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La juez octava penal del circuito especializada de Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y dejó en firme el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición había sido formulada por el penalista Mauricio Camacho, quien argumentó que la Fiscalía no fue clara frente a un supuesto tráfico de influencias para adicionar un contrato en Repelón, Atlántico. Según la defensa, el convenio referido en el escrito de acusación habría sido ejecutado en Girón, Santander, y no en el municipio señalado por el ente acusador.
En el documento presentado, se explica que la defensa sostuvo: “la Fiscalía jamás ha dudado de la nomenclatura del contrato vertido en el escrito de acusación, y ante la respuesta de la UNGRD, aquel concluyó que su representada fue acusada por un hecho inexistente, pues según el escrito de acusación, el lugar de ejecución del mencionado contrato se delimitó en el municipio de Repelón – Atlántico, en tanto que, conforme a lo informado por la UNGRD, aquel negocio jurídico tuvo lugar en Girón – Santander”.
Sin embargo, la jueza especializada Carmen Helena Ortiz consideró que ese argumento no desvirtúa la acusación. En su decisión señaló: “De ese modo, el despacho advierte que la presunta inexistencia de un contrato, su eventual error en la nomenclatura o el lugar de ejecución, no se constituyen como apreciación objetiva suficiente para concluir que, por ello, no se materializaron los múltiples eventos planteados por la Fiscalía, los cuales, como se indicó en líneas anteriores, podrían entrelazarse con los elementos esenciales de cada tipo penal acusado”.
Con esta determinación, el proceso judicial contra Sandra Ortiz continúa su curso. En las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias preparatorias dentro del juicio que enfrenta por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD.
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