superaban los límites establecidos por la ley para el inicio del juicio oral, lo que, a su juicio, justificaba la concesión de la libertad por vencimiento de términos.En la audiencia también intervino el delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien solicitó que se avalara la libertad por vencimiento de términos a favor de Ortiz. El representante del Ministerio Público argumentó que algunas de las solicitudes de aplazamiento realizadas por la defensa fueron autorizadas con el propósito de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, en medio de cambios de representantes judiciales y novedades relacionadas con la obtención de información relevante para el proceso.Sin embargo, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas se opusieron a la interpretación presentada por la defensa. Estas partes señalaron que el conteo de días debía excluir varios periodos relacionados con actuaciones promovidas por la propia defensa y otros trámites procesales que, conforme a la normativa vigente, no se incluyen dentro del cálculo para determinar el vencimiento de términos.El proceso penal contra Sandra Ortiz se relaciona con su actuación como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, la exfuncionaria habría participado en el direccionamiento de recursos públicos dentro del entramado de corrupción investigado en la UNGRD.Según el ente acusador, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que dichos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
Sandra Ortiz, quien en la actualidad está recluida en un centro de reclusión por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD, acaba de perder otra batalla jurídica porque el Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la Ortiz con la cual buscaba finalizar con el proceso seguido en su contra.El 4 de marzo una juez de la República negó la preclusión del proceso, así las cosas, queda en firme el juicio contra la exalta consejera presidencial para las regiones.Hace unos días Sandra Ortiz, en medio de una audiencia, criticó a la Fiscalía por el manejo que le ha dado a su caso, incluso, la defensa de la exalta funcionaria pidió la libertad de su defendida por vencimiento de términos.Los argumentos del abogado de Sandra Ortiz para pedir su libertadSegún explicó la defensa de la exalta consejera presidencial para las regiones, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La tesis de la Fiscalía es que Sandra Ortiz habría desempeñado un rol clave en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, ella presuntamente fue la intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas. Entre esos, Ivan Name, expresidente del Senado quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por el mismo escándalo.
Fue suspendida la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad a favor de la exfuncionaria, argumentando que se habrían superado los términos establecidos por la ley para el inicio del juicio. Según explicó, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.En su intervención, la defensa insistió en que los plazos legales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal habrían sido superados ampliamente, por lo que solicitó la libertad inmediata de la exconsejera. En ese sentido, el abogado manifestó que “la ciudadana Sandra Eliana Ortiz ha superado con creces el factor objetivo que le imponía ese canon quinto del 317. Solicito que usted ordene la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova y, para esos efectos, profiera la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación 26 de Carabineros del Parque Nacional y se restablezca el derecho que tiene esta ciudadana de afrontar el drama de su vida en libertad”.La audiencia no concluyó durante esta jornada y fue suspendida, por lo que continuará el próximo 16 de abril a las 9 de la mañana, cuando se retomará el análisis de los argumentos presentados por la defensa y las posiciones que adopten las demás partes dentro del proceso.Esta diligencia se produce en medio de un historial de solicitudes similares presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, entre ellas peticiones de libertad por vencimiento de términos y solicitudes de preclusión del proceso, las cuales no han prosperado hasta el momento dentro del expediente judicial.Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la UNGRD. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que esos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
La juez octava penal del circuito especializada de Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y dejó en firme el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La petición había sido formulada por el penalista Mauricio Camacho, quien argumentó que la Fiscalía no fue clara frente a un supuesto tráfico de influencias para adicionar un contrato en Repelón, Atlántico. Según la defensa, el convenio referido en el escrito de acusación habría sido ejecutado en Girón, Santander, y no en el municipio señalado por el ente acusador.En el documento presentado, se explica que la defensa sostuvo: “la Fiscalía jamás ha dudado de la nomenclatura del contrato vertido en el escrito de acusación, y ante la respuesta de la UNGRD, aquel concluyó que su representada fue acusada por un hecho inexistente, pues según el escrito de acusación, el lugar de ejecución del mencionado contrato se delimitó en el municipio de Repelón – Atlántico, en tanto que, conforme a lo informado por la UNGRD, aquel negocio jurídico tuvo lugar en Girón – Santander”.Sin embargo, la jueza especializada Carmen Helena Ortiz consideró que ese argumento no desvirtúa la acusación. En su decisión señaló: “De ese modo, el despacho advierte que la presunta inexistencia de un contrato, su eventual error en la nomenclatura o el lugar de ejecución, no se constituyen como apreciación objetiva suficiente para concluir que, por ello, no se materializaron los múltiples eventos planteados por la Fiscalía, los cuales, como se indicó en líneas anteriores, podrían entrelazarse con los elementos esenciales de cada tipo penal acusado”.Con esta determinación, el proceso judicial contra Sandra Ortiz continúa su curso. En las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias dentro del juicio que enfrenta por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD.
La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova, anunció que presentará una acción de hábeas corpus, luego de que el Juzgado 26 con función de control de garantías negara nuevamente la solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el hábeas corpus es un mecanismo constitucional orientado exclusivamente a la protección del derecho fundamental a la libertad personal. Según precisó, una vez se presenta esta acción, el juez competente cuenta con un plazo máximo de 36 horas para determinar si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal.La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 rechazara una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa, en la que se alegaba el vencimiento de los términos procesales. Con esta determinación, Ortiz continúa privada de la libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.Camacho recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025 la jueza 79 de control de garantías también había negado la libertad de su defendida. Frente a esa decisión, la defensa había interpuesto un recurso de apelación, el cual posteriormente fue retirado. Según explicó el abogado, la decisión de desistir de la apelación obedeció a los tiempos de resolución en segunda instancia. “En el caso de Sandra Ortiz, la segunda instancia no se demora días, como dice el código, sino meses. Si me esperaba a que resolvieran la apelación, me la iban a resolver en marzo”, afirmó.Tras retirar la apelación, la defensa presentó una nueva solicitud de libertad, que fue negada. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad por vencimiento de términos no se cumple. Entre los argumentos expuestos, se señaló que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación, promovida por la defensa, debe descontarse de los días atribuibles al Estado.Asimismo, el despacho tuvo en cuenta el aplazamiento de la audiencia preparatoria, solicitado por la propia defensa de Ortiz, bajo el argumento de que no se habían logrado recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretendía descubrir en el juicio. Para el juez, ese tiempo también debe descontarse al procesado dentro del conteo de términos.Sandra Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es investigada por su presunta participación en el direccionamiento irregular de recursos públicos de la UNGRD. Según la Fiscalía, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que esos dineros estaban destinados al pago de sobornos para direccionar una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado este lunes por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.Los abogados de Zambada entregaron una carta al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en la que afirman que el acusado se declaró culpable de los cargos en su contra plenamente consciente de que la consecuencia legal sería una sentencia de cadena perpetua y que no está solicitando una pena inferior a la prevista por la ley.La defensa argumentó que, desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, Zambada manifestó su intención de declararse culpable, evitó litigar el caso y no presentó mociones previas al juicio, lo que, según el documento, permitió ahorrar recursos y tiempo al sistema judicial.El escrito también subraya que el narcotraficante no prestó "asistencia sustancial" a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena.En cambio, solicita al juez que tenga en cuenta su conducta durante el proceso al emitir una recomendación sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la sentencia.Zambada, de 76 años y considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.La audiencia de sentencia de Zambada está prevista para el próximo 20 de julio ante el juez Brian M. Cogan, quien deberá determinar la condena definitiva y emitir recomendaciones sobre el centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones donde cumplirá la pena.Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien lo condujo en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso (Texas), en la frontera con Nuevo México.Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.Las autoridades estadounidenses asumieron la custodia del entonces líder del Cartel de Sinaloa, cuya captura puso fin a décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo.
Los viajeros que tengan como destino el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán adquirir de manera anticipada la Tarjeta de Turismo Digital, documento obligatorio para ingresar al territorio insular, a través de la plataforma de la aerolínea JetSMART.La iniciativa busca facilitar el proceso de ingreso al archipiélago mediante la digitalización del trámite, permitiendo que los pasajeros gestionen este requisito antes de su viaje y reduciendo los tiempos de espera en el aeropuerto.“Esta implementación hace parte de nuestro compromiso con la innovación y la mejora continua de la experiencia de viaje de nuestros pasajeros, al facilitar un trámite obligatorio de manera ágil y digital”, destacaron.¿Por qué es obligatoria la Tarjeta de Turismo?La Tarjeta de Turismo es un requisito establecido para todas las personas que ingresan al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su implementación está contemplada dentro del régimen especial del territorio insular, creado para ejercer un mayor control sobre el flujo de visitantes, proteger la capacidad de carga de las islas y contribuir a la preservación de sus recursos naturales, ambientales y culturales.Los recursos recaudados mediante este documento son administrados por las autoridades departamentales y se destinan a financiar programas relacionados con el mantenimiento de la infraestructura turística, la prestación de servicios públicos, la protección ambiental y el fortalecimiento de proyectos que benefician a la población residente y al desarrollo sostenible del archipiélago.
El reencuentro musical, una vez más, entre los íconos del género urbano Bad Bunny y J Balvin marcó un hito inesperado durante el reciente concierto del "Debí Tirar Más Fotos" en Francia. Los artistas, quienes han colaborado en éxitos globales, compartieron el escenario ante miles de fanáticos en un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.La presentación en territorio francés tomó por sorpresa a los asistentes cuando el colombiano J Balvin apareció de forma imprevista para acompañar a Bad Bunny en la interpretación de varios de sus temas colaborativos. Este gesto fue calificado como uno de los momentos más destacados de la gira europea. La complicidad entre ambos músicos fue evidente mientras interactuaban con el público, reafirmando una amistad que ha trascendido los estudios de grabación durante años.La trayectoria de ambos artistas ha sido fundamental para la expansión del reguetón a nivel internacional. Bad Bunny, conocido por su capacidad de innovación constante, se encuentra actualmente promocionando su más reciente material discográfico en esta gira, mientras que J Balvin ha mantenido una presencia constante en festivales y conciertos masivos alrededor del mundo."Debí Tirar Más Fotos" continúa su recorrido por Europa, consolidándose como uno de los eventos más lucrativos y esperados del año. Este episodio en Francia no solo suma un capítulo especial al historial de colaboraciones entre los puertorriqueños y colombianos, sino que también refuerza la vigencia de los ritmos urbanos latinos en los escenarios.
Bancolombia informó que este martes 7 de julio realizará un ajuste temporal en el horario de atención de sus oficinas debido al partido que disputará la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.La decisión busca facilitar el cierre anticipado de la jornada laboral para que sus trabajadores puedan seguir el compromiso del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, programado para las 3:00 de la tarde.Ante esta modificación, la entidad recomendó a sus clientes programar con anticipación las diligencias que requieran atención presencial, con el fin de evitar contratiempos durante el cierre de las sucursales.¿Cuál será el horario de Bancolombia este martes?De acuerdo con la información entregada por la entidad, las oficinas atenderán al público en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.El cambio aplicará únicamente durante este martes y responde a la programación del encuentro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.Por ello, quienes necesiten realizar trámites de manera presencial deberán acudir dentro del horario establecido.¿Qué servicios seguirán disponibles durante el partido?Aunque las oficinas cerrarán antes de lo habitual, Bancolombia indicó que sus canales digitales continuarán habilitados para los usuarios.La aplicación móvil y los servicios digitales permanecerán disponibles para realizar operaciones como consultas, transacciones y pagos de servicios, por lo que los clientes podrán seguir gestionando varias de sus necesidades financieras sin acudir a una sucursal.El ajuste en el horario de atención se da en medio del ambiente que ha generado la participación de la Selección Colombia en el Mundial, un torneo que ha llevado a distintas organizaciones a implementar medidas temporales durante los partidos del equipo nacional.
El ColorLoto, integrante de la familia Baloto y reconocido por combinar números y colores en su mecánica de juego, realizó este lunes 6 de julio de 2026 el sorteo número 198. Tras el evento, se dieron a conocer los resultados oficiales con la combinación ganadora, el número de ganadores por categoría y el nuevo premio acumulado para el próximo sorteo.Los jugadores ya pueden verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora. Como siempre, se recomienda confirmar los resultados a través de los canales oficiales de Baloto antes de reclamar cualquier premio.Resultados de ColorLoto de lunes 6 de julio de 2026De acuerdo con los resultados oficiales, la combinación ganadora del sorteo 197 de ColorLoto fue: Nuevo acumulado para el próximo sorteoAl no registrarse un ganador del premio mayor, ColorLoto anunció que el nuevo acumulado asciende a $1.910 millones, cifra por la que competirán los participantes en el siguiente sorteo.ColorLoto hace parte del portafolio de juegos de Baloto y se diferencia por exigir acertar tanto los números como los colores de las balotas, lo que incrementa el nivel de dificultad y hace que el acumulado pueda crecer rápidamente cuando no aparece un ganador del premio principal.Antes de reclamar cualquier premio, los apostadores deben verificar que los resultados correspondan a los publicados oficialmente por Baloto y conservar el tiquete en buen estado, ya que es el documento válido para iniciar el proceso de pago en caso de resultar ganador.