Las declaraciones de integrantes del esquema de seguridad de Sandra Ortiz y un informe de Policía Judicial que cruzó información de GPS con datos de teléfonos celulares hacen parte de los elementos que tiene en su poder la Fiscalía dentro de la investigación por la presunta entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name, quien para ese momento era presidente del Senado y que confrontan nuevas versiones entregadas por la exconsejera para las regiones del gobierno Petro.La investigación buscó establecer qué ocurrió los días 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá y determinar si Ortiz participó en la entrega del dinero. De acuerdo con el material de la investigación, los testimonios de personas que integraban su esquema de seguridad permiten reconstruir algunos de los desplazamientos realizados durante esas fechas. Yennifer Labastidas, integrante del esquema, se refirió al desplazamiento de Ortiz hacia el apartamento de Name el 12 de octubre. La testigo también describió otro desplazamiento relacionado con el apartamento de Name al día siguiente. Según su relato, el 13 de octubre Ortiz llegó al edificio Bassel 1 acompañada por otra persona, mientras los integrantes del esquema permanecieron en el exterior.“Recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el Dr. Name, en el momento no tenía claro quién era él, cuando llegamos al edificio Bassel 1, como es protocolo de seguridad todos nos descendemos de los vehículos antes de que ella baje”, declaró. La integrante del esquema agregó que Ortiz descendió de la camioneta acompañada por un hombre, quien sería Sneyder Pinilla y que ambos ingresaron al edificio.“Desciende ella de la camioneta en compañía de otra persona, su contextura delgada, no muy alto, de cabello oscuro, no muy moreno, trigueño, no recuerdo si llevaban algo, Sandra siempre llevaba su bolso de mano, ingresan al edificio los tres”, relató. El testimonio hace parte de los elementos con los que los investigadores buscan establecer la trazabilidad de los movimientos de Ortiz durante las fechas en las que, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría producido la entrega de los 3.000 millones de pesos, en dos momentos de 1.500 millones cada uno.A estos testimonios se suma un informe de Policía Judicial de 53 páginas que cruzó información de las coordenadas geográficas o señales GPS de los vehículos de los esquemas de seguridad con información obtenida de teléfonos celulares.Los investigadores señalaron que los GPS de los vehículos asignados al esquema de seguridad de Ortiz “sí cuentan con la información suficiente para representar las trayectorias de los vehículos”. Los movimientos del 12 de octubre se divide en la llegada del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla a las Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz. Después, el desplazamiento con el dinero en efectivo hasta el edificio Bassel I, donde estaba ubicado el apartamento del senador Iván Name. Las ubicaciones registradas también definieron las rutas del 13 de octubre de 2023 cuando se dio la segunda entrega de 1.500 millones de pesos. Las declaraciones de Ortiz también hacen parte del análisis del proceso, en medio de las diferentes versiones que ha entregado sobre su relación con Iván Name y su papel en los hechos investigados, inicialmente catalogándose como mensajera, mientras que ahora hace referencias a montajes judiciales e irregularidades.
La salida de Sandra Ortiz de la cárcel por vencimiento de términos volvió a poner sobre la mesa el debate por los tiempos de la justicia y las estrategias de defensa en los procesos penales de alto perfil en Colombia. Este martes 12 de mayo, en Mañanas Blu, el abogado de la exconsejera presidencial, Mauricio Camacho, defendió la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía.El penalista aseguró que la libertad de su clienta no significa impunidad y sostuvo que el proceso ha estado marcado por una cantidad desbordada de pruebas y restricciones para ejercer la defensa. Incluso, señaló que “esto tiene más pruebas que el juicio final”.Abogado de Sandra Ortiz cuestionó manejo de la FiscalíaCamacho explicó que la libertad por vencimiento de términos está contemplada en la ley y recordó que la Fiscalía tenía 240 días desde la radicación del escrito de acusación para llevar a Sandra Ortiz a juicio.“Si ello no alcanza, pues la regla es que tiene que quedar en libertad y eso fue lo que sucedió”, afirmó el abogado en diálogo con Blu Radio.El jurista también respondió a las críticas sobre supuestas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Según dijo, buscar pruebas y revisar el expediente hace parte del derecho legítimo de cualquier procesado.“La actividad defensiva que yo dirijo en mi oficina de salir a buscar los medios de prueba en manera alguna es una maniobra dilatoria”, aseguró.“Esto tiene más pruebas que el juicio final”: afirma abogadoUno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Camacho habló del volumen de material probatorio entregado por la Fiscalía en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.“La Fiscalía tomó la decisión (...) de descubrir 107.429 archivos que pesan 1.166 carpetas. ¿Cuántas pruebas habrán por Dios? Esto tiene más pruebas que el juicio final”, afirmó.El abogado sostuvo que ese cúmulo de información hace prácticamente imposible preparar una defensa rápida y reiteró que todavía siguen revisando documentación reservada relacionada con el caso.Además, aseguró que cuentan con elementos que podrían poner en duda la versión de Pedro Castro, señalado como supuesto prestamista en el entramado de corrupción.Defensa de Sandra Ortiz insiste en que el juicio apenas comienzaCamacho insistió en que Sandra Ortiz deberá continuar respondiendo ante la justicia, pero ahora en libertad. También reveló que la exfuncionaria permanece afectada emocionalmente tras pasar más de un año detenida. “Ella tiene que asumir esta triste hora desde la libertad”, dijo.El abogado finalmente cuestionó lo que calificó como un trato desigual frente a otros implicados del caso, señalando que mientras algunos han dado entrevistas y publicado versiones públicas de sus procesos, a su clienta y a su equipo se les impuso una “mordaza” para hablar ante medios de comunicación.
El Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, en medio del proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.La decisión se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya se habían superado los tiempos establecidos por la ley para mantenerla privada de la libertad sin que iniciara el juicio oral.Durante la audiencia, el juez centró el análisis en el cómputo de términos relacionados con el delito de lavado de activos. El despacho explicó que, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Uno de los puntos más debatidos durante la diligencia estuvo relacionado con el conteo de los días que, según la Fiscalía y la representación de víctimas, debían atribuirse a presuntas maniobras dilatorias de la defensa. Entre esos hechos se mencionaron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la búsqueda de información para estructurar la estrategia de defensa.Sin embargo, el abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo que las actuaciones realizadas por la defensa correspondían al ejercicio legítimo de preparación del caso, y no podían interpretarse como maniobras dilatorias. Según explicó, en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde la acusación y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La Procuraduría respaldó la posición de la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte del legítimo ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso.Frente a ese debate, el juez cuestionó que se pretendiera sancionar procesalmente a una parte por ejercer derechos reconocidos por la ley. “Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló durante la audiencia.El funcionario judicial agregó que no es razonable derivar consecuencias negativas por la solicitud de aplazamientos justificados o por actividades orientadas a recaudar pruebas para la defensa. “¿Dónde queda el principio de igualdad?”, cuestionó el juez al explicar su decisión.
En medio del proceso penal que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, denunció en audiencia supuestas presiones por parte de la Fiscalía para vincular a ministros del Gobierno en sus declaraciones. Según afirmó, el caso en su contra tendría un trasfondo político y no estrictamente jurídico.Durante la diligencia, Ortiz aseguró que recibió advertencias directas por parte de un coordinador del ente acusador. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, señaló, al tiempo que indicó contar con soportes documentales que, según dijo, fueron remitidos a la Fiscalía a través de su defensa. En ese sentido, agregó: “Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.La exfuncionaria también cuestionó las garantías dentro del proceso y sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno. “Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, afirmó.En paralelo, su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, presentó una recusación contra la jueza 08 penal especializada de Bogotá, al considerar que no existen condiciones de imparcialidad en el desarrollo del proceso. El jurista argumentó que su clienta ha sido sometida a situaciones que afectan su integridad. “Para que una persona se dirija a un juez en esa situación es porque lo que está padeciendo (…) está siendo casi que, comillas, humillada frente a un escenario”, expresó, y agregó que la actuación judicial habría impactado la imparcialidad del trámite.Por su parte, el fiscal del caso se opuso a la recusación y defendió la actuación de la jueza, al señalar que las decisiones adoptadas hacen parte de la dirección normal de una audiencia. “La juez lo que está haciendo es ejerciendo la dirección de la audiencia, dicta órdenes, requiere a las partes, fija una posición, y eso es absolutamente normal”, sostuvo.En caso de que la recusación sea negada, la decisión pasará a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si la jueza continúa al frente del proceso.
Al despacho del procurador General, Gregorio Eljach, llegó una carta por parte de los abogados de la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, presuntamente involucrada en el descalabro a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, y a quien hace pocos días le negaron la libertad por vencimiento de términos.En su escrito, Sandra Ortiz pide a la Procuraduría oponerse a la aplicación del principio de oportunidad a favor de Olmedo de López y Sneyder Pinilla, en medio del proceso penal que la involucra. Según la defensa, tanto López como Pinilla habrían reconocido su participación en hechos delictivos, pero estarían buscando beneficios judiciales a través de versiones que, presuntamente, no serían veraces.“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, señaló la carta.La defensa de la exfuncionaria pone de presente en la solicitud varios puntos, uno de ellos tiene que ver con una información entregada por la empresa de telefonía Movistar, según la cual una línea telefónica atribuida a Sneyder Pinilla no habría registrado actividad en el periodo en el que supuestamente se ubicaron movimientos relevantes para el caso.“Así mismo esta defensa conoció como el supuesto prestamista Pedro Castro Espinosa, mismo que al parecer logro entregar 4 mil millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla, cuyo origen del dinero nunca pudo explicar en la Corte Suprema de Justicia, esta siendo investigado por el delito de Lavado de Activos”, explicó el abogado de Ortiz.
La juez 5 con función de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz Nova, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia judicial, la jueza determinó que no se cumplían los requisitos legales para conceder la libertad solicitada por la defensa, al establecer que habían transcurrido 222 días desde la presentación del escrito de acusación hasta la fecha actual sin que se iniciara el juicio oral. Este cálculo incluyó el descuento de varios periodos relacionados con solicitudes de aplazamiento presentadas por la propia defensa, así como hechos fortuitos que ocasionaron retrasos en el proceso.En la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad señalando que, según su análisis, habían transcurrido más de 400 días desde la etapa procesal correspondiente al escrito de acusación y que su defendida acumulaba más de 500 días privada de la libertad. El defensor argumentó que estos tiempos superaban los límites establecidos por la ley para el inicio del juicio oral, lo que, a su juicio, justificaba la concesión de la libertad por vencimiento de términos.En la audiencia también intervino el delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien solicitó que se avalara la libertad por vencimiento de términos a favor de Ortiz. El representante del Ministerio Público argumentó que algunas de las solicitudes de aplazamiento realizadas por la defensa fueron autorizadas con el propósito de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, en medio de cambios de representantes judiciales y novedades relacionadas con la obtención de información relevante para el proceso.Sin embargo, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas se opusieron a la interpretación presentada por la defensa. Estas partes señalaron que el conteo de días debía excluir varios periodos relacionados con actuaciones promovidas por la propia defensa y otros trámites procesales que, conforme a la normativa vigente, no se incluyen dentro del cálculo para determinar el vencimiento de términos.El proceso penal contra Sandra Ortiz se relaciona con su actuación como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, la exfuncionaria habría participado en el direccionamiento de recursos públicos dentro del entramado de corrupción investigado en la UNGRD.Según el ente acusador, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que dichos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
Sandra Ortiz, quien en la actualidad está recluida en un centro de reclusión por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD, acaba de perder otra batalla jurídica porque el Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la Ortiz con la cual buscaba finalizar con el proceso seguido en su contra.El 4 de marzo una juez de la República negó la preclusión del proceso, así las cosas, queda en firme el juicio contra la exalta consejera presidencial para las regiones.Hace unos días Sandra Ortiz, en medio de una audiencia, criticó a la Fiscalía por el manejo que le ha dado a su caso, incluso, la defensa de la exalta funcionaria pidió la libertad de su defendida por vencimiento de términos.Los argumentos del abogado de Sandra Ortiz para pedir su libertadSegún explicó la defensa de la exalta consejera presidencial para las regiones, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.La tesis de la Fiscalía es que Sandra Ortiz habría desempeñado un rol clave en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, ella presuntamente fue la intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas. Entre esos, Ivan Name, expresidente del Senado quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por el mismo escándalo.
Fue suspendida la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.Durante la diligencia, el abogado defensor Mauricio Camacho sustentó la solicitud de libertad a favor de la exfuncionaria, argumentando que se habrían superado los términos establecidos por la ley para el inicio del juicio. Según explicó, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.En su intervención, la defensa insistió en que los plazos legales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal habrían sido superados ampliamente, por lo que solicitó la libertad inmediata de la exconsejera. En ese sentido, el abogado manifestó que “la ciudadana Sandra Eliana Ortiz ha superado con creces el factor objetivo que le imponía ese canon quinto del 317. Solicito que usted ordene la libertad inmediata de Sandra Liliana Ortiz Nova y, para esos efectos, profiera la boleta de libertad dirigida al comandante de la Estación 26 de Carabineros del Parque Nacional y se restablezca el derecho que tiene esta ciudadana de afrontar el drama de su vida en libertad”.La audiencia no concluyó durante esta jornada y fue suspendida, por lo que continuará el próximo 16 de abril a las 9 de la mañana, cuando se retomará el análisis de los argumentos presentados por la defensa y las posiciones que adopten las demás partes dentro del proceso.Esta diligencia se produce en medio de un historial de solicitudes similares presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, entre ellas peticiones de libertad por vencimiento de términos y solicitudes de preclusión del proceso, las cuales no han prosperado hasta el momento dentro del expediente judicial.Ortiz Nova, quien se desempeñó como exconsejera para las regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos dentro del esquema investigado en la UNGRD. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con conocimiento de que esos recursos estaban destinados al pago de sobornos.
La juez octava penal del circuito especializada de Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y dejó en firme el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La petición había sido formulada por el penalista Mauricio Camacho, quien argumentó que la Fiscalía no fue clara frente a un supuesto tráfico de influencias para adicionar un contrato en Repelón, Atlántico. Según la defensa, el convenio referido en el escrito de acusación habría sido ejecutado en Girón, Santander, y no en el municipio señalado por el ente acusador.En el documento presentado, se explica que la defensa sostuvo: “la Fiscalía jamás ha dudado de la nomenclatura del contrato vertido en el escrito de acusación, y ante la respuesta de la UNGRD, aquel concluyó que su representada fue acusada por un hecho inexistente, pues según el escrito de acusación, el lugar de ejecución del mencionado contrato se delimitó en el municipio de Repelón – Atlántico, en tanto que, conforme a lo informado por la UNGRD, aquel negocio jurídico tuvo lugar en Girón – Santander”.Sin embargo, la jueza especializada Carmen Helena Ortiz consideró que ese argumento no desvirtúa la acusación. En su decisión señaló: “De ese modo, el despacho advierte que la presunta inexistencia de un contrato, su eventual error en la nomenclatura o el lugar de ejecución, no se constituyen como apreciación objetiva suficiente para concluir que, por ello, no se materializaron los múltiples eventos planteados por la Fiscalía, los cuales, como se indicó en líneas anteriores, podrían entrelazarse con los elementos esenciales de cada tipo penal acusado”.Con esta determinación, el proceso judicial contra Sandra Ortiz continúa su curso. En las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias dentro del juicio que enfrenta por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD.
La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz Nova, anunció que presentará una acción de hábeas corpus, luego de que el Juzgado 26 con función de control de garantías negara nuevamente la solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el hábeas corpus es un mecanismo constitucional orientado exclusivamente a la protección del derecho fundamental a la libertad personal. Según precisó, una vez se presenta esta acción, el juez competente cuenta con un plazo máximo de 36 horas para determinar si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal.La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 rechazara una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa, en la que se alegaba el vencimiento de los términos procesales. Con esta determinación, Ortiz continúa privada de la libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.Camacho recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025 la jueza 79 de control de garantías también había negado la libertad de su defendida. Frente a esa decisión, la defensa había interpuesto un recurso de apelación, el cual posteriormente fue retirado. Según explicó el abogado, la decisión de desistir de la apelación obedeció a los tiempos de resolución en segunda instancia. “En el caso de Sandra Ortiz, la segunda instancia no se demora días, como dice el código, sino meses. Si me esperaba a que resolvieran la apelación, me la iban a resolver en marzo”, afirmó.Tras retirar la apelación, la defensa presentó una nueva solicitud de libertad, que fue negada. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad por vencimiento de términos no se cumple. Entre los argumentos expuestos, se señaló que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación, promovida por la defensa, debe descontarse de los días atribuibles al Estado.Asimismo, el despacho tuvo en cuenta el aplazamiento de la audiencia preparatoria, solicitado por la propia defensa de Ortiz, bajo el argumento de que no se habían logrado recolectar todos los elementos materiales probatorios que pretendía descubrir en el juicio. Para el juez, ese tiempo también debe descontarse al procesado dentro del conteo de términos.Sandra Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, es investigada por su presunta participación en el direccionamiento irregular de recursos públicos de la UNGRD. Según la Fiscalía, Ortiz habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que esos dineros estaban destinados al pago de sobornos para direccionar una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
La Fundación Pies Descalzos y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) fortalecerán su alianza para apoyar a las comunidades educativas del Chocó y contribuir a la recuperación de la infraestructura educativa afectada por los terremotos en el departamento.Como parte de esta nueva etapa, Shakira, fundadora de la Fundación Pies Descalzos, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, acordaron proyectar la alianza mediante una hoja de ruta a largo plazo que permita acompañar la recuperación y el fortalecimiento de la educación en la región.Para esta iniciativa, CAF destinará 1,35 millones de dólares. Los recursos se utilizarán para iniciar la reconstrucción de la Institución Educativa San Joaquín, sede Salero, y del Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay. Además, se formulará una estrategia para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.La emergencia causada por los terremotos dejó cerca de 200 escuelas con daños en el departamento, lo que afectó tanto la infraestructura como el desarrollo de las actividades escolares y generó necesidades de reconstrucción.Ante este panorama, la alianza busca ir más allá de la atención inmediata de la emergencia y mantener el acompañamiento a las comunidades educativas, con acciones orientadas a recuperar los espacios de aprendizaje y fortalecer la educación en el Chocó.
Este juego del Chontico Noche, inspirado en la identidad regional asociada al chontaduro, cuenta con diferentes opciones para participar y obtener premios según las cifras acertadas. Desde 2025, también incorporó alternativas como la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de combinación.¿Cuál es el número ganador de Chontico Noche hoy?El resultado del sorteo de Chontico Noche de este jueves 15 de octubre de 2026 es el XXXX. Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales después de la realización del sorteo y verificar si su tiquete coincide con el resultado.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Quinta balota: ¿Cómo funciona la quinta balota de Chontico Noche?La quinta balota es un número adicional que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta modalidad permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones establecidas y el número coincide con las cifras jugadas.Su incorporación amplió las alternativas disponibles para los participantes, quienes pueden consultar las condiciones vigentes para conocer cómo funciona esta opción dentro de cada apuesta.¿A qué hora juega Chontico Noche?El sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que cambian según el día de la semana:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de Chontico Noche, existen otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche. Este último se juega los jueves en horario nocturno.¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Chontico Noche?Los participantes pueden elegir entre varias modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que deseen jugar y el orden en el que esperan acertarlas.Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del resultado en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden establecido.Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del sorteo.Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra del número ganador.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Según la información suministrada, los montos establecidos son:Valor mínimo del tiquete: $500.Valor máximo por apuesta: $10.000.El monto final depende de la jugada seleccionada y de las condiciones aplicables a cada modalidad.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios de Chontico Noche?Los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados para realizar el trámite de cobro.Los documentos básicos son:Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios menores a 48 UVT: se exige únicamente la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Los apostadores deben verificar los resultados oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar el proceso de reclamación en caso de obtener un premio.
El sorteo de Paisita Noche se realiza diariamente y sus resultados se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes conocer el número ganador de cada jornada.¿Cuál fue el número ganador de Paisita Noche hoy?El resultado del último sorteo de Paisita Noche de este jueves, 15 de octubre de 2026 está XXXX. Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales una vez sean publicadas y verificar su tiquete en un punto de venta autorizado.Número ganador:Dos últimas cifras:Tres últimas cifras:Desde 2025, los participantes tienen la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para acertar las demás cifrasLas apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Noche?El chance Paisita Noche tiene sorteos todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 6:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 6:00 p. m.Los participantes pueden consultar la transmisión del sorteo para conocer el resultado y comprobar si su apuesta coincide con las cifras ganadoras.¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si estas coinciden en el orden establecido.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar los documentos correspondientes para realizar el trámite.Documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días.En los casos de premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
La cancelación del duelo entre Millonarios y Once Caldas no solo tendría consecuencias en el calendario de la Liga BetPlay, sino que también podría generar una importante afectación deportiva para el cuadro embajador, más allá del impacto económico que representa la suspensión del compromiso.De acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid, Once Caldas demandaría el partido y solicitaría que los tres puntos le sean otorgados desde el escritorio, argumentando que el encuentro debía ser garantizado tanto por el equipo local como por las autoridades de Bogotá. Según esta posición, ambas partes habrían incumplido con las condiciones necesarias para que el compromiso pudiera disputarse con normalidad.Si esta petición prospera, Millonarios podría recibir una derrota administrativa por 3-0, resultado que complicaría considerablemente su panorama en el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El conjunto albiazul tendría que afrontar las últimas jornadas con mayor presión, especialmente si los resultados de sus rivales directos no lo favorecen en la pelea por un lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.La situación, en cambio, representaría un beneficio importante para Once Caldas, que actualmente lucha por acercarse al grupo de equipos que disputarán la siguiente fase del campeonato y necesita sumar puntos para mantener sus aspiraciones.Aunque ya se conoció una nueva fecha para disputar el encuentro, una eventual decisión a favor del equipo de Manizales cambiaría por completo el escenario y aumentaría la presión sobre Sencia, empresa encargada de la administración de El Campín, debido al estado de la gramilla y a las condiciones que llevaron a la suspensión del partido.Este tipo de decisiones no sería un precedente nuevo en el fútbol colombiano. En 2024, por ejemplo, un partido entre Atlético Nacional y Junior terminó con los tres puntos para el conjunto barranquillero después de los graves incidentes registrados en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.
El Plan de Choque en Salud reportó un aumento en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos que estaban pendientes para los pacientes en Colombia. Según el más reciente balance del Ministerio de Salud, con corte al 5 de octubre, 273 mil personas registran entregas de medicamentos, frente a las 177 mil reportadas anteriormente, lo que representa cerca de 96 mil pacientes adicionales.El informe también señala que el porcentaje acumulado de unidades de medicamentos entregadas pasó del 31,2 % al 39,2 % frente al total que las EPS habían reportado inicialmente como pendiente. Esto significa que, aunque aumentó la cantidad de medicamentos entregados, todavía quedan cantidades por suministrar.Los mayores avances se registraron en medicamentos para enfermedades huérfanas, cuyo porcentaje de entrega pasó del 33,3 % al 85,5 %. En diabetes, el indicador aumentó del 23,9 % al 49,9 %, mientras que en asma pasó del 19 % al 58,1 %.También se reportaron incrementos en los medicamentos para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que pasó del 43,1 % al 62,1 %; cáncer, del 54,91 % al 57,2 %; trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %; y gestación, del 74,4 % al 75,2 %.El Ministerio aclaró que estos porcentajes corresponden a las unidades de medicamentos entregadas frente a las cantidades pendientes que se habían reportado inicialmente. Por lo tanto, no indican que ese porcentaje de pacientes tenga sus tratamientos completos.En cuanto a los procedimientos médicos, el balance pasó de 120.586 a 168.422 reportados como resueltos, es decir, 47.836 adicionales frente al informe anterior. Entre estos servicios, los procedimientos relacionados con cáncer aumentaron su porcentaje de resolución del 9 % al 15 %, mientras que los asociados a gestación pasaron del 4 % al 7,6 %.La ministra de Salud, Ana María Vesga, señaló que los resultados muestran avances, pero advirtió que todavía hay problemas estructurales que afectan la atención de los usuarios. Según explicó, el Plan de Choque busca responder a las necesidades más inmediatas, pero también se requieren medidas para mejorar el flujo de recursos, recuperar las redes de prestación de servicios y fortalecer la capacidad de respuesta de las EPS.El Ministerio continuará realizando un seguimiento semanal a las entidades responsables de garantizar la entrega de medicamentos y la prestación de los procedimientos pendientes. La estrategia tiene una programación que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras se verifica que los servicios reportados como resueltos hayan sido efectivamente prestados.